¿En qué círculos se movía la notaria segunda de Barranquilla, investigada por el caso de red de robo de tierras en Atlántico?

La abogada de Pivijay, Ana Dolores Meza Caballero, de 66 años y titular de la Notaría Segunda de Barranquilla, experimentó un giro inesperado en los últimos días al ser detenida justo en la entrada de su lugar de trabajo, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

Esta zona es un punto de encuentro para funcionarios administrativos, comerciantes, empleados de diversas compañías y entidades financieras, así como para numerosos trabajadores del sistema judicial.

El pasado martes 22 de abril, agentes de de la Policía se presentaron en la notaría y localizaron a Meza Caballero, quien, aparentemente con su habitual semblante firme, intentaba acceder a su oficina en el antiguo edificio frente al Concejo Distrital.

La abogada fue escoltada fuera del lugar por los uniformados y trasladada de inmediato a una sede policial para el proceso de identificación.

La noticia de su arresto se propagó rápidamente en los círculos notariales y sociales de Barranquilla. Meza Caballero, reconocida por su amplia trayectoria y capacidad para dar fe pública, era también una figura frecuente en eventos sociales, actos benéficos y recepciones académicas, donde siempre destacaba por su elegancia.

Sin embargo, durante las audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de cargos, a las que tuvo acceso AL DÍA, se observó a una funcionaria distante de su acostumbrada ostentación, mostrando ahora incertidumbre ante la situación.

Ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, Meza Caballero proporcionó sus datos personales de manera virtual y escuchó atentamente las pruebas presentadas en su contra por la fiscal octava de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La investigación se centra en presuntos actos ilegales destinados a favorecer a terceros en la ocupación irregular de terrenos.

Aunque inicialmente se mencionó su posible implicación en delitos como concierto para delinquir, invasión de tierras, prevaricato por acción y omisión, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público y privado, durante la diligencia se aclaró que la investigación se limita a los cargos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y urbanización ilegal.

La fiscal del caso explicó al juez de control de garantías que se le seguía la pista a la notaria Meza Caballero desde 2019. En ese año, se presentó una denuncia contra funcionarios del municipio de Soledad que, mediante maniobras ilícitas, habrían alterado el destino de un extenso terreno baldío propiedad de la Alcaldía de Soledad, transfiriéndolo a un tercero para su subdivisión y posterior venta comercial.

Esta información se vincula con la investigación denominada ‘Gaia’, denunciada días antes por el presidente Gustavo Petro y que ya había resultado en la captura de 17 personas por la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación durante la Semana Mayor.

Las autoridades habían revelado la existencia de una presunta red criminal compuesta por particulares, funcionarios públicos e incluso notarios, que operaba principalmente en Soledad y otras áreas del Atlántico. Esta red se dedicaría al robo sistemático de tierras mediante la falsificación de documentos, la suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales.

Según las investigaciones, esta estructura criminal llevaba al menos dos años operando con impunidad. A través de escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados presuntamente se apropiaban de terrenos públicos y privados para luego venderlos a terceros de buena fe o reclamarlos como propios.

Un caso destacado fue el intento de despojo de un terreno destinado a la construcción de un importante colegio en Soledad, un proyecto educativo crucial que estuvo en riesgo de perder su ubicación debido al fraude.

Para la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, la participación de la Notaría Segunda en esta trama delictiva se habría dado al protocolizar un trámite o certificar la autenticidad de documentos falsos provenientes de Soledad, facilitando la venta de una "zona verde" que el municipio había destinado para un parque público.

La fiscalía señaló que el 29 de abril de 2022, la notaria Ana Dolores Meza Caballero, en ejercicio de su función de dar fe pública, habría emitido un acto contrario a la ley y al protocolo.

Este acto se basaba en una supuesta resolución de la Curaduría Urbana Segunda de Soledad para la subdivisión de un terreno ubicado en el barrio Las Colinas de Soledad, donde figuraba como solicitante un individuo identificado como LFRP.

Según la investigación, la Notaría Segunda, a pesar de contar con herramientas tecnológicas para verificar la autenticidad de los documentos, protocolizó un documento que contenía inconsistencias y falsedades. La fiscalía afirmó que se trataba de una resolución apócrifa que nunca fue emitida por la Curaduría Urbana Segunda.

Durante la intervención de la fiscal, se mencionaron los nombres del inspector de Policía Marlon Mora Montesino; Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; y José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, como personas que presuntamente habían realizado movimientos previos con la matrícula inmobiliaria del predio para "cambiar la titularidad y el destino del inmueble". Estos nombres también figuran en la investigación ‘Gaia’.

La detención de la notaria Segunda de Barranquilla no solo generó conmoción en los círculos notariales y sociales de la ciudad, sino que también revivió investigaciones previas que involucraron a la misma notaría.

En abril de 2024, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de la Fiscalía inició una investigación contra el exnotario Augusto Osorio Berdugo, quien en algún momento reemplazó a Meza Caballero durante un periodo de vacaciones o licencia.

Según las autoridades, desde su despacho, Osorio Berdugo habría favorecido a presuntos miembros de estructuras criminales en la falsificación de documentos públicos para despojar a los legítimos propietarios de sus tierras. Se señaló que esto ocurrió entre 2018 y 2023, beneficiando a integrantes del Clan del Golfo y de la organización criminal ‘Los Costeños’ en la apropiación de "inmuebles estratégicos" mediante presuntas maniobras fraudulentas.

La Fiscalía reveló la existencia de pruebas que sugerirían vínculos entre los investigados y Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’ y señalado como uno de los "mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia", cuyo paradero actual se desconoce. También se mencionaron nexos con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, actualmente privado de la libertd.

Además, uno de los detenidos en aquella ocasión fue investigado por su presunta participación en un plan para simular la muerte de Jorge Eliécer Torres, alias ‘Plástico’, un importante miembro del Clan del Golfo.

Su alias se debía a sus intentos de modificar su apariencia para evitar ser identificado. La Fiscalía relacionó al detenido con alias Plástico debido a que, a través de la Notaría Segunda de Barranquilla, se obtuvo un acta de defunción fechada en septiembre de 2020, que certificaba la muerte violenta de Torres en un accidente de tránsito en Córdoba. El documento incluía el nombre, la fotografía y el número de cédula del capo.

Torres fue capturado en 2020 en una lujosa residencia en la isla Barú, Cartagena, y se le notificó una orden de extradición por narcotráfico emitida por una corte de Texas, Estados Unidos. Se le consideraba un financiador del Clan del Golfo, controlando una parte significativa de las ganancias del narcotráfico de la organización en el norte del país.

Casualmente, esta misma semana, el miércoles 23 de abril, en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, se intentó presentar el escrito de acusación contra el exnotario segundo y los otros dos implicados en la investigación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Durante la audiencia de dos horas, no se mencionó el nombre de Ana Dolores Meza, y hasta el momento, no estaría vinculada a esa red criminal que, según la Fiscalía, operó desde su notaría.