¿Qué Pasa?

Rafael Uribe no tiene dinero para pagar la multa por el atroz asesinato de Yuliana

Recientemente el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena a Rafael Uribe, de 51 años y 10 meses a 58 años.

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En diciembre de 2016 un juez dictaminó que Rafael Uribe Noguera, el hombre sindicado de matar a la niña de 7 años, Yuliana Samboní el pasado 4 de diciembre del año, estaría obligado a pagar una condena de hasta 60 años y pagar una indemnización de la suma de COP $1.000 millones a la familia de la víctima.

Acorde a la Fiscalía, el pasado 2 de noviembre el Tribunal de Bogotá, después de un estudio detallado, aumentó la condena del agresor a 58 años de cárcel y el magistrado aumentó la multa a 100 salarios mínimo, es decir a COP $1.299 millones.

[Ver: 58 años de cárcel: le aumentaron la condena a Rafael Uribe por el atroz asesinato de Yuliana]

Por desgracia, según lo señalado por una fuente de la Fiscalía a Caracol Radio, Uribe fue investigado por todos sus bienes materiales, y no se le encontró nada a su nombre. Lo que quiere decir, que no tiene como indemnizar a la familia.

El otro asunto que queda por definir es si la familia de la niña, va a demandar, explicó al medio Viviana Benavides, abogada de la familia Samboní. También dijo: “Estamos a la espera, luego de conversar con la familia de Yuliana, para conocer si acudirán a la indemnización como forma de reparación, es una decisión que solo puede tomar ellos”.

Cabe recordar que en el mes de abril los padres de la víctima dijeron que no querían la indemnización, debido a que, como le explicó Benavides a BBC : "La familia Samboní es indígena, y ellos consideran que si obtienen dinero sería como vender a su hija".

Para la familia es más importante el valor cosmogónico de su hija que el dinero de la indemnización. Los Samboní pertenecen a una familia de indígenas, en el documento de El desarrollo humano y los pueblos indígenas por Carlos Batzin se explica que, “una relación indisoluble e interdependiente entre Universo, Naturaleza y Seres humanos, la promoción de los derechos colectivos y un modelo de producción comunitaria”.