Detalle a detalle, así fue la recontraplaneada intervención a Electricaribe

"Señor García, usted ha sido removido de su cargo. Muchas gracias”, le dijo el Superintendente de Servicios Públicos,

José Miguel Mendoza

, al presidente de Electricaribe al notificarlo de la intervención administrativa que acababa de llevarse a cabo. Minutos antes, el ejecutivo había llegado presuroso al piso séptimo de la sede central de la compañía, al norte de Barranquilla, tras abortar un viaje a Bogotá por una llamada urgente de su oficina.

Era martes en la mañana y en algunos sectores de la ciudad caía una pertinaz lluvia. De esa manera, Mendoza, quien habían llegado la tarde del lunes festivo con 65 funcionarios más en un avión de la Fuerza Aérea ante la imposibilidad de conseguir tiquetes en vuelos comerciales, terminaba cuatro intensos meses “respirándole en la nuca”, con seguimientos y evaluaciones financieras, técnicas y operativas, a la cuestionada compañía –filial de la multinacional española Gas Natural Fenosa, GNF– que vive el peor de sus momentos desde que en 1998 asumió la operación del sistema eléctrico domiciliario en la Región Caribe.

Pese a que diferentes sectores políticos, sociales y productivos clamaban por la intervención, hacerlo fue una de las decisiones más difíciles por la complejidad del tema. EL HERALDO conoció detalles de los días previos a la “fijación de la hora cero” y a procesos que incluyeron extensas reuniones; trabajo de campo para recoger información que sirviera para conocer la empresa que atiende a 2.566.000 usuarios en la Región Caribe, al margen de otros clientes industriales en 25 de los 32 departamentos colombianos; que tiene el 24% de participación en el mercado eléctrico domiciliario del país y que cubre, en un área de 132.239 kilómetros cuadrados, 186 municipios y maneja 622 circuitos y 266 subestaciones.

I. ALERTAS Y SUSTOS

¿Qué quiere decir el barranquillero José Miguel Mendoza, quien hace apenas cuatro meses asumió la Superservicios, cuando afirma que la toma de posesión fue una decisión “absolutamente responsable” y “ajustada a la Constitución”?

Fuentes consultadas explicaron que “dos alertas y dos sustos” ocasionaron, en últimas, la expedición de la Resolución 20161000062785 del 14 de noviembre de 2016. Esta, en el fondo, también fue producto de la confirmación de que “todo podía empeorar” luego de que no hubiese ningún acuerdo entre el Gobierno Nacional y directivos de GNF, incluido su presidente Isidre Fainé, tras el cónclave eléctrico del pasado fin de semana en Bogotá, por petición del mismísimo Rey de España, Felipe VI.

La primera alerta, contó una fuente, la tuvieron en octubre, en momentos en que Mendoza y su nuevo equipo de trabajo aprendían a “leer la crisis”, esa que les pasó por las manos a otros Superintendentes sin que hicieran mayor cosa por lo que han sido señalados de “ineficientes y pasivos” por críticos como los congresista Mauricio Gómez Amín y David Barguil. Bajo el radicado SSPD 20165290693382 conocieron un informe que Deloitte Asesores y Consultores, auditora externa de Electricaribe, le envió el 10 de octubre al presidente José García Sanleandro.

En un avión de la Fuerza Aérea llegaron los funcionarios encargados de hacer la intervención.

Tras analizar los flujos de caja, Deloitte advertía de manera contundente a Electricaribe: “(…) no se cuenta con los recursos suficientes y necesarios para cubrir las obligaciones derivadas de su operación normal, incluyendo dentro de estas el pago a las empresas generadoras que le suministran la energía necesaria para cubrir la demanda del mercado que atiende, poniendo de manifiesto un claro riesgo de "inviabilidad financiera" para la compañía”.

Entonces apareció el primer susto. El 26 de octubre, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, admitió, como lo había informado EL HERALDO, que existía riesgo de que XM, operador del mercado eléctrico nacional, le iniciara a Electricaribe un proceso de limitación de suministros, lo que significaba el comienzo de racionamientos para la Costa, por el no pago a los generadores.

De urgencia, Mendoza tuvo que venir a Barranquilla e instaló un “equipo élite” para hacer seguimiento a esta situación. El fantasma de los cortes de luz en la Región se disipó porque la empresa de GNF abonó $28.350 millones.

