Colombiana víctima de explotación sexual en Chile habló sobre cómo la trataban los proxenetas
Todas las mujeres que estaban en la locación tenían entre 18 y 25 años. Se las llevaron del país engañadas con una oportunidad laboral de otro tipo de empleo.
Un gran golpe le dio la Policía de Colombia a la explotación sexual en el país al capturar a los seis miembros de una familia que conformarían una gran red que operaba este delito enviando a jóvenes a Chile bajo engaños.
Leer más: Cae toda una familia que lideraba red de explotación sexual
Según la Fiscalía, los señalados les tramitaban pasaportes y les proporcionaban tiquetes aéreos a sus víctimas para que se trasladaran de Pereira a Bogotá, pero al llegar al país austral, a las mujeres les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio (prostitución) en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco.
En medio del operativo que propició las aprehensiones de los parientes delincuentes el pasado 8 abril, el ente acusador obtuvo varios testimonios de las violentadas, que a su vez fueron dados a conocer por la revista Semana.
Las jóvenes que contaron su experiencia, señalaron tener entre los 18 y 25 años y ser de escasos recursos, lo que al parecer era el patrón que los miembros de esta banda criminal buscaban en sus víctimas.
“Ella (una integrante de la banda) me dijo que le enviara unas fotos mías, que ella decidía si servía para el trabajo o no. Después me llamó y me dijo que ya había hablado con su hermana Paula, que ella le había dicho que sí y que me puso una cita en el barrio Cervantes (Pereira). Allí estaba con un señor del taxi que era como un amigo y me llevaron a sacar el pasaporte”, contó una de las víctimas.
Asimismo, las obligaban a quedarse bajo el argumento de que debían pagar una deuda: “a las mujeres les fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos, que correspondía a los gastos de los pasajes aéreos; pero que iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales”, indicó Hugo Tovar Pérez, director Especializado Contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Las mujeres contaron cómo tenían que soportar algunas situaciones. “Cuando llegaban (los 'clientes') en condiciones higiénicas deplorables, nos decían échese harto perfume y piense que va a ganar dinero y le va a mandar a su familia, de esta forma debíamos soportar el olor y la falta de aseo de muchos clientes, no podíamos negarnos”, relató una de las víctimas.
Además eran amenazadas y extorsionadas por parte de los integrantes de esta red, pues les decían que ellas y sus familias en Colombia corrían riesgos, "también que mostraría las fotos y videos por las redes sociales a nuestras familias”.
Tras el proceso, donde se obtuvieron 350 audios que permitieron detectar el entramado criminal, fueron capturadas siete personas que harían parte de la red, cinco de ellas, integrantes de una misma familia, en las ciudades de Manizales y Bogotá.
Asimismo, fueron acreditadas 27 víctimas, cuatro de ellas entregaron sus testimonios e indicaron que permanecieron hacinadas en medio de precarias condiciones.
Los capturados fueron identificados como: Beatriz Elena Marín González, alias Betty, presunta encargada de la captación y traslado de las víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas y lavado de activos.
Martha Yolanda Marín González sería la encargada de recoger a las jóvenes en Manizales y trasladarlas a Chile. La Fiscalía le imputó los delitos de tortura, trata de personas y lavado de activos.
