Aún cuando se va a precluir el capítulo de las muertes de Jonathan José Ospino Illera, de 21 años; y Roy Ricardo Galea Reyes, de 38, tal como lo confirmó la Fiscalía, el ente acusador anunció que el caso derivará en el establecimiento de otros crímenes y, por ende, sanciones penales con base en lo acontecido en la cabaña Mediterrané, en Punta Roca (Puerto Colombia).
Lo anterior fue explicado por Justino Hernández Murcia, director de la Fiscalía Seccional Atlántico, quien mencionó que, básicamente, lo que solicitaron fue concluir que no hubo “responsabilidad penal” respecto a las demás personas que, al parecer, participaron en el cruce de disparos el pasado 24 de octubre, debido a que ambos hombres (Ospino y Galea) murieron en un enfrentamiento mutuo.
A su vez, el fiscal destacó que “se continuará investigando la lesión de una de una persona producto de esa situación.
También el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. De igual manera, la Fiscalía generó a partir de esas circunstancias líneas investigativas, hoy de conocimiento de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, otra a la Dirección contra la Criminalidad Organizada y una tercera con la delegada de Finanzas Criminales”.
En la misma línea, el director de la Seccional se pronunció sobre la posible presencia de dos fiscales del Atlántico en la denominada ‘narco-fiesta’, así como de miembros de la Policía: “Durante los actos se recolectaron todas las evidencias que nos permitirán esclarecer la presencia o no de servidores públicos”.
Dijo Hernández Murcia que, en cuanto a la persona que quedó grabada portando una subametralladora marca Colt calibre 9 milímetros, quien respondería al seudónimo de Deivi Parrilla, está siendo investigada: “Hace parte del proceso de investigación, está identificada y actualmente investigada (…) ya será competencia del fiscal del caso decidir frente a su situación jurídica”.