II. CERCA DEL RACIONAMIENTO

No habían terminado de desaparecer los efectos de ese primer riesgo cuando la Superintendencia de Servicios Públicos recibió la segunda alerta, explicó la fuente: el 4 de noviembre, bajo el radicado SSPD 20165290759202, expertos contratados por el Fondo Empresarial de esta entidad concluyeron que Electricaribe era una empresa con una “situación financiera precaria” que, con los niveles de sus deudas, capital y flujo de caja, “tendrá dificultades para poder cumplir tanto con las obligaciones de pago derivadas de su operación corriente, como con sus compromisos a largo plazo con terceros”. Más grave aún, el estudio sentenció que cada vez era “más limitada” la posibilidad de que la empresa acudiera a “fuentes de financiación externas”, es decir a los bancos.

Cuatro días después comenzó el segundo susto. “Este fue más grande”. El reloj inició otra cuenta regresiva para que XM aplicara la limitación de suministro de energía. La Costa estaba expuesta de nuevo a racionamientos de 3 horas días, inicialmente.

“La situación fue muy tensa”, reconocen las fuentes consultadas, porque en esta ocasión el operador del mercado alcanzó, como lo dice la ley, a publicar los avisos diciéndoles a los 2,5 millones de usuarios de Electricaribe que habría cortes como consecuencia del no pago de la compañía.

La Costa se salvó de los racionamientos por pocas horas: la empresa pagó $27.738 millones el 8 de noviembre, a poco de que el 9 comenzara la limitación de suministros. Ese pago "in extremis", se debió a que, como lo advirtieron los expertos financieros, la empresa tuvo problemas para conseguir los préstamos bancarios.

III. LA HORA CERO

La misma fuente dijo que si no hubiera pagado, la Superintendencia tenía todo listo la noche del 8 de noviembre para intervenir la compañía eléctrica y evitar los racionamientos, pues el incumplimiento era suficiente para tomar posesión, como reza el artículo 59 de la Ley 142 de 1994 o de Servicios Públicos.

En todo ese corre corre, la Superservicios pudo certificar, como lo habían advertido Deloitte y los expertos contratados por el Fondo Empresarial, que existía un “riesgo inminente” de que la empresa de Gas Natural Fenosa llegara a “suspender en forma grave el pago de sus obligaciones mercantiles”.

De acuerdo con el flujo de caja analizado por la entidad gubernamental y por la misma Electricaribe, ese riesgoso escenario se daría a “final de noviembre” porque la compañía no contaría con efectivo disponible para pagarles a los generadores.

Mientras escaseaban los recursos, la electrificadora tenía que cumplir antes de que finalizara este mes con tres pagos más a los generadores por $165.000 millones. “Y plata no había”.

Tomas en las sedes regionales

Por esa razón, independientemente de la reunión entre el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro Arce, y los dueños de GNF, la Superintendencia decidió estar lista para “evitar lo peor” y actuar de acuerdo a lo que dice el artículo 365 de la Constitución, que señala que es un “deber del Estado” asegurar la “prestación eficiente” de un servicio público como el de la electricidad “a todos” los colombianos.

EL HERALDO supo que mientras Arce y Fainé buscaban soluciones a la insostenible situación de Electricaribe, el Superservicios pidió una reunión urgente de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG. Lo hizo, explicaron las fuentes, con base en las alertas financieras mencionadas y, como nuevo ingrediente, teniendo en sus manos el dictamen del Superintendente Delegado para Energía y Gas, José Plata Puyana, que, además de la parte financiera, da cuenta del riesgo de racionamientos que se corría; que reseña las 71 alteraciones de orden público registradas por el Centros de Estudios Políticos y Socioculturales (Cepsca), “asociados a la mala prestación del servicio de energía eléctrica”, y pone de presente los 65 procesos de limitación de suministro abiertos en 2016 por XM contra la empresa de energía.

La reunión con la CREG, necesaria de acuerdo con normas legales para ordenar una intervención, se realizó el mismo sábado, 12 de noviembre, mientras en otro lugar de la capital tenía lugar la sesión con GNF.

IV. “TOCA ENTRAR YA”

La de la CREG fue una reunión extensa, en la que evaluaron, una y otra vez, los escenarios financieros y los riesgos de que se suspendiera el servicio de energía. Al final, la autorización para tomar posesión de Electricaribe fue dada, con la más absoluta reserva.

