Las seis voces que se apagaron tras violencia de género en el Atlántico
Pese al despliegue de operativos y el apoyo de iniciativas como la Patrulla Púrpura, los responsables de estos crímenes siguen sin ser capturados.
Con el cierre de mayo a la vista, una sombra de impunidad se cierne sobre el Atlántico tras el brutal asesinato de dos jóvenes mujeres. Sus muertes violentas han conmocionado a la región y han encendido las alarmas de los colectivos defensores de sus derechos, quienes denuncian la inacción y la falta de resultados por parte de las autoridades.
Pese al despliegue de operativos y el apoyo de iniciativas como la Patrulla Púrpura, los responsables de estos crímenes siguen sin ser capturados.
El horrendo hallazgo en Ponedera
El primer caso que estremeció al departamento se registró el pasado 12 de mayo en El Bronx, un barrio de invasión en Ponedera. Allí, el cuerpo de Cristina Paola Escorcia González, de 19 años, fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda.
Su padrastro, Juan Carlos Castro, relató la macabra escena en AL DÍA: los vecinos, al excavar, notaron que la fosa era lo suficientemente profunda como para sepultar a la joven de pie.
Lo más impactante fueron los esfuerzos por ocultar el crimen. "Cuando encontramos el cuerpo de Cristina Paola vimos que estaba completamente desnuda, la cubría un cartón y había un alambre de púas. Antes de hallarla había una capa de tierra y otra de cal, incluso por encima de la fosa había restos de una basura que habían quemado como para que no quedaran rastros de nada", detalló Castro.
Las sospechas apuntan a Edwin Blas Cantillo, alias Mickey, presunta pareja sentimental de la víctima. Aunque inicialmente se reportó la desaparición de Cristina Paola el 8 de mayo, allegados aseguran haberla visto con alias Mickey el 9 de mayo en un arroyo, y el 10 de mayo en un estadero local, lo que podría desvirtuar la versión de su desaparición.
"Hemos tocado fondo": la voz de la indignación
La psicóloga Ruth Pareja, vocera de colectivos de mujeres, expresó su consternación por la brutalidad del feminicidio de Cristina y el meticuloso intento de encubrimiento.
Para ella, esto es una clara señal de la "degradación social" y el "profundo abandono institucional". "Hemos tocado fondo, hemos llegado a los límites de una degradación social, en la que la vida pareciera que ni valiera", sentenció.
Pareja lamenta que la sociedad ha normalizado la violencia, lo que debilita el impacto de los discursos de quienes luchan por erradicarla. "Yo creo que esto hay que replantearlo. Nosotros no podemos estar con un mismo discurso", afirmó, evidenciando el agotamiento emocional y operativo de la sociedad civil.
Subrayó que "la institucionalidad no ha podido entender que este es un problema que hay que robustecer", enfatizando que la solución no se limita a recursos o infraestructura, sino a un abordaje integral que involucre a todos los ministerios para frenar la violencia de género.
Tortura y muerte en Malambo
Apenas dos días después, el 14 de mayo, otro trágico suceso tiñó de luto al Atlántico. En el barrio La Milagrosa de Malambo, vecinos encontraron el cuerpo de Yalileth Vanessa Grajales Vides, de 23 años, amarrado y con signos de tortura en una trocha.
Los peritos forenses confirmaron la brutalidad del crimen: el cuerpo de Yalileth presentaba múltiples lesiones, principalmente en el rostro, indicando que había sido golpeada con un objeto contundente.
Aunque las heridas eran graves, el informe preliminar reveló que la causa de su muerte fue asfixia mecánica, evidenciada por un surco de presión en su cuello.
Una fuente judicial cercana a la investigación sugirió que este feminicidio podría estar ligado a una venganza. La víctima habría recibido amenazas de su expareja sentimental, Willian Rada, quien le habría enviado mensajes por Facebook una semana antes de los hechos.
En Colombia, el feminicidio fue tipificado como delito autónomo a partir del trágico caso de Rosa Elvira Cely en 2012, quien fue víctima de abuso sexual, tortura y homicidio. Este crimen generó gran conmoción nacional y motivó la creación de la Ley 1761 de 2015, conocida como la "Ley Rosa Elvira Cely".
Esta normativa define el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género, ya sea por su identidad o por antecedentes de violencia, amenazas u otras circunstancias que demuestren una clara intención de atentar contra su vida por el hecho de ser mujer.
La diferencia fundamental con el homicidio común radica en la carga de violencia basada en la discriminación de género, otorgándole un carácter normativo independiente.
La Corte Constitucional ha subrayado que el feminicidio no solo protege la vida, sino también derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, se considera un delito pluriofensivo que busca una sanción ejemplar frente a una de las expresiones más extremas de la violencia de género.
Clamor por celeridad en la Fiscalía
La indignación ante la impunidad culminó el pasado jueves 22 de mayo con un plantón frente al edificio Manzur, sede de la Seccional Atlántico de la Fiscalía. Familiares de cuatro jóvenes (tres víctimas de feminicidio y una desaparecida), acompañados por colectivos de mujeres, exigieron celeridad en los procesos de investigación.
Entre los asistentes estaban los allegados de Jennifer Ortega Vega, víctima de feminicidio en Repelón; de Valentina Cepeda Rodríguez, fallecida el año pasado en Puerto Colombia; de Isamar Algarín Torres, desaparecida en el centro de Barranquilla desde el año anterior; y de la patrullera de la Policía María Alejandra Guerrero Montiel, fallecida recientemente en extrañas circunstancias en Caribe Verde. Todos se unieron en una sola voz para clamar por justicia y respuestas.
