Piden declarar crímenes de lesa humanidad casos de profesores de Uniatlántico asesinados
Lisandro Vargas Zapata y de Antonio Enrique Meza Consuegra habrían sido asesinados por razones de orden político.
La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, organismo no gubernamental para la defensa de los Derechos Humanos, pidió recientemente a la Fiscal 69 Especializada de la Dirección contra las Violaciones de Derechos Humanos declarar delitos de lesa humanidad los asesinatos de los miembros de la Universidad del Atlántico, Lisandro Vargas Zapata y Antonio Enrique Meza Consuegra, cometidos en febrero y septiembre de 2001, respectivamente.
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Así lo conoció AL DÍA a través de una comunicación del Colectivo, en referencia a la conmemoración de los 22 años del crimen de Vargas Zapata, ocurrido el 23 de febrero de 2001.
La abogada Yessika Hoyos Morales, representante de víctimas en el proceso penal, detalla que los homicidios cometidos en contra de Lisandro Vargas Zapata y de Antonio Enrique Meza Consuegra, se inscriben en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido a la comunidad de la Universidad del Atlántico, y cometidos por razones de orden político.
“Estos dos homicidios no fueron aislados, sino sistemáticos, pues se enmarcaron en la ejecución de una política de cooptación de los recursos públicos de la Universidad del Atlántico. Grupos paramilitares se tomaron a sangre y fuego la Universidad del Atlántico, y ejecutaron un plan de exterminio o depuración física de quienes cuestionaban o denunciaban el entramado criminal pactado, o exigían transparencia en las cuentas públicas y en la correcta ejecución del presupuesto de la universidad. Dinero que, sobra decir, era codiciado por los grupos paramilitares y por los funcionarios públicos corruptos, y el cual, efectivamente terminaba en sus arcas particulares”, expresa Hoyos Morales.
Según la representante de Cajar, lo que hoy se plantea es que se declare la acción penal por la conducta delictiva de homicidio, que se ejecutó en contra de la humanidad de Lisandro Vargas Zapata y de Antonio Enrique Meza Consuegra, se torne “imprescriptible” sobre las conductas lesivas ejecutadas en desarrollo de este y en relación con todos los partícipes e intervinientes en su ejecución, tanto de quienes se estén adelantando las respectivas pesquisas como sobre los que aún no son objeto de intervención penal.
En esa línea dentro de la investigación que se adelantó —y que continúa abierta a la fecha— por ambos asesinatos “pudo establecerse con certeza que fueron cometidos por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia del Bloque Norte, que operaban en el Departamento del Atlántico, con ayuda de miembros de la Fuerza Pública pertenecientes a la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Barranquilla”, indicó la abogada.
Dos capturas
En julio de 2013, la Fiscalía reportó la captura en Bogotá del ex suboficial del Ejército Alberto Joaquín Silgado Arévalo, señalado hombre de confianza de Salvatore Mancuso y Jorge 40, y sindicado del homicidio del profesor Lisandro Vargas Zapata.
De acuerdo con información del ente investigador, Silgado Arévalo, conocido con el alias de Cabo Yair, fue trasladado a Barranquilla como comandante de frente, donde conformó el ala Urbana de las Autodefensas, para apoyar a Jorge 40 en la comisión de varios delitos como extorsiones y homicidios.
En ese sentido, postulados a Justicia y Paz lo señalaron como uno de los determinadores del homicidio del profesor Vargas Zapata cuando se desempeñó como jefe del frente José Pablo Díaz.
Por otra parte, cabe recordar que a finales del año anterior fue capturado en Barranquilla por la Dijín de la Policía Nacional Darío Alberto Laíno Scopetta, alias Ojos Azules, el hombre que manejaba en la sombra los hilos de las AUC y del frente José Pablo Díaz, tal y como lo argumentaron al menos 16 ex paras que hicieron parte del proceso de desmovilización en el norte del país. Estos hicieron claridad en que en la zona de operación del frente José Pablo Díaz, “no se tomaba ninguna decisión de importancia que no tuviera el aval de Darío Laíno Scopetta”, entre estos los asesinatos de docentes y líderes sindicales.
Precisamente, la orden de captura por la que cayó Laíno Scopetta se dio en cumplimiento a solicitud del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá por su condena frente al crimen del sindicalista Manuel Santiago Pájaro Peinado, ocurrido el día 16 de agosto de 2001, en Barranquilla.
Pero en su momento se dijo que, además de los asesinatos de Lisandro Vargas Zapata y de Antonio Enrique Meza Consuegra, también sería investigado por el crimen del de profesor de la Universidad del Atlántico y candidato a la rectoría de la misma institución Alfredo Martón Castro Haydar, cometido en octubre del 2000; Joaquín Barrios Polo, en enero de 2001. César Daniel Rivera Riveros, docente de la Uniatlántico, asesinado el 2 de febrero de 2001; Gabriel Castro y Demetrio Castro, abogado y profesor de la Universidad del Atlántico, muertos en febrero de 2001; Jorge Adolfo Freytter Moreno, muerto en agosto de 2001, y Gustavo De Silvestri Saade en 2002.
