La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, a través de su presidente, Luis Efrén Leyton Cruz, manifestó este martes un firme respaldo a la labor de los notarios en el departamento del Atlántico y en todo el territorio nacional.
Esta declaración se produce en el contexto de recientes acciones investigativas emprendidas por la Fiscalía General de la Nación que involucran a dos miembros del gremio notarial en la región.
En una comparecencia ante la prensa en Barranquilla, el máximo vocero de la entidad notarial expresó su convicción de que la situación actual es en gran medida un "tema de coyuntura" que ha tenido "mucha publicidad".
No obstante, al profundizar en el análisis de "las conductas punibles que les endilgan" a los notarios, tal como han sido presentadas por los medios, Leyton Cruz considera que, conforme al estatuto especial que rige la función notarial en Colombia, es altamente probable que "el fiscal más adelante y el juez respectivo en la etapa del oficio va a encontrar que no hay ninguna responsabilidad por parte de los notarios al respecto".
Las investigaciones a las que se refería Leyton Cruz apuntan a Ana Dolores Meza Caballero, quien ejerce como notaria Segunda en Barranquilla, y a Francisco Mejía De la Hoz, notario del municipio de Santo Tomás.
Ambos están siendo investigados en relación con un presunto entramado delictivo vinculado al despojo de predios en el municipio de Soledad.
Sobre este punto específico, el líder gremial fue enfático al señalar que se han divulgado "muchas cosas por el medio de comunicación, de robo de tierras y el cambio del uso del suelo".
Sin embargo, afirmó que atribuir responsabilidad de estas acciones a un notario "está muy lejos de la verdad". Argumentó nuevamente que la actuación del notario se limita a autorizar escrituras basándose en los documentos que le son presentados en su despacho.
Recalcó que la práctica histórica del notariado implica un "filtro y un estudio estricto sobre los documentos que se le presentan", partiendo siempre de la premisa de que estos son "legales, auténticos los que se le allegan". En consecuencia, calificó como "muy difícil" la posibilidad de vincular a los notarios con las conductas ilícitas mencionadas.
Cabe recordar que, durante la pasada Semana Santa, las autoridades revelaron a la opinión pública la existencia de una presunta estructura criminal.
Según los informes, esta red estaría compuesta por particulares, funcionarios públicos y notarios, operando primordialmente en Soledad y otras localidades del Atlántico, dedicándose supuestamente al apoderamiento sistemático de terrenos mediante la falsificación de documentos, la suplantación de identidades de propietarios y otras artimañas legales fraudulentas.
En su momento, las autoridades también indicaron que esta organización criminal habría operado con un alto grado de impunidad por un periodo estimado de al menos dos años.
Se presume que, utilizando escrituras fraudulentas, registros alterados y testigos falsos, los implicados lograban supuestamente apropiarse de bienes inmuebles, tanto de propiedad pública como privada, para posteriormente venderlos a compradores de buena fe o simplemente reclamarlos como propios.
Uno de los casos que mayor indignación generó, conforme a lo detallado por las autoridades, fue el intento de despojar un lote en Soledad destinado a la construcción de un importante megacolegio.
Este proyecto, fundamental para mejorar la infraestructura educativa de la zona, estuvo a punto de verse frustrado debido a las actividades de este presunto entramado.