En una investigación que duró 7 meses, miembros del CTI de la seccional Barranquilla lograron identificar a Yicela Caro Bernal, funcionaria de la Oficina de Talento Humano de la Rama Judicial de esta capital, como la presunta jefe de una banda que al parecer vinculaba de manera fraudulenta como servidores públicos a quienes sin trabajar en la Rama les consignaban periódicamente salarios a sus cuentas de ahorro.
Esto lo reveló ayer desde Bogotá Luis González, director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, quien además informó que en 11 allanamientos se produjeron 9 capturas en Barranquilla por estos hechos.
“Se pudo establecer que siete personas (particulares) y una servidora que manejaba el aplicativo para el pago, las incluyó como servidores de descongestión, pero jamás habían sido contratadas, jamás ejercieron ninguna labor”, dijo.
“Se pudo establecer que siete personas (particulares) y una servidora que manejaba el aplicativo para el pago, las incluyó como servidores de descongestión, pero jamás habían sido contratadas, jamás ejercieron ninguna labor”, dijo.
Los capturados serían, al parecer, Nelson Orozco Movilla, cerebro de la defraudación a la Rama Judicial del Atlántico, Adelaida De La Cruz Perea, Rafael Bolívar Mercado, Yaidis Didas Sarmiento, Matthew Arteaga Quintana, Katherine Molina Romero, David Cabrera Cassiani, Dayana Charris Quintana y Jairo Rodelo.
EL HERALDO cuenta que el desfalco duró cinco meses, entre marzo y septiembre, y que por cada falso empleado que incluyó en nómina, la funcionaria admitió haber recibido $1 millón.
Deberán responder por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público, peculado y concierto para delinquir.
Caro Bernal —quien está prófuga— fue descubierta luego de una auditoría realizada a nivel nacional a la nómina de la Rama Judicial.
“Esta funcionaria vinculó de forma irregular a la nómina mensual, en los últimos meses de 2014, a estas personas como servidores de descongestión sin que lo fueran y les pagó más de 100 millones de pesos. Lo hizo violando, manipulando el software con el que se paga la nómina”, dijo González.
El director Nacional de Seccionales dijo que la investigación tuvo como punto de partida una alerta hecha por la Contraloría. El CTI encontró que estos ‘funcionarios fantasmas’ no tenían ningún vínculo contractual, ni realizaron ninguna labor en la Rama Judicial, tampoco encontraron sus hojas de vida.
“Los pagos a estas personas no se encuentran soportados documentalmente en los archivos de la Rama Judicial, carecen de resolución de nombramiento, acta de posesión y formatos de hojas de vida, lo que nos permitió establecer que Caro Bernal expedía las certificaciones sin los soportes legales”, aseguró Luis González
La denuncia formal fue instaurada por Patricia Beatriz Calderón, jefe de la Oficina de Talento Humano de la Rama Judicial del Atlántico, cuyo usuario y clave del software fue usurpado por Caro Bernal.