La ‘carta salvadora’ que llegó a última hora, y evitó traslado de Enilce López

Roberto Carlos Amor Olaya, gerente regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad administradora de bienes que se encuentran en extinción de dominio, y que ordenó el pasado martes el desalojo en la vivienda de Enilce López Romero, declaró ayer que el acto administrativo se suspendió por una comunicación que mostraron a última hora los abogados de la exempresaria del chance, firmada por el Inpec y el Uspec.

Esa, según el funcionario, fue la carta ‘salvadora’ para que el acto administrativo no se concluyera el 24 de abril en la vivienda del barrio Altos de Riomar, en el norte de Barranquilla. De acuerdo con Amor, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, manifestaban en el documento al Juez de Ejecución de Penas, quien había ordenado el traslado de López Romero a un centro carcelario, “la imposibilidad actual de cumplir con la medida de prisión” de la mujer condenada por homicidio.

“Cuando vemos ese documento, a las 6 de la tarde, nos vimos abocados a revisar las consecuencias jurídicas y administrativas que teníamos sobre el desalojo, bajo las condiciones planteadas. El Inpec manifestaba no poder seguir las condiciones establecidas en el pronunciamiento judicial”, expresó el gerente de la SAE.

A esto, según Amor Olaya, se sumó en la diligencia que funcionarios de la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía Distrital indicaron que en un hogar geriátrico “no tenían cupo para recibir a los dos adultos mayores”, en este caso la señora Lucila Romero Castro, de 88 años, madre de Enilce López, así como una tía identificada como Arelis Velilla Castro, de 76 años.

“Ante eso, la SAE no podía proceder con la diligencia. Podía dejar en un limbo a tres personas. Aunque Enilce López tenga condena y un mal estado de salud, a la SAE le quedaba complejo porque esas personas iban a quedar en un limbo”, repitió Amor.

Otras de las dudas que despejó ayer el funcionario sobre el desalojo estuvieron relacionadas con los exámenes médicos de López Romero y el ingreso a la vivienda.

NADIE ENTRÓ

Aclaró que nadie entró ese día a la casa de la exempresaria del chance, al menos, ninguno de los funcionarios que acudieron a la diligencia, en este caso Personería Distrital, Procuraduría Provincial, Icbf, Oficina del Adulto Mayor y un representante de la Secretaría de Salud del Distrito.

Advirtió que la SAE “no es una entidad que hace parte del proceso penal o de ejecución de la pena que la señora cumple, eso es un tema que se surte ante autoridades judiciales”. Esto, en relación a que fue un funcionario de la Secretaría de Salud Distrital quien emitió un concepto sobre los exámenes médicos que aportaron los abogados de López, con base en la información de los médicos tratantes –entre ellos el neurólogo David Dacur y el internista Geovanny Young– y no un médico del Instituto de Medicina Legal.

“Lo que resultó de toda la jornada fue una diferencia de criterios entre las entidades, donde algunos consideramos que las condiciones estaban dadas, y sobre quienes consideraron que las condiciones no estaban dadas para que el traslado se hiciera”, anotó.

Finalmente, el funcionario señaló que ante tantas peticiones un miembro de la Personería Distrital solicitó la suspensión de la diligencia. Luego de esto se pactó la nueva fecha para el 10 de mayo. Sin embargo, los abogados de López Romero precisaron que antes de ese día la casa sería entregada a la SAE.