Después de años sin rastro de su paradero, Flor María Prentt de Rangel y su hijo Renzo Hiklis Rangel Prentt reaparecieron recientemente en los titulares de los medios de comunicación.
Ambos, condenados en Colombia por delitos relacionados con la trata de personas y concierto para delinquir, fueron extraditados desde Miami y entregados a las autoridades judiciales de Barranquilla.
El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, confirmó que los dos colombianos permanecían desde hace años en los Estados Unidos, evadiendo a la justicia. Renzo Hiklis, con doble nacionalidad, llevaba cerca de tres décadas viviendo en ese país; su madre, residente legal por más de 16 años.
Su ubicación y posterior captura se facilitaron por los recientes refuerzos en los controles migratorios en Florida y la cooperación del ICE, que permitió acceder a bases de datos y desplegar acciones más contundentes contra personas con antecedentes penales internacionales.
Ambos fueron entregados a la Interpol Colombia y puestos a disposición del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla, donde deberán cumplir las condenas impuestas años atrás por su participación en una red de explotación sexual de mujeres, muchas de ellas engañadas bajo falsas promesas de empleo en el exterior.
Una red que operaba desde el Caribe colombiano hasta Asia
Según los expedientes judiciales, entre 2006 y 2007, Flor María contactaba mujeres en sectores vulnerables de Barranquilla y Soledad, a quienes les ofrecía supuestas oportunidades de trabajo como niñeras o camareras en Europa. Incluso les facilitaba préstamos para trámites de viaje y documentación.
Sin embargo, las víctimas terminaban en Hong Kong, donde eran recibidas por su hijo Renzo, quien les retenía los pasaportes y las obligaba a ejercer la prostitución en una discoteca.
Testimonios recogidos por autoridades revelaron que las mujeres eran amenazadas y presionadas bajo intimidaciones dirigidas a sus familias en Colombia.
Les cobraban hasta 25 mil dólares por supuestos gastos de traslado y documentación, y trabajaban en condiciones abusivas, de 10:00 p. m. a 6:00 a. m., sin derecho a decidir sobre su situación.
Uno de los relatos más impactantes provino de una joven que viajó en agosto de 2006, y aseguró que al llegar al aeropuerto fue recogida por un hombre conocido como 'Danny' (Renzo Hiklis), quien de inmediato la trasladó a un apartamento y le informó que su trabajo consistiría en brindar servicios sexuales.
Relató que fue vigilada de cerca y que se le exigía cobrar tarifas específicas por hora y por noche, bajo amenaza constante.
Además, se identificó que una de las víctimas era menor de edad al momento del viaje, pero había sido presentada como adulta mediante documentación alterada gestionada por Flor María.
Fue en el primer trimestre de 2007 cuando cuatro mujeres colombianas acudieron al consulado en Hong Kong y denunciaron su situación. A partir de allí, se inició una investigación internacional, coordinada entre la Fiscalía colombiana y organismos diplomáticos.
La Fiscalía General asignó el caso a una unidad especializada en derechos humanos y formalizó la apertura de la investigación en mayo de 2007. En agosto de 2008, un juez ordenó la captura de los implicados, y en diciembre de ese mismo año se les declaró oficialmente como ausentes en el proceso.
En 2010, la Fiscalía los acusó formalmente de trata de personas agravada, concierto para delinquir y, en el caso de Flor María, también de falso testimonio.
El 21 de diciembre de 2011, un juez de Barranquilla los declaró culpables y los sentenció. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Barranquilla en junio de 2012.
Defensas y apelaciones fallidas
A lo largo del proceso, los abogados defensores intentaron desvirtuar las acusaciones, señalando que las víctimas supuestamente mintieron o se retractaron, e incluso aportaron registros de viajes que, según ellos, desmentían los hechos.
Alegaron que las mujeres inventaron la historia para evitar problemas migratorios en Asia.
En 2024, la defensa de Renzo presentó una acción de tutela argumentando que nunca fue debidamente notificado del proceso, debido a que vivía en Estados Unidos desde 2008. La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso, dejando en firme la condena.
Este caso reabre la conversación sobre la trata de personas en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, en 2023 se reportaron 264 víctimas. Sin embargo, en 2024 esa cifra aumentó drásticamente a 416, la mayoría mujeres, provenientes especialmente de Norte de Santander, Antioquia y Cundinamarca.
El regreso de ambos a Colombia, siendo extraditados, marca el final de una larga búsqueda, pero también refleja la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y protección a las víctimas de este delito que sigue cobrando vidas y esperanzas.