Fiscalía halló hasta firmas falsas en contratos del IMC de Soledad

La liquidación del Instituto Municipal de Cultura de Soledad (Imcs) fue el desenlace de “presuntas defraudaciones” lideradas desde su cúpula. Esta es una de las conclusiones de la investigación de la Fiscalía 60 de la unidad seccional de delitos contra la Administración Pública, por la cual hace 18 días fue capturada Saskia Giselle Donado Ibáñez, exdirectora del ente en liquidación.

Dos agentes del CTI detuvieron el 29 de septiembre a Donado, de 28 años, cuando caminaba a las 6:15 de la tarde por la carrera 54 con calle 59, barrio El Prado. Estaba acompañada por una familiar, al ser notificada de que había en su contra una orden judicial por cargos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

En el informe de aprehensión se consignó que, al ser abordada por los servidores, “intenta correr, tropezando con su propio calzado y cayendo al piso, siendo ayudada a levantarse, constatando que no sufrió lesiones de consideración”.

Donado fue vinculada a las pesquisas por la denuncia que la veeduría Ojos de Soledad presentó el 6 de julio del año pasado, después de que EL HERALDO publicara en enero las irregularidades destapadas en el Imcs, tras el anuncio de su liquidación por parte de la Alcaldía municipal.

“A esta denuncia se suman las noticias que sacó el periódico EL HERALDO, informando a la ciudadanía de los manejos que estaban realizando, que dieron como resultado la liquidación del instituto”, aseguró la fiscal 60 durante la audiencia de imputación de cargos realizada, el viernes 30 de septiembre, ante el juzgado promiscuo municipal de Galapa.

La exfuncionaria, quien fue reina del Carnaval de Soledad en 2010, se allanó a los dos delitos que la Fiscalía le endilgó. “Entendí perfectamente y acepto los cargos”, fue su respuesta al juez, que le impuso detención domiciliaria porque está embarazada. Donado espera, ahora, que el proceso pase a un juez del circuito para conocer la condena que deberá purgar.

HALLAZGOS PREVIOS

La queja penal instaurada por Carlos Julio Robles, de la veeduría Ojos de Soledad, se centró en la respuesta que Donado, como directora del Instituto de Cultra, le dio el 14 de abril de 2014 al derecho de petición en que solicitó informarle sobre los contratos celebrados durante el año anterior por el ente descentralizado.

En la contestación se relacionaron una lista contratos, cédulas y nombres de los beneficiarios, y los valores cancelados. Pero al contrastar los datos obtenidos, expuso el dirigente cívico, había visos de que no se había cumplido el objeto de los mismos y aun así se habían pagado las obligaciones, pero no a las personas referenciadas como contratistas.

La Fiscalía explicó que, con la denuncia y las noticias publicadas por EL HERALDO, se hizo un consolidado de la información y se inició así con la investigación. “Para efectos de confirmar los hechos que se ponen en conocimiento de la autoridad”.

El trabajo de funcionarios del grupo de delitos contra la administración pública del CTI encontró que ya había unos hallazgos de la Contraloría de Soledad, bajo la gestión de Gloria Castaño Vargas, por los hechos que involucran a Donado y otros cometidos con anterioridad. De hecho, ya hay sanciones disciplinarias y de tipo fiscal.

SIN REPORTE PÚBLICO

Las anomalías se descubrieron al confrontar a los gestores culturales que, según los contratos, habían prestado servicios como dar clases en colegios del municipio.

“Contestaron que habían recibido una cierta cantidad de dinero, pero no toda la que aparecía en el informe anexo de la ejecución presupuestal del 2013”, mencionó el veedor Robles. E identificó a algunos de ellos: Omar Humberto Pacheco, María Ensuncho Bornacelly y Carmen Llerena.

La Fiscalía y el CTI recopilaron los contratos, gracias a las auditorías que no solo realizó la Contraloría de Soledad, sino también la Personería del municipio. Lainformaciones dieron cuenta de las falencias administrativas en el Imcs, durante la gestión de Donado Ibáñez, como que no se hicieron publicaciones en los portales públicos de contratación del Estado. En respuesta a la Fiscalía, la agencia nacional Colombia Compra Eficiente certificó el 16 de mayo de este año que no se encontraron procesos de contratación pública en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) por dicha entidad – el Imcs–, para los años 2012 y 2013.

