En el primero, un fiscal presentó ante un juez con función de control de garantías a José Elman Marín, señalando su presunta responsabilidad en el delito de muerte al animal agravado. Supuestamente, el 31 de octubre en el barrio Los Limones de La Dorada, Marín golpeó violentamente a una gata hasta causarle la muerte. Fue capturado por la Policía en flagrancia después de que la propietaria del animal alertara a las autoridades.
En el segundo caso, ocurrido en Bogotá el 24 de agosto, se judicializó a José Oliverio Silva, quien presuntamente robó a una perra pastor alemán llamada Keyla en el barrio Gibraltar. La Fiscalía del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) ubicó a la mascota con signos evidentes de maltrato diez días después del robo. Silva fue imputado por hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad del animal, agravado por actos sexuales, cargos que hasta ahora no aceptó.
Estos casos refuerzan la estrategia de la Fiscalía para sancionar con severidad los delitos de maltrato animal, contemplados en la Ley 2455 de 2025, y muestran que las autoridades están actuando tanto en zonas urbanas como en municipios del interior del país.