El Juez Octavo Penal con Funciones de Control de Garantía, Alexander Vila Farelo, dejó en firme la medida de aseguramiento de casa por cárcel que el viernes había proferido contra del alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, investigado por presunta celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión judicial - tomada al mediodía del jueves - también cobijó a Edgar Charris Salcedo, exgerente encargado de la E.S.E. Distrital ‘Alejandro Próspero Reverend y al contratista Jesús Navarro Brito.
Este proceso se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud (Bastidas, La Paz, Taganga, Mamatoco y María Eugenia), los cuales fueron demolidos y no habrían sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.
El togado igualmente definió la situación jurídica del ex alcalde Carlos Caicedo Omar, el exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE), Gregorio Antonio Domínguez Fonseca y el interventor del contrato, Carlos Fabián Slebi Palacio, quienes no recibieron medidas restrictivas de la libertad porque, a criterio del juez de garantías, “actualmente no son funcionarios ni ostentan una posición que represente riesgo para las siguientes etapas judiciales”.
La diligencia judicial terminó 15 meses después de que la Fiscalía solicitó nueva audiencia de medida de aseguramiento contra los involucrados, luego de dos suspensiones y cuatro aplazamientos por problemas de salud y renuncia de algunos abogados defensores.
Apelación
Iván Cancino, apoderado de Rafael Martínez, indicó que una vez se conoció la reconfirmación de la medida de aseguramiento, junto con su fórmula de defensa, Luis Carlos Torregroza, presentó recurso de apelación.
“Estamos absolutamente seguros que en segunda instancia, muy pronto se revocará esta decisión, de tal forma que Rafael Martínez termine su período y todas las obras que inició”, comentó.
Explicó que la apelación la decide el Juez superior sin que se determine tiempo, sin embargo, anotó que “se hará lo posible para que sea a la mayor brevedad posible”.
Cancino dijo que todos los procesos tienen algo de jurídico y de político y precisó que “este tiene su tufillo”.
Por su parte, Carlos Caicedo rompió en llanto y con la voz entrecortada expresó que con lo sucedido a Martínez “tenemos el corazón roto“. “Estamos hartos y cansados de esta persecución”, enfatizó.
Dijo que para el movimiento Fuerza Ciudadana, que lidera, “no hay garantías para el libre ejercicio de la democracia“ y que por tanto “estamos considerando si continuamos postulando nuestros nombres a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía”. “Vamos a entrar en un proceso de reflexión”, precisó
El cambio sigue: Martínez
Rafael Martínez se pronunció a través de un mensaje que hizo público por redes sociales. Manifestó que pese a que lo detienen, “el pueblo sigue libre y con ganas de defender lo que en 7 años hemos logrado”. “El cambio en la ciudad seguirá hagan lo que hagan y la gente tiene claro que el rumbo de la administración no se desviará al pasado”, comentó.
Indicó que “la detención es la solución que encuentran los que quieren detener el cambio” y añadió que “no lo van a lograr”. Martínez expresó su confianza en la respuesta favorable del juez que tiene que resolver la apelación. Dijo que “la majestad de la justicia no puede mancharse por intereses ajenos a la justicia misma”.
“La justicia debe enviar un mensaje claro de independencia; un juez de garantías que de entrada prejuzga no honra su deber de ser imparcial”, enfatizó. Insistió en que “en la contratación por la que se me investiga no se perdió ni un solo peso y las obras están entregadas y en funcionamiento”. “¿Cuál es la necesidad de detenerme?”, preguntó.
“No he cometido un solo delito, y el objetivo de la medida de aseguramiento en mi contra es sacarme de la alcaldía”, puntualizó.
Alcalde encargado
La ausencia obligada del alcalde es suplida por el secretario jurídico Adolfo Torné, quien había sido designado como tal, un día antes de conocerse la decisión del Juez de Control de Garantías, pues a través de un acto administrativo, Martínez entró a gozar de un período de vacaciones pendientes.
Así las cosas, el mandatario fue quien tuvo la potestad administrativa de nombrar su sucesor de manera temporal.
Se indicó que el reemplazo del Alcalde tras la medida de aseguramiento solo se tomará cuando terminen sus vacaciones. Esto significa que el movimiento Fuerza Ciudadana tendrá 30 días para definir la terna que le presentará al presidente Iván Duque para que de ella designe nuevo gobernante.
Adolfo Torné es abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo y Magister en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Trabajó en la Rama judicial entre el 2006 y 2012.
Con información de: Agustín Iguarán González y Jesús M. Solano R.