Mandó a matar a su propio hijo para cobrar una herencia y ahora irá a prisión
La herencia que se disputaba el hombre con su primogénito estaba avaluada en cerca de mil millones de pesos.
Para un padre, un hijo es lo más sagrado o al menos es lo que creen muchos, porque en el caso de José Educardo Reina Cárdenas, quien fue enviado a prisión este sábado junto a otros dos hombres, mandó a asesinar a la 'sangre de su sangre' para poder cobrar una herencia de la que la víctima era el único beneficiario.
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Cuando la esposa del señalado falleció le dejó todos sus bienes, avaluados en unos mil millones de pesos, a su hijo, lo cual generó un gran descontento en José, quien veía injusta la decisión de la que había sido su compañera de vida, por lo que inició una disputa legal con su propio hijo.
Sin embargo, en medio del extenso papeleo para ver quien era por ley la persona que se iba a quedar con las pertenencias de la mujer, el sujeto de 72 años, decidió contratar un sicario que terminó con la vida de su primogénito Alexander Reina Hernández, en septiembre de 2021 en la ciudad de Ibagué.
Días antes del crimen, el hombre se contactó con Jorge Leonardo Saa Ángul, un conocido que sirvió como intermediario para que se conociera con Gildardo Robledo Robledo, sicario que se convertiría en el autor material del crimen.
El día del fatal suceso, José Educardo Reina Cárdenas citó a su hijo con la excusa de entregarle unos recibos y que así Robledo Robledo pudiera 'marcarlo' y no fallara al momento de ultimarlo con arma de fuego.
Luego del asesinato, el CTI había estado durante lo que quedaba del 2021 y todo el 2022 intentando dar con la pista de los responsables del hecho, de los cuales siempre se perfiló como principal sospechoso a Reina Cárdenas, puesto que la propia familia del fallecido había señalado su disputa legal con el hombre como el único 'problema' que tenía Alexander.
Finalmente este sábado, después de una exhaustiva tarea de la entidad, los dos autores intelectuales y el autor material del crimen del hombre de 50 años, fueron enviados a prisión, aunque ninguno aceptó los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones de los que fueron acusados.
