Salpican a funcionarios de la Rama Judicial en caso de robo de tierras en el Atlántico

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Octava Delegada ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, intensificó el viernes 9 de mayo la presentación de pruebas en la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento contra 17 personas vinculadas al sonado caso de despojo de tierras en el departamento del Atlántico, con énfasis en el municipio de Soledad.

Esta fue la segunda jornada consecutiva dedicada a la exposición de evidencias por parte del ente acusador.

La extensa jornada del jueves había iniciado con la revelación de decenas de interceptaciones telefónicas clave, con las que la Fiscalía buscaba sustentar ante el juez de control de garantías su teoría sobre la existencia de un plan criminal concertado para apropiarse ilegalmente de predios.

Este viernes, el caudal probatorio se enriqueció significativamente. Además de más grabaciones de llamadas y análisis documentales, se presentaron resultados de seguimientos físicos detallados, adelantados por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional.

Un punto central de esta nueva evidencia fue el seguimiento realizado a Andrés Rafael Diazgranados, asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de Soledad, y a Alex Ahumada, identificado como abogado de Wilmar Machuca, uno de los supuestos poseedores ilegales de los terrenos.

Se exhibieron imágenes captadas por cámaras de seguridad del centro comercial Parque Alegra, fechadas el 21 de febrero de 2025. Según la interpretación de la Fiscalía, estos videos muestran el momento en que el abogado Ahumada ingresa al vehículo ocupado por el funcionario Diazgranados en el parqueadero, lo que, de acuerdo con la teoría del caso, habría sido el lugar donde se concretó la entrega de una "coima".

Este soborno, según la Fiscalía, tenía como objetivo obtener un concepto legal favorable por parte del funcionario que facilitara la entrega irregular de un predio propiedad de la constructora Marval a Wilmar Machuca.

Asimismo, la Fiscalía se refirió a la conducta de Neissy Cantillo Del Toro, ex Inspectora de Policía de Soledad. Se presentó material probatorio que sugiere que, a pesar de haber dejado su cargo, presuntamente continuó elaborando "amparos policivos" o documentos similares para validar la ocupación de predios por parte de terceros.

Esta práctica de generar "documentación espuria" estaría, según la investigación, directamente ligada a beneficios personales dentro del entramado.

La lista de personas investigadas en esta compleja red incluye a otros funcionarios y particulares: Marlon Mora Montesino, actual Inspector de Policía de Soledad; así como varios funcionarios y exfuncionarios de la Oficina de Instrumentos Públicos del mismo municipio, como Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador; Iván Carlos Páez Redondo, registrador; y David De Castro Macías, exregistrador. También están imputados abogados como José Márquez Monterrosa y Rafael Enrique Bossio Pinzón; el notario Francisco Mejía de Santo Tomás; Luis Martínez, señalado como tramitador; Ismael Cárcamo e Inés Aminta Salas Palencia, identificados como supuestos "agentes corruptores"; los presuntos poseedores irregulares Wilmar Machuca y Luis Peñaloza Rojas; y Roque José Lugo, supuesto testigo falso.

A este grupo se suma Ana Dolores Meza Caballero, Notaria Segunda de Barranquilla, quien fue la decimoctava persona detenida en el marco de esta investigación. Tras ser imputada días atrás ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, recibió medida de detención domiciliaria.

Uno de los aspectos más delicados y reveladores de la jornada fue la presentación de indicios que apuntan a la posible participación de miembros de la propia Rama Judicial en el entramado criminal.

La Fiscalía mencionó presuntas vinculaciones de "jueces, fiscales, investigadores" y personal administrativo de diferentes despachos y corporaciones judiciales. Ante esta grave situación, el ente investigador informó que ha compulsado copias con fines disciplinarios y penales contra funcionarios específicos de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, bajo la sospecha de que habrían utilizado su acceso a los sistemas internos del proceso para filtrar información privilegiada a los implicados.

La fiscal del caso citó textualmente conversaciones interceptadas, incluyendo una en la que, refiriéndose a la magnitud de la pesquisa, funcionarios o allegados a los investigados expresaban la contundencia de la misma con la frase: "Hay una investigación del carajo".

Ante el estrado judicial, la representante del ente acusador reiteró con firmeza el propósito de la investigación: "Lo que buscamos es que no ocurran hechos de corrupción en este municipio de Soledad, hay que evitar esta situación, hay que ser coherentes con el actuar".

Subrayó que detrás de estos actos criminales existen "intereses particulares de personas que buscan obtener predios que no les corresponden".

El juez que preside la audiencia anunció que la diligencia judicial se reanudará el próximo lunes 12 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, para proceder a escuchar las intervenciones de los representantes de las víctimas reconocidas dentro del proceso.