“Que yo esté preso no impide que me pague extorsión”: Negro Ober a víctima

• La Fiscalía presenta pruebas contundentes contra nueve personas vinculadas a los 'Rastrojos Costeños' y a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober.
• La 'Operación Magnus' llevó a la detención de 121 presuntos criminales por delitos de extorsión en varias ciudades y departamentos.
• Ober Martínez lideraba una estructura criminal desde la cárcel, exigiendo hasta 20 millones de pesos a comerciantes para no atentar contra ellos o sus propiedades.

La Fiscalía fue contundente con el material probatorio presentado en audiencias preliminares contra las nueve personas vinculadas directamente con la estructura de los ‘Rastrojos Costeños’ y con Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, uno de sus cabecillas.

También puedes leer: Madre lanzó al vacío a su propia bebé de tres años

 

El pasado martes 26 de marzo, en rueda de prensa en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general José Luis Ramírez Hinestroza, jefe nacional del Servicio de Policía, en compañía del general Herbert Benavidez, comandante de la Mebar, entregó detalles de la ‘Operación Magnus’, desarrollada de manera simultánea en cuatro ciudades capitales y en 12 departamentos, y con la cual fueron detenidos 121 supuestos criminales dedicados al delito de extorsión.

En ese largo listado, según lo expuesto por el alto oficial, fueron capturados los nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘los Rastrojos-Costeños’, señalados de cometer extorsiones y homicidios contra comerciantes del barrio Ciudadela 20 de Julio, Siete de Abril y Carrizal, en Barranquilla, y lo mismo en otras zonas del área metropolitana.

Estas personas fueron identificadas como Eliany del Carmen Garizao Solórzano, Yesmin Adriana González Cabarcas, Luis Eduardo Acosta Enciso, Indira América Torres López, Alex Andrés Torregrosa Díaz, Lesbia Irena Cantillo Truyo, José Uriel Suaza Blandón, Jhol Freddy Núñez Gelvis y José Daniel Ávila Ruiz.

“Un minucioso proceso investigativo adelantado por el Gaula durante seis meses permitió a los uniformados determinar que alias el Negro Ober, en búsqueda evitar el accionar de las autoridades, enviaba emisarios hasta los diferentes sectores comerciales de la ciudad para entregar panfletos amenazantes y celulares, a través de los cuales se identificaba como el Comandante Sombra. A través de esta forma les exigía dinero a sus víctimas para no atentar contra sus vidas, la de sus familiares, empleados u establecimientos de comercio”, precisó en su momento el general Ramírez.

Ahora, en audiencias preliminares, la Fiscalía destapó cómo a través de Ober Martínez, preso actualmente en la Cárcel La Picota de Bogotá, este “conformó, promovió y lideró una verdadera estructura criminal, pese a estar tras las rejas, que exigía a comerciantes hasta 20 millones de pesos a través de sus emisarios”.

Según lo descrito en la diligencia por la agencia fiscal, a Ober Martínez se le halló un teléfono celular en el que en aplicaciones de mensajería habían “notas de voz, transferencias y mensajes de texto” de los hoy nueve imputados.

De acuerdo con el investigador, “de 2 a 20 millones de pesos exigía a comerciantes de Barranquilla y el departamento del Atlántico, así como al gerente de una estación de gasolina, para no atentar contra su patrimonio o sus vidas”.

En ese análisis del aparato celular hoy se tiene como material probatorio un mensaje enviado a una víctima en el que Ober, al parecer, expresa: “que yo esté preso no le impide que me pague las extorsiones…”.

En esa línea, el jefe de ‘los Rastrojos-Costeños’ habría recibido, solo de uno de los hoy capturados, 30 millonarios giros a una cuenta bancaria a su nombre. “Fue el receptor directo, contravino la norma financiera y violó el sistema financiero colombiano al estar tras las rejas”, expuso el fiscal.

A los detenidos se les imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio; extorsión agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y, al cierre, se pidió detenciones para todos en centros carcelarios, medida que apenas es estudiada por un juez de control de garantías.