Como si fuera poco el berenjenal en que se encuentra metida la representante conservadora por el Atlántico, Aida Merlano; ahora enfrenta una nueva dificultad política: en esta oportunidad con el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Merlano permanece presa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, pues según afirma la Corte Suprema de Justicia lideró una “organización criminal” de unas 2000 personas para corromper al elector y hacerse elegir en el Senado, en los comicios del pasado 11 de marzo.
El actual embrollo surge porque hasta el viernes pasado la parlamentaria no había rendido el reporte de gastos de la cuestionada campaña que la tiene entre rejas. De acuerdo con la normatividad, los aspirantes a Congreso tenían plazo hasta el pasado miércoles 11 de abril para entregar a los partidos que los avalaron, los detalles de la inversión.
En el caso de Merlano el partido conservador. Luego estas colectividades deben reportar dicha información al Consejo Nacional Electoral.
Este término se venció el viernes 11 de mayo pasado, sin que en el caso de Merlano se conocieran los balances contables de su candidatura. El incidente ya está registrado en la entidad electoral y le puede provocar a la representante una multa que oscila entre 15 y 150 millones de pesos.
La máxima autoridad puede aún hacer un nuevo reclamo de esos movimientos de recursos, y de no obtenerlos le podría representar a Merlano, además, la pérdida de parte del Estado del pago de los 72.250 votos que obtuvo en su cuestionada elección al Senado.
En otras palabras, a pesar de la elección controvertida que la tiene con medida de aseguramiento, Merlano estaría en capacidad de recibir una suma millonaria estatal por el pago de sus votos. Claro está, si alcanza a hacer el reporte de gastos de campaña que exige el CNE.
La Corte Suprema de Justicia está atenta a esta información, pues en el paquete de pruebas contra la dirigente política la Fiscalía y la Dijín afirman que incurrió en gastos de campaña del orden de los 6 mil millones de pesos. Gran parte de esta suma invertida en el pago de 40 mil pesos a los votantes para que sufragaran por ella, más 5 mil pesos de subsidio de transporte, de acuerdo con lo dicho los cargos que le están imputando.
Aida Merlano enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fabricación, porte o tenencia de armas y posesión ilícita de cédulas.