Los atentados que han marcado la historia electoral de Colombia
A lo largo del último siglo, figuras con posibilidades reales de alcanzar la presidencia han sido asesinadas o atacadas durante sus campañas.
Colombia ha enfrentado, de manera singular entre las democracias del mundo, la dolorosa y recurrente tragedia de ver a sus candidatos presidenciales caer bajo las balas.
A lo largo del último siglo, figuras con posibilidades reales de alcanzar la presidencia han sido asesinadas o atacadas durante sus campañas.
Estos episodios no solo han sumido a la nación en el luto, sino que también han alterado el rumbo político, frustrado proyectos de reconciliación, exacerbado la violencia y sembrado un escepticismo persistente sobre la seguridad electoral.
Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que encendió la chispa de una guerra aún no resuelta, hasta el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio en Bogotá, cada agresión ha sido más que un crimen: ha sido un golpe directo a la esperanza democrática.
Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido Centro Democrático, resultó herido durante un mitin. Este atentado ha reavivado los temores de una violencia política que muchos creían superada.
La historia reciente de Colombia está profundamente marcada por la violencia política. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá marcó un antes y un después. Este carismático y popular líder liberal fue baleado, desatando el 'Bogotazo', una explosión de violencia que degeneró en un prolongado conflicto entre liberales y conservadores, conocido como "La Violencia".
El historiador colombiano Jorge Orlando Melo describió ese momento como "el punto de quiebre" de la modernidad política colombiana, afirmando que "La muerte de Gaitán destruyó las posibilidades de una salida democrática al conflicto social que se incubaba desde hacía décadas".
Casi medio siglo después, el país revivió otro capítulo trágico con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989, en Soacha, al sur de Bogotá. Galán, quien lideraba las encuestas y había hecho de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción su bandera, fue asesinado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
El entonces presidente Virgilio Barco lamentó: “La muerte de Galán fue un atentado contra la democracia colombiana”.
Menos de un año después, en 1990, otros dos candidatos presidenciales fueron asesinados: Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo) y Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril).
Tres años antes, Jaime Pardo Leal (1987) había corrido la misma suerte. Todos ellos eran miembros o exmiembros de la Unión Patriótica (UP) o de la desmovilizada guerrilla del M-19.
La Unión Patriótica, surgida de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, fue objeto de un exterminio sistemático, con más de 4.000 de sus militantes asesinados.
La senadora Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado en 1996 y ha llevado el caso a instancias internacionales, ha sostenido que "Lo que ocurrió con la Unión Patriótica fue un genocidio político”.
En el caso de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de la paz, su asesinato dentro de un avión comercial, antes de despegar, marcó un nuevo golpe para las esperanzas de reconciliación. El joven político había dicho semanas antes en una entrevista con la revista Semana: “Si yo muero, será por lo que represento, no por lo que he hecho”.
Impunidad y memoria
Muchos de estos crímenes han permanecido sin esclarecer completamente, alimentando teorías y la desconfianza pública.
El asesinato del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995, por ejemplo, fue reivindicado en 2020 por la guerrilla de las FARC, aunque su familia, a través de Mauricio Gómez Escobar, hijo del excandidato, sigue sosteniendo que fue un crimen de Estado: “No creemos esa versión”, dijo en su momento.
La persistencia de la violencia política en Colombia plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de su democracia y las garantías para quienes aspiran a liderar el país.
