Así capturaron a exjefe paramilitar que vivía tranquilamente en el norte de Barranquilla

En la mañana del 29 de noviembre miembros de la Dijín de la Policía Nacional, trasladados desde Bogotá, ubicaron en el norte de Barranquilla a Darío Alberto Laíno Scopetta en el mismo sitio donde había estado en los últimos años: su oficina. 

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Los detectives llegaron, preguntaron por él, una secretaria los anunció y, al cabo de unos minutos, el hombre salió y se identificó ante los cuatro funcionarios que vestían chaquetas impermeables verde fluorescente. Estos lo rodearon y uno sacó de un bolso el acta del orden de captura, que leyó, no sin antes comunicarle los derechos del capturado.

No hubo acción. No hubo intento de fuga. No hubo un vasto operativo. Así cayó en poder de la justicia colombiana el hombre que, según registros de la Fiscalía General de la Nación, fue clave para que las Autodefensas Unidas de Colombia se expandieran y se consolidaran en la región Caribe a través del llamado Grupo Atlántico o Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte.

De acuerdo con versiones aportadas por exparamilitares postulados a Justicia y Paz, la presencia de Laíno Scopetta en la estructura paramilitar se remonta supuestamente a 1997 con una acción criminal que se perpetró en el municipio de Fundación, Magdalena, específicamente en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. En los archivos históricos se habla de una incursión comandada por este personaje donde resultaron heridos varios guerrilleros, pero además murieron acribillados empleados de fincas de la jurisdicción. Todo se habría dado con el fin de mostrar el poder del grupo armado y de confirmar su presencia en la región.

Sin embargo, en la macro sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla contra Édgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, y otros miembros del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC se registra que Ojos Azu- “Fue fundador, financiador y jefe del frente José Pablo Díaz”.

Agentes de la Dijín custodian al ‘expara’ tras su traslado desde Barranquilla a la capital del país. Fotografías de Darío Laíno Scopetta que hacían parte del archivo judicial de las autoridades. La última gráfica corresponde al momento en que es reseñado el pasado 30 de noviembre en la ciudad de Bogotá por un perito de la Dijín, luego de ser capturado en una acción en el norte de Barranquilla.

El pasado 3 de diciembre, días después de que se materializara la orden de captura contra el condenado Laíno Scopetta, su defensa interpuso un ‘habeas corpus’, acción constitucional que tutela la libertad cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, con el argumento de que este, a pesar de tener una sentencia condenatoria encima, se le concedió el recurso de apelación.

Sin embargo, el togado que recibió la solicitud señaló que no podía intervenir en la decisión del juez natural de la causa y se negó a emitir una decisión. En ese sentido, Laíno Scopetta permanecerá en prisión. Habeas Corpus Solicitud les, o ‘M1’, o ‘José Miguel’, o ‘JM’, se vinculó a las autodefensas de Jorge 40 hacia el año 2000, época en que se le empezó a relacionar con homicidios selectivos y con la extorsión, acoso y amenaza a finqueros y a comerciantes, algunos de los cuales alternaban con él en el negocio de la palmicultura y la ganadería.

De ese documento se desprende cómo Laíno Scopetta encajaba en la estructura hasta el punto de estar entre Salvatore Mancuso y Jorge 40 como jefe de la cúpula ‘Para’.

“El jefe de fi n a n z a s d e los paramilitares en el Atlántico fue por 7 años un misterio, tan solo la cúpula ‘Para’ conocía su identidad, el resto de los miembros del grupo ilegal le decían simplemente Ojos Azules. Y había un buen motivo para mantener su identidad bajo el anonimato, Darío Alberto Laíno Scopetta, llevaba una vida paralela que les convenía proteger, la de un influyente y próspero empresario, miembro de una respetada familia de origen Italiano y dueño de varias empresas que mantienen relaciones con el sector oficial y, claro, con el privado…”, se detalla en la sentencia.

Determinador de asesinatos

Si bien el rol de este era el manejo de las finanzas del frente José Pablo Díaz, tal y como lo argumentaron al menos 16 ex paras que hicieron parte del proceso de desmovilización en el norte del país, estos hicieron claridad en que en la zona de operación del frente José Pablo Díaz, “no se tomaba ninguna decisión de importancia que no tuviera el aval de Darío Laíno Scopetta”.

En ese sentido, entre los años 2000 y 2006, fecha en la que el empresario hizo parte del proceso e dejación de armas y desmovilización colectiva del Bloque Norte en la vereda La Mesa, corregimiento El Mamón, en la ciudad de Valledupar, se habrían perpetrado bajo su aval gran cantidad de asesinatos en Barranquilla y su área metropolitana, bajo un plan de exterminio de la dirigencia social.

