Usuarios con movimientos financieros menores a 350 UVT mensuales no pagarán el 4X1.000 a partir de diciembre de 2024.
El gravamen del 4X1.000 inició en 1999 como 2X1.000 y se destina al Estado a través del sistema financiero.
Aprobada en la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, la exención beneficiará a quienes no superen los $16,4 millones anuales en movimientos.
Si tienes algo más de tiempo:
El impuesto del 4X1.000, que ha sido motivo de preocupación para muchos ciudadanos debido a las retenciones en los movimientos financieros, tiene una noticia positiva para los usuarios. Esta medida, donde las entidades financieras retienen 4 pesos por cada 1.000 en las transacciones, será modificada para eximir a ciertos usuarios a partir de finales de 2024.
"Algunos usuarios del sistema financiero dejarán de pagar este tributo para finales del 2024", anunció el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, dando un respiro a aquellos cuyos movimientos financieros no superen cierto límite.
Este impuesto, que tuvo sus inicios en 1999 como el 2X1.000 y posteriormente evolucionó al 4X1.000, ha sido una fuente de ingresos significativa para el Estado a través del sistema financiero. Su implementación se dio en medio de un estado de emergencia económica, con el objetivo de recaudar fondos para las arcas públicas.
La exención del 4X1.000, que fue aprobada como parte de la reforma tributaria bajo el Gobierno de Gustavo Petro, establece que aquellos usuarios cuyos movimientos financieros no superen los 350 UVT mensuales estarán exentos de este tributo. Esto implica que quienes no superen los $16,4 millones anuales en movimientos financieros entre todas sus cuentas no deberán pagar esta retención.
"Esta exención debe entrar en vigencia máxima dos años después de la aprobación de la ley", señala el artículo 65 de la reforma tributaria. Por lo tanto, a partir del 13 de diciembre de 2024, aquellos usuarios que cumplan con los requisitos establecidos comenzarán a beneficiarse de esta medida.
La intención detrás de esta exención es aliviar la carga fiscal para ciertos sectores de la población y promover una mayor equidad en el sistema tributario.