La deuda social con San Onofre sigue sin saldar

Este miércoles 24 de julio se cumple un año de la alerta temprana 061-18 emitida por la Defensoría del Pueblo y avalada por el Ministerio del Interior para advertir que la seguridad en el municipio de San Onofre está en riesgo.

Y no era para menos. Esta población costera fue utilizada por los paramilitares para imponer su ley y para lucrarse con el envío de droga al exterior. Territorio apetecido por maleantes, es golpeado y manejado hoy en gran parte por el Clan del Golfo, como lo reconoció hace tres semanas el Ministerio de Defensa en un consejo de seguridad.

Pero mucho antes la Defensoría ya había informado, en las 29 páginas de la alerta, lo que estaba ocurriendo y lo que puede seguir ocurriendo si no hay acciones para contrarrestar esos males.

Son 44 recomendaciones para la institucionalidad armada, policial y civil que, en su mayoría, según lo expresado a este medio por Rosa Vergara Hernández, defensora regional del Pueblo, los responsables no han cumplido en su totalidad.

Si la ministra del Interior y el defensor del Pueblo Carlos Negret Mosquera llegaran mañana a Sucre a revisar esos cumplimientos, la institucionalidad saldría, sin duda alguna, muy mal librada. No solo porque han omitido estas recomendaciones, sino porque los hechos violentos hablan hoy por sí solos.

Los homicidios en Sucre en todo el 2018 fueron 130 y de estos, 16 ocurrieron en San Onofre; y hasta ayer iban 77 asesinatos en el departamento y 14 de estos en San Onofre, lo que indica que en 2019 la cifra puede ser mayor que la de 2018.

El asesinato a finales de marzo de Eliécer Bello Contreras y de su hijo Arleys, un prospecto de la música urbana, ocurrido en el corregimiento Pajonal, es una muestra de la barbarie que se vive en San Onofre, donde hace cinco días circuló un panfleto en el que amenazan a 35 personas. A algunos los tildan de estar en el negocio de las drogas ilícitas y a otros, de “líderes sapos”. Por eso estos últimos le piden garantías de seguridad al Gobierno Nacional.

Rodrigo Ramírez, líder y defensor de Derechos Humanos, denuncia que en San Onofre hay una “reparamilitarización” y aclara que las comunidades organizadas de El Rincón del Mar, sus líderes, están amenazados por miembros de los grupos armados.

Esos hechos, previsibles para la Defensoría del Pueblo y por los cuales emitió la alerta, no han sido contrarrestados por parte de la Alcaldía de San Onofre que debía “convocar periódicamente reuniones del consejo de seguridad para evaluar las situaciones de riesgo de vulneraciones de DDHH de los habitantes de las zonas identificadas en este informe, con el fin de que se elaboren y apliquen planes de seguridad que permitan contrarrestar las acciones de violencia y salvaguardar los derechos de los pobladores de zonas urbanas y rurales (sic)”.

La Alcaldía de San Onofre, junto con la Gobernación y el Sena, debía implementar acciones, planes y proyectos para fortalecer el desarrollo económico sostenible de los campesinos y pescadores del municipio, pero este año, por ejemplo, el Sena no operó en San Onofre.

Una recomendación para la Unidad Nacional de Protección es la de imprimirle celeridad a las solicitudes de protección y los estudios de nivel de riesgo de quienes están amenazados, tarea que deben concretar con los 35 recién amenazados.

Y aunque la Defensoría y Ministerio del Interior le piden a la Policía e Infantería de Marina acciones sostenidas y permanentes contra los grupos armados en la zona --para bloquear los corredores del narcotráfico--, estas son esporádicas y esa es la percepción de la ciudadanía en San Onofre.

La defensora del Pueblo en Sucre anticipó a este medio que habrá una evaluación a estos compromisos con la presencia en terreno de personal del nivel central. La primera entidad que deberá dar cuentas es la Personería Municipal de San Onofre, pues es a este ente al que le encomendaron ese seguimiento.

Un punto crítico es que todas las entidades comprometidas en la alerta debían enviar informes periódicos a la dirección del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, pero nunca lo hicieron.

La alerta se refiere a 5.900 personas de los corregimientos Berrugas, El Rincón del Mar, Higuerón, Libertad, Sabanas de Mucacal, Labarcé y San Antonio, así como a los corregimientos de Chichimán, Alto de Julio, Las Brisas y Sabanetica.

Y se refiere de manera exclusiva a líderes y lideresas de las 62 organizaciones de víctimas, a los 33 de las juntas acción comunal, a los pescadores de El Rincón y Berrugas, comerciantes, mototaxistas y profesores, entre otros.