Los orígenes del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte se remontan a finales del año 1999, cuando, tal y como lo indicó Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, hubo la necesidad de neutralizar el accionar del frente ‘19’ o ‘José Prudencio Padilla’ de las Farc, y los frentes ‘Francisco Javier Castaño’ y ‘Domingo Barrios’ del Eln, que operaban en la zona comprendida entre la Sierra Nevada de Santa Marta y los municipios aledaños; al igual que del frente urbano ‘Kaleb Gómez Padrón’ y la red urbana ‘José Antequera’ del Eln que operaban en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.

Cabe reseñar que del oscuro capítulo de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Atlántico, cuando a comienzos del nuevo milenio pretendían el control de absolutamente todo como plan de expansión, se perpetraron 2.188 conductas delictivas con 8.006 víctimas registradas. Y solo entre 2004 y 2006, en la capital del Atlántico, se cometieron 1.664 homicidios. De ese extenso listado se desprenden nombres de docentes, líderes sociales, sindicalistas y desmovilizados de la guerrilla.

Precisamente, la orden de captura por la que cayó Laíno Scopetta se dio en cumplimiento a solicitud del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá por su condena frente al crimen del sindicalista Manuel Santiago Pájaro Peinado, ocurrido el día 16 de agosto de 2001, en Barranquilla. 

En esa línea, de acuerdo con registros de organizaciones populares y de derechos humanos, también Ojos Azules sería el determinador del asesinato del candidato al Concejo Municipal de Malambo y presidente de Asocomunal de ese municipio, Tomás Romero, en julio del año 2000. 

Estaría además vinculado con las muertes de Rubén Guerrero, directivo del sindicato de la DIAN, en hechos ocurridos en agosto de 2000; Luis Meza Almanza, ex secretario General de la Universidad del Atlántico, muerto en el mismo mes; Álvaro E. Pérez Mercado, candidato a la Asamblea departamental del Atlántico, asesinado en septiembre de 2000; del candidato al Concejo Municipal de Barranquilla, Orlando Rafael Silvera Solano, en septiembre del 2000; el de profesor de la Universidad del Atlántico y candidato a la rectoría de la misma institución Alfredo Martón Castro Haydar, en octubre del 2000; Javier Barrios, en enero de 2001. César Daniel Rivera Riveros, docente de la Uniatlántico, asesinado el 3 de febrero de 2001. Lisandro Vargas, exvicerrector de la Uniatlántico, muerto el 23 de febrero de 2001. Gabriel Castro y Demetrio Castro, abogado y profesor de la Universidad del Atlántico, muertos en febrero de 2001.

A ese extenso listado se suma el crimen del profesor y miembro de la asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico Jorge Freytter Romero, asesinado en agosto de 2001. Por otro lado el libro ‘Memoria histórica de la violencia antisindical en Antioquia, Atlántico y Santander (1975-2012)’ recoge que grupos paramilitares asesinaron entre 2000 y 2006 en el departamento del Atlántico a al menos 43 miembros de sindicatos.

Dentro de esa extensa lista, se encuentra el líder sindical Ricardo Luis Orozco Serrano, primer vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, (ANTHOC), ocurrido en el municipio de Soledad, en abril de 2001. 

Cuentas pendientes

Sobre Laíno Scopetta hoy pesan dos procesos. Uno en etapa de investigación y otro en etapa de juicio. En septiembre del año en curso fue llamado a indagatoria por la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Barranquilla por el delito de homicidio agravado, en relación al crimen del abogado, docente, ganadero y presidente de Coolechera, Gustavo Alexis De Silvestri Saade. Y en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por los asesinatos de Neftalí Romero Gutiérrez y de su escolta Adalberto Santamaría Peña, ocurridos en mayo de 2001, en la capital del Atlántico.

Pero en su contra también estaría caminando dentro de la Fiscalía una investigación por la conformación de bandas criminales que se integraron después de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC. Es decir, de 2006 hasta períodos recientes. Por el momento, seguirá preso en La Picota de Bogotá. 

Habeas Corpus

El pasado 3 de diciembre, días después de que se materializara la orden de captura contra el condenado Laíno Scopetta, su defensa interpuso un ‘habeas corpus’, acción constitucional que tutela la libertad cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, con el argumento de que este, a pesar de tener una sentencia condenatoria encima, se le concedió el recurso de apelación. Sin embargo, el togado que recibió la solicitud señaló que no podía intervenir en la decisión del juez natural de la causa y se negó a emitir una decisión. En ese sentido, Laíno Scopetta permanecerá en prisión.

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