Identifican 4 estructuras criminales tras invasión de predios en el Atlántico

Hombres fuertemente armados aprovechan el negro crespón de la noche para cumplir su cometido. Es una tarea que han planificado con antelación.

Gritos, amenazas y golpes hacen parte de su estrategia para infundir el miedo. Solo son necesarios unos pocos minutos para incursionar –de forma ilegal– en un extenso lote, a pesar de contar con un legítimo propietario.

Es una escena que se repite casi que a diario en cualquier municipio del Atlántico. Una problemática que ha crecido a “pasos agigantados”. Esta situación ha despertado la preocupación de la comunidad en general, por las afectaciones que sufren a causa de este flagelo.

En los últimos días, gremios y empresas del Atlántico se han unido para alertar a las autoridades sobre esta situación, que amenaza a miles de familias: desde los propietarios hasta los terceros que adquieren dichos terrenos que nunca pueden ser registrados.

“Su actuar es casi siempre similar: falsifican escrituras, hacen registros fraudulentos, amenazan a testigos, compran a funcionarios y consiguen amparos policivos espurios”, se lee en la mencionada misiva.

Por eso, la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, Camacol Atlántico, Asoganorte, Fenalco, el Grupo Argos, Marval, Construcciones e Inversiones Beta y Valorcón solicitaron acciones para desarticular a las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita.

¿Qué dicen los gremios?

La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte), uno de los gremios firmantes de la misiva, expresó a EL HERALDO su preocupación ante el incremento de los delitos y agregó que esto no solamente se presenta en los municipios del área metropolitana de Barranquilla, sino también en los municipios costeros.

“Esta situación no solo se presenta en el área metropolitana, sino también en la zona costera, en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, específicamente en Santa Verónica, donde se presentan casos de profesionales dedicados al hurto e invación de tierras”, resaltó la agremiación.

Otros casos relacionados con Asoganorte se han presentado en Soledad, Malambo y Piojó.

Por eso exhortaron a las autoridades a formar equipos interdisciplinares dedicados a frenar el delito.

“Los verdaderos dueños de las tierras cuando empiezan a defenderse se ven amenazados por estas bandas delincuenciales que aparentemente tienen tentáculos en las instituciones del Estado. Hay que revisarlo y mirarlo con mucho cuidado”, agregó la institución.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Atlántico señaló que que “este tipo de prácticas deshonestas perjudican el desarrollo y crecimiento de la ciudad y el departamento, lo que podría afectar en gran medida, si esto sigue en la impunidad, la construcción de urbanizaciones y, por ende, la calidad de vida de los ciudadanos que esperan en el corto plazo, más proyectos urbanísticos donde invertir”.

El gremio especifica que en su caso “son varios los lotes ubicados en el área metropolitana los que se han visto afectados, especialmente aquellos donde se tiene previsto que debe crecer la ciudad”.

“Aquí lo importante es que por mucho tiempo hubo un desgaste individual por parte de los propietarios legales de estos predios que denunciaron el atropello y no han tenido respuesta alguna y mucha menos celeridad en los procesos”, se pronunció la entidad.

Los afiliados de Camacol confesaron una “clara afectación” por “la rapidez en la que se realizan estas actividades ilegales”, pero sobre todo por “la complicidad de muchos entes y funcionarios territoriales” para favorecer los intereses delictivos.

“Esta situación ya está tan grave que incluso los invasores le colocan una denuncia penal al dueño real del lote, proceso al que se le da trámite rápidamente perjudicando aún más al propietario en su buen nombre”, argumentó la seccional Atlántico de Camacol.

“Aquí aplica es la Ley del Oeste. Tenemos que acabar con este problema que cada día viene con más fuerza y judicializar a todo aquel que haya participado a favor”, agregó.

A su turno, la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla argumentó que “cuando no se ofrecen las garantías suficientes para la defensa de la propiedad privada, se generan desincentivos para invertir en el sector”.

