Denuncia | Por falta de control se están malgastando los recursos destinados para los Wayuu

Las 40 familias de la comunidad wayuu de Meshuamana, ubicada en el kilómetro 18 en la vía Riohacha-Valledupar, esperan hace tres años la construcción de un pozo, luego de que les dijeran que en el territorio había agua a 120 metros de profundidad.Desde ese entonces han tenido que ser creativos para buscar el agua que necesitan en sus labores diarias.

“La cogemos de un pozo viejo que está casi seco y si no sale nada tenemos que ir como a una hora de aquí a traer algo de agua”, asegura Eduar Zambrano, representante de la comunidad.

Su denuncia no perturba a Rumira Uriana,una joven wayuu que teje una mochila cerca al fogón que aún no han encendido a pesar de que es mediodía.No tienen nada para cocinar y esperan que algún familiar lleve algo para comer. El desayuno fue solo bollo de harina pan, que les llegó de la alimentación escolar.

En Meshuamana, la profesora María Epiayú también cuenta que hay deserción escolar: de 36 niños apenas 15 llegan a estudiar, aunque muy desmotivados. “Aquí no tenemos escuela. Solo hay una enramada donde se les dan las clases a los estudiantes, que no tienen útiles ni sillas”, lamenta.

La ranchería hace parte del resguardo de la Alta y Media Guajira, uno de los 26 que en este departamento recibieron el año pasado $37.709 millones y que en 2016 les girarán, hasta noviembre, $37.103 millones a través del Sistema General de Participaciones, SGP, de acuerdo con Planeación Nacional.

Los millonarios recursos son administrados por el Municipio donde quede el resguardo y si este se encuentra en jurisdicción de varios municipalidades los dineros serán girados a cada uno de ellos de acuerdo con la población indígena en el respectivo territorio.

La explicación la hace el director de Planeación Departamental, Mauricio Ramírez, quien agrega que los recursos deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades territoriales y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre el Municipio y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en el que se determinará el uso que le darán al dinero.

Dinero mal gastado

Estos recursos son de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas, en este caso de los wayuu.

Pese a la existencia de esos dineros, la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, cuyo representante es Javier Rojas Uriana, uno de los peticionarios de las medidas cautelares que otorgó a los indígenas guajiros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la crisis humanitaria que viven ante la falta de alimentos y agua potable, manifiesta en una tutela interpuesta contra las alcaldías de Manaure y Uribia, la Gobernación de la Guajira, el Ministerio de Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación, que los recursos “han sido gastados en proyectos que no han generado ningún beneficio a las comunidades indígenas”.

Ante la justicia colombiana, Rojas destacó que el 12 de marzo de 2013 la Asociación solicitó a la administración municipal de Manaure copia de los proyectos a los que les asignaron los recursos destinados a los resguardos indígenas, con el objetivo es establecer cómo la comunidad, reunida en asamblea, aprobó, mediante proyectos debidamente formulados y sustentados, contratos de obra por unos $14.000 millones.

“Aunque el Municipio entregó copia de unos contratos, no señaló cuáles son los proyectos que supuestamente las autoridades tradicionales ancestrales decidieron priorizar en una asamblea adelantada el 2 de junio de 2012”, asegura. Y agrega que especialmente entregaron los contratos 099 y 100. El primero por $7.146 millones, cuyo objeto era el “mejoramiento de las viviendas en los resguardos de Manaure”; el segundo fue por $ 5.716 millones para el “mejoramiento de la capacidad productiva para incidir positivamente en la seguridad alimentaria”.

De acuerdo con el líder wayuu, los “resultados de estos contratos son desconocidos” por las comunidades agremiadas en la Asociación, que agrupa a 400 autoridades ancestrales, a pesar de que, supuestamente, eran los beneficiarios. Rojas reafirma que las rancherías sufren mucho por la falta de agua potable, lo que ha provocado la grave crisis que se evidencia en la muerte de 17 niños por desnutrición en el presente año y 37 en 2015, sin tener en cuenta el subregistro de muertes que muchas veces ocurren en las mismas comunidades sin que sean reportadas. Insistió en que en los últimos 8 años cerca de 4.000 niños wayuu han muerto por desnutrición o enfermedades asociadas a esta.

Irregularidades

Los recursos del SGP también deben destinarse a satisfacer otras necesidades como vivienda; educación preescolar, básica primaria y media; salud y desarrollo agropecuario de la población indígena. Para sustentar la tutela, Javier Rojas presentó la auditoría de la Contraloría General de la República 2008-2011 y en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La primera institución confirmó en su informe que los recursos destinados directamente a la población indígena, por medio de la asignación especial, “no han producido los resultados esperados” y sostuvo que la política pública diseñada para la población indígena “no ha sido eficaz a la hora de proteger y garantizar los derechos”.

Además, concluyó que las instituciones responsables de la promoción y protección de los derechos de los indígenas “no han tomado medidas eficaces” y que los procesos de participación y toma de decisiones al interior de las comunidades wayuu “no siempre consultan a la mayoría de la población ni se orientan hacia el interés general”, por lo que las condiciones materiales de vida de la mayoría de esta población “no han mostrado un mejoramiento significativo”. La calificación que la CGR le dio a los mecanismos de control fue “deficiente” para el caso de Manaure e “ineficiente” para Uribia.

Adicionalmente, la Contraloría señaló que en el tiempo evaluado en este último municipio encontraron modificaciones de rubros iniciales, los cuales “no fueron legalizados a través de las modificaciones al contrato de administración y plan de inversión suscrito inicialmente”.

También indica que se evidenciaron “debilidades” en la planeación, seguimiento y ejecución ya que no dieron cumplimiento a diferentes normas legales. Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación, en el Informe de monitoreo a los recursos del SGP de propósito General y Asignaciones Especiales, estableció que La Guajira es uno de los departamentos con menor promedio de ejecución: apenas un 48%. En una decisión final sobre la tutela, la Corte Constitucional expresó que aunque no se establece una vulneración material de los derechos constitucionales porque se evidencia la celebración de las asambleas con las autoridades tradicionales y la suscripción de los contratos de administración y ejecución de, al menos, parte de los recursos, los informes de los órganos de control develan la presencia de varias irregularidades e inconsistencias continúas y permanentes que “amenazan de manera cierta e inminente el goce efectivo de los derechos”.

Por este motivo tuteló los derechos fundamentales a la autonomía indígena, participación, autodeterminación y diversidad étnica y cultural de las comunidades pertenecientes la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu y estableció diferentes órdenes con el objetivo de eliminar la amenaza que se ha evidenciado.

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