Y no cayó el jefe de la banda, nueve capturas en Uniautónoma

El escándalo que se desató en marzo de este año en el seno de la Universidad Autónoma del Caribe, cuando la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, anunció la apertura de una investigación penal por irregularidades en esa alma mater, bajo la dirección del entonces rector Ramses Vargas Lamadrid; arrojó ayer la captura de nueve personas vinculadas con ese claustro académico.

De acuerdo con un comunicado que entregó ayer el Ejército a los medios...“el jefe de la banda, no pudo ser capturado”, en clara referencia al exrector Vargas Lamadrid, quien fue el único de los procesados a los que se les libró orden de captura que no pudo ser aprehendido.

Un piquete de 30 soldados de la Segunda Brigada y agentes del CTI, allanaron a las 4:30 de la madrugada de ayer el apartamento de los padres de Vargas, localizado en el edificio Gaia, calle 82 con carrera 58, pero no fue posible ubicarlo allí.

Sobre este hecho el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, declaró en Bogotá que se va a abrir una investigación en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, ya que supuestamente desde allí se habría alertado sobre el procedimiento de captura contra Vargas Lamadrid, y por ello este no fue encontrado ayer en el lugar donde estaba viviendo.

“El operativo debía realizarse en fecha posterior, en el curso de esta semana, pero fue necesario anticiparlo a partir de las advertencias que se nos hicieron acerca de la presunta fuga información por parte del centro administrativo de esa ciudad, que daba cuenta de la expedición de las órdenes de captura correspondientes”, apuntó el fiscal Martínez Neira.

LOS CAPTURADOS

Los nueve capturados presuntamente están involucradas en el mal manejo de los dineros correspondientes a los pagos de las matrículas de los estudiantes de la Universidad, dijo el Fiscal. Fueron identificados así: Mariano Romero Ochoa, Efraín Augusto Maldonado Palma, Sindy Paola Soler Vargas, Orlando Saavedra Magri, Laura del Carmen Laíno García, Pedro José Sierra García, Jesus David Pantoja Mercado, Johana Martina Hellembrand Royo y Yesenia Morales Magdaniel, esta última capturada en Bogotá.

Todas estas personas, incluyendo al octogenario Saavedra Magri, fueron dejadas a disposición de los fiscales de turno de la URI para su judicialización. Enfrentan cargos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.

La primera alerta sobre las irregularidades que se venían presentando en la Universidad Autónoma del Caribe datan de noviembre de 2017, cuando el entonces rector y representante legal de la universidad, Ramsés Vargas, reformó los estatutos vigentes desde el 5 de diciembre del 2003.

La maniobra tenía como objeto implementar una medida administrativa con la cual se autorizó el recaudó de las matrículas de los estudianes en dinero en efectivo, recordó ayer el Fiscal Néstor Humberto Martínez.

A estos dineros, agregó el Fiscal, los hoy capturados “le habrían dado una destinación administrativa diferente al objeto misional de la universidad”. Los indiciados, de acuerdo también con el jefe del ente investigador, “habrían llegado a perpetrar una verdadera defraudación”.

Algunos cálculos conservadores fijan este desfalco de las arcas de la Universidad en el orden de los 16 mil millones de pesos, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación. Este manejo irregular de los fondos financieros del claustro académico se venía reflejando en el pago atrasado de las mesadas laboradas al personal docente y administrativo, lo cual generó una grave crisis institucional en el importante centro de educación superior.

La intervención de la entonces ministra de Educación, Yaneth Giha, también fue fundamental para el inicio de este proceso penal contra Vargas Lamadrid. La funcionaria envió comunicaciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría solicitando colaboración “en la formalización de unas mesas de trabajo y seguimiento”, sobre lo que estaba sucediendo en la Autónoma del Caribe.

Ayer el abogado Iván Cancino, apoderado de Ramsés Vargas Lamadrid, envió un comunicado manifestando que su cliente desea que estos hechos que se le endilgan se esclarezcan a la mayor brevedad.

“Como le consta a la Fiscalía, el doctor ha estado presto durante estos diez meses para concurrir y colaborar con la labor de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, le consta a la Fiscalía por las reiteradas comunicaciones por nosotros presentadas, que el doctor Vargas y su familia son víctimas de amenazas contra su vida, las cuales se magnificaron desde comienzo de este año y el Estado ha hecho caso omiso a tal circunstancia”, expresó también Cancino. Sin embargo, no manifestó si Vargas está dispuesto a entregarse, y cuando sería la misma.

CASO EN MANOS DE LA FISCALÍA DEL ATLÁNTICO

Tras las capturas el caso queda en manos de la dirección seccional de Fiscalía del Atlántico. El organismo local fue designado para llevar a cabo de ahora en adelante el desarrollo de la investigación a través de un fiscal especializado de la unidad anticorrupción de dicha seccional, afirmó igualmente desde Bogotá el Fiscal General de la Nación.

Anoche los nueve capturados durmieron en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, en la antigua sede de la Empresa Municipal de Teléfonos, calle 41 entre carreras 41 y 43. Allí fueron llevados desde bien temprano en la mañana esposados, y bajo una rigurosa custodia militar y de personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).

Una de las frustraciones del gigantesco operativo de la madrugada de ayer, denominado en términos del procedimiento como ‘Operación Uniautónoma’, resultó la no aprehensión de Ramses Jonás Vargas Lamadrid. La información que tenían los investigadores era precisa, recientemente había regresado a Barranquilla procedente de La Florida (Estados Unidos), donde reside con su esposa y sus hijos. Se habría bajado en el apartamento de sus padres, pero allí no lo hallaron cuando irrumpieron los militares y el personal del CTI.

La expectativa se centra hoy en la posible entrega del exrector, o incluso su captura si llegar a ser ubicado por los investigadores judiciales. Sobre los nueve capturados hoy se les dará inició a las respectivas audiencias que marca este tipo de procesos.