Según abogado de Miguel Uribe, juez reconoció responsabilidad del Estado en ataque contra el senador
Víctor Mosquera fue enfático al señalar que el funcionario consideró que "a Miguel Uribe no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad de parte de esa entidad respecto a su seguridad".
Una reciente decisión judicial ha puesto en el punto de mira al Estado colombiano. El abogado Víctor Mosquera, representante del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha revelado que un juez de la República ha identificado una posible responsabilidad por omisión estatal en el atentado ocurrido el pasado 7 de junio.
El ataque tuvo lugar en el barrio Modelia de Bogotá, durante un evento político en el que participaba el senador.
Esta revelación surgió tras una audiencia de medida de aseguramiento contra Élder Arteaga Ramírez, alias el Costeño, quien es señalado como uno de los presuntos organizadores del ataque y se encuentra actualmente bajo detención preventiva.
Según Mosquera, el juez no solo avaló la imputación de cargos contra Arteaga Ramírez, sino que también hizo una advertencia crucial sobre las deficiencias en el esquema de seguridad asignado a Uribe Turbay.
La UNP, en la lupa por caso de ataque a Miguel Uribe
"Un juez de la República determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de este actual Gobierno", afirmó Mosquera.
El abogado fue enfático al señalar que el juez consideró que "a Miguel Uribe no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad de parte de esa entidad respecto a su seguridad".
Mosquera insistió en que el pronunciamiento del juez valida lo que su equipo legal ha venido argumentando desde el día del atentado: la existencia de fallas graves en las garantías de seguridad de un líder de la oposición. El abogado subrayó que la situación es aún más delicada, ya que estas falencias se presentaron durante un acto político que, por su naturaleza, debería haber contado con la protección debida por parte del Estado.
"Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato. Hubo falta de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos", concluyó Mosquera.