CONTRATOS SIMILARES

La línea investigativa de la Fiscalía arrojó que la modalidad delictiva de la directora Saskia Donado fue “realizar unos documentos que denominaba ‘contratos de prestación de servicio’, y reiteraba el objeto del contrato en diversos periodos del año 2013, hasta por valores iguales en los mismos”.

Si bien en la respuesta al derecho de petición de la veeduría allegó un listado de contratos de 2013, que sumaron $500 millones 150 mil, la Fiscalía se refirió en las audiencias solo a los $65 millones destinados para falsos pagos a Onésimo De Jesús Schmalbach Klever, María Alejandra Barraza, Omar Humberto Pacheco Cera y Juan David Rodríguez Camargo.

Otra de las irregularidades en común de esos acuerdos es que ninguno contó con el visto bueno de Betzaida Guerra Martínez, asesora jurídica contratada en la administración de Franco Castellanos Niebles y luego, en simultánea, por la directora de cultura. “¿Era requerimiento obligatorio?”, preguntó la Fiscalía en una entrevista rendida por Guerra. “Sí, era un requisito obligatorio”, contestó.

Tres de los contratos colocados a nombre de Pacheco, por ejemplo, tuvieron como objeto que fuese instructor de música folclórica para estudiantes de primaria y secundaria del Instituto Técnico Industrial del Atlántico (Itida). “Los días martes, jueves y sábados, por valor $4 millones 500 mil”.

Uno fue fijado por un valor de $13 millones 500 mil, entre el 2 de julio y 20 de octubre de 2013; y otro por $4 millones 500 mil, entre el 9 de diciembre al 31 de diciembre del mismo año.

Los funcionarios del CTI develaron las falsedades al interrogar a la rectora y el coordinador de docentes del Itida. La primera aseguró que no conocían a Pacheco y no era cierto que hubiese concurrido a capacitar a estudiantes en actividades culturales, a nombre del Imcs. “En el Itida no se llevó a cabo ninguna actividad de tipo cultural por parte del Instituto de Cultura de Soledad”, fue la respuesta del coordinador a los investigadores.

El mismo Pacheco se encargó de confirmar que en 2013 no suscribió contrato con el ente.

Los montajes llegaron al punto que en el contrato 0407, por valor de $9 millones, se allegó un certificado con firmas de estudiantes que supuestamente habían recibido clases. “Pero no pertenecían al Itida, acorde a lo certificado por la rectora”.

Otra identidad utilizada para falsificaciones fue la de María Alejandra Barraza, con un contrato de $10 millones 500 mil para “apoyo a la gestión”, entre el 5 de marzo y el 4 de julio 2013. Tenía como deberes entregar informes a Planeación municipal, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), los entes de control y presentar proyectos culturales de nivel nacional y departamental.

Barraza, al igual que Pacheco, desmintió que hubiera tenido vínculo alguno con el Imcs, en la entrevista que dio el 12 de noviembre de 2015:

¿Recibió invitación para suscribir un contrato con el Instituto de Cultura?

No.

¿Presentó propuesta formal para suscribir alguno?

No.

¿Firmó algún contrato?

No.

¿Aportó documentos personales para suscribir uno?

No.

¿Recibió algún pago?

No.

¿Tiene alguna idea de por qué aparece su firma, nombre completo y cédula en el contrato 0125 del IMC?

No, sinceramente no tengo ni idea. Yo nunca he tenido trabajo en la administración.

Las respuestas de Schmalbach, Barraza y Rodríguez fueron igualmente negativas a los interrogantes que los agentes del CTI les formularon, respecto de si en 2013 tuvieron nexos contractuales con el instituto.

FIRMAS FALSAS

Más allá de los testimonios y los documentos, la Fiscalía descubrió las evidencias más comprometedoras contra Donado en las firmas plasmadas en los comprobantes de pago bancarios a los falseados contratistas.

Las inconsistencias se detectaron en las labores que dieron, por ejemplo, con un oficio que Donado y Raquel De la Hoz Bovea, pagadora del Imcs, dirigieron al banco Juriscoop para que debitara al instituto el valor de uno de los cheques que, supuestamente, tenían como favorecido a Omar Pacheco.

El oficio informaba que el trámite debía realizarse “a petición del mismo”, refiriéndose a Pacheco, pero sin que los agentes encontraran la solicitud de páguese del beneficiario en la documentación recopilada en las inspecciones a los archivos del Imcs y al banco.

Las rúbricas en esos papeles y las muestras que cada entrevistado facilitó, fueron enviadas a un laboratorio del CTI, donde fueron analizadas por un grafólogo. El dictamen fue contundente: no eran uniprocedentes.