Sin precisar, este gremio señaló que varios afiliados han sido afectados por estas expropiaciones ilegales.

“Los afectados por supuesto quisieran no tener que enfrentarse a este tipo de proceso, por lo cual nos mantienen una fiel solicitud de activar todos los mecanismos de alerta para prevenir la ocurrencia de este tipo de sucesos y exigir todo el peso de ley ante los grupos delictivos dedicados a esta actividad lucrativa”.

Si bien los casos son “dispersos y aislados”, desde el gremio destacan que “resulta inaudito la coincidencia en la operatividad del delito, , lo que nos deja evidencia clara que las personas dedicadas a promocionar u organizar estas invasiones conocen perfectamente el paso a paso a seguir para lograr su acometida”.

Finalmente, desde la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico

(CEO) se señaló que más allá de la afectación al empresario, con este tipo de delitos afectan los ahorros de miles de personas estafadas “porque les venden tierras que no son de quien dicen ser”.

Las gestiones de Granabastos para recuperar un predio invadido

La Gran Central de Abastros del Caribe (Granabastos) se ha visto envuelta en una serie de conflictos legales en los años recientes por la invasión de un predio en Malambo que este año pudo recuperar.

Según un documento conocido por EL HERALDO, el pasado 30 de julio la Policía de Malambo emitió la resolución 006 en la cual concede el Amparo Policivo Statuos Quo a favor de Granabastos del predio conocido como ‘La Florinda’, en el barrio Ciudad Caribe, el cual se desprendió de un lote de mayor extensión dividido por la prolongación de la avenida Murillo.

Este amparo policivo es el resultado de una cruzada, de tres procesos, emprendida por Granabastos para recuperar el predio que ha sido propiedad de la central mayorista

desde 1991, de acuerdo con los documentos soportados.

Según los registros, la invasión del predio ocurrió el 8 de julio de 2019 y se hace de conocimiento público cuando la patrulla de Granabastos pasa por el lugar a las 6:00 a.m. y encuentra una “una precaria construcción de un pequeño cuarto de unos 3x2 metros donde se visualiza aun el cemento fresco”, presuntamente levantado entre las 2: 00 a.m. y las 6:00 a.m. siendo la primera la hora del último control.

Sin embargo, cuatro días después la inspectora de la Policía de Malambo otorgó un amparo policivo a favor del invasor “supuestamente ratificando un amparo policivo en 2006”, el cual venció en 2011 y “no era viable su ratificación”.

Identifican a organizaciones criminales

Desde hace muchos años, unas “mafias” han estado detrás del apropiamiento de terrenos en distintos puntos del área metropolitana de Barranquilla.

Así ha sido identificado por parte de la Policía Nacional, que ha venido haciendo un estricto seguimiento a esta problemática.

“No solamente utilizan la fuerza para ingresar los predios, sino que cuentan con una amplia capacidad legal. Tienen la capacidad de permear algunas instituciones para conseguir los respaldos documentales y así ganar tiempo para adueñarse de estos terrenos”, sostuvo el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar).

El oficial explicó que la norma otorga un periodo de 48 horas para que la institución policial pueda intervenir y retirar a los invasores tras el aviso por parte del propietario.

Sin embargo, los ocupantes están “preparados” para bloquear la actuación de la Policía a través de la figura de amparo policivo y otros documentos que respaldan la disputa del mencionado predio: “La Policía queda sin la posibilidad de actuar en ese momento”.

El general Rosero agregó que se han adelantado investigaciones que han permitido identificar 4 organizaciones criminales dedicadas a este delito.

Sostuvo que entre 2020 y 2021 han recibido 71 denuncias. Además se han materializado 31 capturas tras los procesos judiciales que se han desarrollado: “Esas capturas responden a las ocupaciones y se comprueba que lo hacen de manera fraudulenta”.