Solo cinco personas del círculo cercano al superintendente Mendoza conocieron el visto bueno de la CREG. Además de Puyana, lo supieron la directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación, Lucía Hernández; y tres asesores del despacho, María Paula Jaramillo, Valentina Pérez y Felipe Núñez.

Pese a que todo estaba listo, tras actuar paso a paso en un “debido proceso respetuoso y con apego a las normas colombianas”, para fijar la hora cero de la intervención la Superintendencia quiso esperar los resultados de la reunión entre el Gobierno y Gas Natural Fenosa.

Como el domingo la empresa española dijo que no capitalizaría a Electricaribe, ni siquiera para pagarles a los generadores y finalizar noviembre, alegando que las deudas de los usuarios y entidades estatales colombianas es de casi $4 billones, la decisión fue: “Toca entrar ya”. La Costa quedaba más que nunca expuesta a racionamientos, pues no había plata para pagarle a XM.

V. TOMA DE POSESIÓN

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes fue tomada la decisión de expedir la resolución ordenando la intervención. De esto estuvieron al tanto el ministro Germán Arce y el secretario Privado de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez. Uno de ellos lo informó al presidente Juan Manuel Santos.

Al Ministerio de Defensa le solicitaron activar los apoyos pedidos con antelación.

Por eso, el Mindefensa había monitoreando la infraestructura eléctrica costeña y ordenó que 500 policías en los 7 departamentos, al mando del general Gonzalo Londoño, apoyaran el plan.

A eso de las 3:00 p.m. del lunes, desde el aeropuerto militar de Catam, salió el vuelo rumbo a Barranquilla con el personal que debía desplegarse para estar el martes, a las 8:00 de la mañana, en las 7 de las ciudades capitales, los 3 puntos de atención de Sabanalarga, Magangué y Planeta Rica, y 3 bodegas en Barranquilla, Valledupar y Montería.

Al margen de los 5 funcionarios que conocían la decisión, los restantes del vuelo no sabían de la intervención. Tampoco lo sabían los del “grupo élite” instalado en la Región en octubre. A todos solo les dijeron que esperaran instrucciones.

Parte de ese sigilo incluyó cambiar hasta de hotel: en octubre habían utilizado el GHL Collection Barranquilla, donde estaban alojados varios periodistas deportivos con motivo del partido de Colombia - Chile, el martes ocuparon el NH Collection Barranquilla Smartsuites.

VI. EL OPERATIVO

Fue tan compleja la movilización del personal que tuvieron que sortear obstáculos como el de enviar por carretera, de Barranquilla a Riohacha, a quienes debían estar temprano en la sede de la empresa, porque el primer vuelo de Bogotá solo llega a la capital de La Guajira al mediodía.

A primera hora del lunes, a través de un chat, el personal recibió la instrucción de imprimir los avisos que les habían enviado a sus correos, los que debían fijar en las puertas de las sedes anunciando la toma.

En Barranquilla, Mendoza y unos 40 funcionarios llegaron a la oficina principal, en medio del seguimiento de los medios que conocieron la noticia poco antes tras las revelaciones que hizo el periodista Jorge Cura en su noticiero.

Cuando el Superintendente llegó, de saco azul oscuro y corbata, debió registrar su cédula como cualquier parroquiano, lo mismo hicieron los demás funcionarios.

Luego, se dirigió al séptimo piso, con Javier Lastra y Edgardo Sojo, quienes iban a ser designados agente interventor y presidente de Electricaribe, respectivamente. José Antonio Hurtado, representante legal suplente de García Sanleandro, los recibió y a este le notificaron la toma de posesión.

Una vez firmada el acta, tras ser revisada por el abogado de la empresa, cuatro equipos de trabajo asumieron el control así: la parte técnica, bajo la asesoría de la empresa Tetra Tech; la financiera, a cargo de Lastra pues había que recibir un inventario detallado de los bancos y otros movimientos; el área jurídica y la de recursos humanos.

Después, Mendoza, Lastra y Sojo se reunieron con los empleados y les dijeron que serán parte vital del proceso que acababa de empezar.

Tres horas después, en rueda de prensa, el ministro Germán Arce, quien había llegado a Barranquilla la noche del lunes, justificó la intervención argumentando que “no podíamos permitir que la Costa se apagara”.

Por:

José Granados