Con miras a prevenir que más niños resulten quemados con pólvora este fin de año y comienzo del otro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, lanzó una campaña para evitar el uso de la pólvora.
Según el Instituto Nacional de Salud entre diciembre de 2017 y enero de 2018 se presentaron 8 casos de menores afectados por esta práctica. La directora General del Instituto, Juliana Pungiluppi, lanzó la campaña ‘Fiesta sin pólvora’ con el objetivo de evitar que los niños, niñas y adolescentes sufran lesiones, heridas, intoxicaciones, mutilaciones o daños irreparables.
“El llamado del ICBF a los padres es a que cuando ocurran estos casos, no se queden callados por temor a las amonestaciones. Lo primero que tienen que hacer es acudir a los centros de salud, lo peor que podemos hacer es que se agrave el impacto por un mal manejo de las situaciones”, aseguró la funcionaria.
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Salud, en la semana epidemiológica entre el primero de diciembre de 2017 y el 14 de enero de 2018, se registraron 299 niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora en todo el país, figurando el Cesar entre los primeros 14 departamentos con casos registrados, después de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Caldas, Córdoba, Nariño, Sucre, Cundinamarca, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander, Atlántico y Tolima.
“En estas fiestas el mejor regalo que le podemos dar a los niños, niñas y adolescentes es cuidar su integridad y por eso, debemos mantenerlos alejados de la pólvora”, dijo la Directora del Icbf.
PROCESOS PEDAGÓGICOS
“Desde el Icbf trabajamos con todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a través de nuestras 33 regionales, desarrollando procesos pedagógicos y preventivos para que las familias de Colombia vivan una fiesta sin pólvora”, manifestó Juliana Pungiluppi.
Precisó que cuando un niño o adolescente resulte quemado por uso de la pólvora es competencia de las autoridades iniciar los procesos sancionatorios a los padres o representantes legales, que van desde una sanción civil como talleres comunitarios, tareas de prevención y atención emergencia, o una sanción pecuniaria que implica el pago de hasta 5 salarios mínimos legales vigentes.