Así fueron las medidas de aseguramiento para los 17 procesados por robo de tierras en el Atlántico

Tras un proceso judicial de mes y medio, el juez 102 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, William Alfredo Saleme Martínez, dictó medidas de aseguramiento contra los 17 implicados en la extensa investigación de la Fiscalía y la Dijín de la Policía por el presunto robo de tierras en el municipio de Soledad.

Las medidas incluyen detención en prisión, arresto domiciliario y restricciones no privativas de la libertad.

Este caso cobró relevancia nacional el pasado 14 de abril, cuando el propio presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, hizo públicos los resultados preliminares de la Operación Gaia. Esta iniciativa se enfocó en combatir la ocupación ilegal de tierras en Soledad, municipio que forma parte del área metropolitana de Barranquilla.

En su mensaje, el presidente Petro enfatizó: "He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional. Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, @PolicíaNacional y la @FiscaliaCol capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos…Esta operación continuará con 16 imputaciones más, para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial”.

Según la descripción del jefe de Estado, la red criminal, conformada por particulares, funcionarios públicos e incluso notarios, había estado bajo seguimiento durante aproximadamente un año y medio.

Esta organización operaba principalmente en Soledad y otras zonas del departamento del Atlántico, dedicándose presuntamente al despojo sistemático de tierras mediante la falsificación de documentos, la suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales. Las autoridades detallaron que, utilizando escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados supuestamente lograban apropiarse de terrenos públicos y privados para luego venderlos a terceros de buena fe o reclamarlos como propios.

Durante las investigaciones, la Fiscalía también documentó situaciones en las que personas fueron amenazadas o violentamente desplazadas de sus hogares para apoderarse de sus terrenos.

Incluso, al parecer, se registraron homicidios relacionados con disputas por estos predios, lo que subraya la magnitud de la violencia asociada a las acciones de este grupo.

A comienzos de mayo, la delegada de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los 17 capturados un total de 13 delitos, que varían según la participación de cada procesado.

Los cargos incluyen: falso testimonio, fraude procesal, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, estafa agravada, invasión de tierras, falsedad en documento público, urbanización ilegal, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato por acción o prevaricato por omisión. Es importante señalar que ninguno de los señalados aceptó los cargos.

La Fiscalía sostuvo que los detenidos formaban un Grupo de Delincuencia Organizado (GDO), con roles específicos en una "actividad multicriminal urbana regional y municipal".

Además, la representante del ente investigador vinculó los nombres de las estructuras criminales de 'los Costeños' y 'los Pepes' con "participación e incidencia" en dicho GDO.

Durante la segunda audiencia, la Fiscalía Octava ante la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó decenas de interceptaciones telefónicas.

Estas comunicaciones, según el ente investigador, revelaron el supuesto plan criminal orquestado por funcionarios, exfuncionarios, abogados y particulares, evidenciando el presunto fraude para apropiarse de terrenos públicos y privados. Frases como "Una posesión con fecha, ya tu sabes…", "Allá hacen un proceso de posesión de esos chimborrios", "En esa notaría hay que pagar peajes", "Tenemos al inspector de este lado", "los manes de jurídica son un mal necesario", "Nos vamos a estrellar", "El man quiere la plata", y "yo soy el más paciente de este grupo, a este lo iban a pasar al papayo…" fueron expuestas como evidencia de las conversaciones relacionadas con los presuntos fraudes.

Dentro de este presunto entramado, los imputados son:

Marlon Mora Montesino, inspector de Policía de Soledad.

Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad.

Andrés Rafael Díazgranados, funcionario jurídico de la Alcaldía de Soledad.

José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad.

Iván Carlos Páez Redondo, registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad.

David De Castro Macías, exregistrador de Soledad.

Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad.

Ismael Cárcamo Alvarino, agente corruptor.

Inés Aminta Salas Palencia, agente corruptora.

José Márquez Monterrosa, abogado.

Francisco Mejía, notario de Santo Tomás.

Luis Miguel Martínez Montañez, tramitador.

Rafael Enrique Bossio Pinzón, abogado.

Alex Ahumada Díaz, abogado.

Wilmar Machuca Caicedo, supuesto poseedor irregular.

Luis Peñaloza Rojas, supuesto poseedor irregular.

Roque José Lugo, presunto testigo falso.

Es importante recordar que Ana Dolores Meza Caballero, notaria segunda de Soledad, es la decimoctava persona procesada en esta misma investigación.

Fue imputada por separado días atrás ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla y actualmente se encuentra bajo detención domiciliaria.

Las medidas judiciales

El juez ha dictaminado las siguientes medidas de aseguramiento: detención en centro carcelario para Luis Fernando Peñaloza Rojas, José Márquez Monterrosa, José Luis Pacheco Teherán, Marlon Mora Montecinos, Inés Aminta Salas, Rafael Enrique Bossio Pinzón, Roque José Lugo Hereira, Wilmar Machuca Caicedo, Alex Ahumada Díaz, Andrés Diazgranados Cruz, Neissi Esther Cantillo y Luis Miguel Martínez Montañez.
Detención domiciliaria para Ismael Cárcamo Alvarino.

Medidas no privativas de la libertad con restricciones específicas (como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante las autoridades cuando sean requeridos) para el notario de Santo Tomás Francisco María Mejía De la Hoz, Iván Carlos Páez Redondo, Juan Manuel Ucrós y David De Castro Macías. Se prevé que estos cuatro últimos obtengan su libertad en las próximas horas.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio Público, la Superintendencia de Notariado y Registro, y los abogados defensores de algunos de los investigados, han apelado la decisión del togado en relación con ciertas medidas, un tema que deberá ser resuelto en los próximos días.