El comandante de Mebar también expuso que algunas de las zonas más afectadas por este delito son las localidades Suroccidente y Suroriente de Barranquilla, así como la zona norte de la capital del Atlántico.

“Se ha acentuado en municipios aledaños, principalmente en Soledad. Observamos que ocupan predios que están en las últimas cuadras y calles de los barrios. Son terrenos en los que pueden tener injerencia otras estructuras delincuenciales, las cuales les brindan apoyo para amedrentar a los propietarios legítimos”, agregó.

El general Rosero indicó que, en conjunto con la Fiscalía, adelantan una “exhaustiva investigación” sobre este tema, de la cual esperan entregar resultados tangibles en los próximos meses.

“No es fácil, pero seguimos realizando nuestro trabajo de manera coordinada con otras autoridades. Tenemos el respaldo de los entes territoriales y avanzamos en este trabajo”, agregó.

Por último, pidió a la comunidad a denunciar este tipo de hechos, puesto que así contarán con los elementos necesarios para avanzar en las pesquisas

para desmantelar los grupos criminales dedicados a este ilícito.

El amparo policivo

El abogado Alfonso Camerano explicó a EL HERALDO que la figura de amparo policivo se encuentra contemplada en el Código Nacional de Policía y cuenta con carácter temporal.

“Todos estos fallos no son definitivos. Las partes deben debatir el asunto a fondo sobre quién tiene el derecho sobre el bien”, sostuvo.

Empero, expuso que esta figura es utilizada para legitimizar las invasiones de hecho, las cuales se desarrollan “de mala fe”.

“De esa forma pueden desarrollar negocio de loteo para crear lo que se llama la urbanización pirata; eso ha ocurrido en las ciudades y los municipios que van creciendo por el fenómeno del desplazamiento de violencia y la llegada de migrantes”, agregó.

Puso de presente que la ocupación de hecho está antecedida, regularmente, de “organizaciones criminales, en las cuales intervienen diversos actores que pueden definir dicha petición”.

Camerano agregó que “se ha constituido en un factor de corrupción. De una finca

se pueden sacar muchos lotes para vivienda, que venden, y cuando el verdadero dueño llega ya hay una papelería que respalda la invasión”.

Dos casos registrados en Puerto

Oskar Escobar y Elsa Marimón no se conocen. Sin embargo, ambos están padeciendo a causa de una misma situación: vienen librando una batalla judicial para demostrar que son los legítimos dueños de predios que fueron invadidos por “personas inescrupulosas”.

En el caso de Escobar, el “calvario” inició en 2019, cuando junto a otros empresarios decidió adquirir un lote para la construcción de un conjunto residencial en el municipio de Puerto Colombia.

“Tras tener todos los permisos en regla, empezaron los problemas puesto que aparecieron unas personas para reclamar la posesión del terreno”, sostuvo Espinosa, quien actúa como representante legal de la sociedad Bienes con un Fin Social.

El hombre indicó que desde ese momento han tratado de demostrar que son los verdaderos propietarios. Sin embargo, se han enfrentado a una “empresa criminal” que cuenta con el respaldo de algunos funcionarios locales.

Una historia similar vive Elsa, quien por más de 40 años ha ejercido la posesión de un predio ubicado en el kilómetro 7 de la autopista a Puerto Colombia. Empero, a principios del presente año se inició una confrontación con un grupo de personas que reclaman la propiedad del mismo lote a través de un amparo policivo.

“La amenazaron, que debía irse si no quería sufrir algún daño a su integridad. Eso fue denunciado. Con las obras de la segunda Circunvalar le demolieron una pequeña casa y la construyó más atrás”, sostuvo Francisco Borrero, abogado de la mujer.

Mientras se define la propiedad del predio, la familia Marimón ha venido siendo objeto de nuevos actos intimidatorios: “Les han tratado de correr la cerca; los vecinos de la zona saben que la persona que pretende quedarse con el lote no se encuentra en la zona desde hace más de 18 años”.