Fiscalía solicitó prisión domiciliaria para extrabajadores de Drummond
‘Tenían un negocio’, dice el ente investigador frente al fraude pensional.
Por más de $90 mil millones habrían sido estafadas las empresas del sistema pensional del país y las aseguradoras que cancelaron a los bancos deudas de créditos otorgados a extrabajadores en su mayoría de empresas mineras quienes obtuvieron la pensión por invalidez con documentación fraudulenta.
Esto según lo indicado por la Fiscalía 12 seccional que lleva a cabo la investigación que a la fecha deja a 40 personas procesadas, entre extrabajadores mineros, exmiembros de la Junta de Calificación del Cesar, la cual desapareció debido a las irregularidades encontradas, y a tramitadores.
En la más reciente redada del CTI de la Fiscalía que dejó a 9 pensionados de Drummond capturadas, las cuales están siendo judicializadas en el Juzgado Primero Penal con funciones de conocimiento, el ente acusador solicitó para 8 de estos, la detención domiciliaria, ya que uno se encuentra hospitalizado y fue imposible que compareciera al estrado judicial.
Se trata de Fabio Zulueta Poveda, Henser Sierra Mendoza, Luis Miguel Gutiérrez Jiménez, Diego Armando Martínez Amara, Carlos Tulio Mendoza Medina, Jorge Simón Caamaño Barrios, Yimi de Jesús Rosado Zuleta y Nilson Alonso Ospino Herrera, quienes no aceptaron los cargos por los delitos de fraude procesal, estafa agravada y falsedad en documento público.
Según el ente acusador todos ellos habrían defraudado a las empresas aseguradoras como Allianz, Chubb Seguros, Suramericana y Alfa Seguros, además de Colpensiones, por la suma de $3.900 millones. Además del dinero que recibieron por parte de la Multinacional Drummond al ser pensionados. Cabe señalar que la Fiscalía ha indicado que el monto total de toda la investigación por todos los casos asciende a más de $90.000.000.
TENÍAN UN NEGOCIO
El fiscal Gentil Bueno indicó que a través de entrevistas y declaraciones recopiladas han podido establecer que los médicos de la Junta de Calificación del Cesar, en el afán de enriquecerse y de emitir calificaciones espurias e infundadas violaron flagrantemente el debido proceso.
“Cada paciente o los trabajadores de estas empresas mineras siempre tienen todo tipo de seguros, inclusive seguros de vida, protección a la ARL, cada vez que se presenta cualquier tipo de patología lo primero que ellos tienen en primera instancia son las EPS y las ARL con médicos analistas que califican su estado de salud, pero resulta que ahí no era posible que a través de estos médicos se pudiera arrojar un porcentaje para la pensión entonces iban directamente a la Junta Regional de Calificación que era donde estaba el negocio”, sostuvo el fiscal.
Ayer al cierre de esta edición se debatía la medida de aseguramiento a imponer por el juez.
