Capturan a Ana Dolores Meza, notaria Segunda de Barranquilla
Su proceso estaría relacionado con la red de robo de tierras desmantelada la semana pasada.
Este martes 22 de abril, detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla ejecutaron una orden de captura contra Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, quien estaría implicada en una investigación sobre una red dedicada al robo de tierras en el departamento del Atlántico.
Esta operación se enmarca en la misma pesquisa que el presidente Gustavo Petro dio a conocer el pasado 14 de abril.
En su pronunciamiento, el mandatario colombiano señaló que gran parte de la criminalidad en el país tiene respaldo dentro del mismo Estado. “Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional”, afirmó.
Petro destacó que estas acciones afectan derechos fundamentales como la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico. Hasta ahora, la Policía Nacional y la Fiscalía han detenido a 17 personas involucradas en el ocupamiento ilegal de tierras, incluyendo funcionarios públicos. Además, anunció que la operación continuará con 16 imputaciones más, sumando un total de 33 personas judicializadas por esta organización criminal.
La notaria Meza Caballero enfrenta cargos por peculado por apropiación, prevaricato por omisión, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública y urbanización ilegal.
Estas imputaciones son similares a las que se formularon contra los primeros detenidos en las ciudades de Barranquilla, Soledad y Cereté (Córdoba).
El brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, explicó a los medios locales que la investigación se ha desarrollado durante aproximadamente un año y medio. Detalló que la red criminal operaba a través de tres líneas principales:
Corrupción de servidores públicos: Funcionarios que omitían sus responsabilidades y colaboraban con organizaciones delincuenciales para no proteger el patrimonio público.
Poseedores ilegales de tierras: Personas que ocupaban terrenos de manera irregular.
Abogados tramitadores: Profesionales que facilitaban la apropiación ilegal de tierras mediante documentos falsificados y trámites fraudulentos.
Peña señaló que los servidores públicos implicados “omitían funciones para que estas organizaciones delincuenciales se apoderaran de los terrenos”. En lugar de proteger el patrimonio de la ciudadanía, permitían que mediante escrituras públicas personas se apropiaran ilegalmente de estos bienes.
Además, existían abogados que, mediante falsedades ideológicas y documentales, presentaban documentos falsos para que personas sin derecho se hicieran pasar por poseedores legítimos.
AL DÍA tuvo acceso a parte del material probatorio de la Fiscalía, que describe dos métodos usados por la red para apropiarse de terrenos en Soledad, confirmados por un investigador judicial que participó en la operación.
El primer método consistía en identificar predios ubicados en zonas verdes destinadas a cesión o donación, en sectores comerciales. Los abogados elaboraban documentación falsa, que luego era tramitada rápidamente por gestores.
Por último, funcionarios públicos, como notarios y empleados de la Oficina de Instrumentos Públicos y la Alcaldía de Soledad, daban apariencia de legalidad a la operación y entregaban el terreno del Estado. Posteriormente, arquitectos loteaban el terreno para venderlo a particulares.
El segundo método, considerado aún más grave, implicaba identificar propiedades privadas y buscar falsos poseedores que alegaran tener derecho sobre ellas.
Se inventaban testigos y, con la colaboración de inspectores, notarios y funcionarios municipales, desplazaban al propietario legítimo, ocupaban el inmueble, lo loteaban y vendían.
La investigación estima que el valor total de los terrenos apropiados ilegalmente por esta red asciende a unos 22 mil millones de pesos.
Las autoridades continúan con la judicialización de los implicados y el desmantelamiento de esta organización que afecta directamente el patrimonio público y los derechos de la comunidad atlanticense.
