Extrabajadores de Drummond habrían cometido fraude para pensionarse
La Fiscalía evidenció que por medio de documentos espurios que registraban falsos porcentajes de calificación de invalidez lograron obtener la pensión los implicados.
En lo que la Fiscalía calificó como un “entramado criminal” para defraudar al sistema pensional del país, el organismo de investigación reveló que un grupo de extrabajadores de empresas mineras lograron pensionarse por invalidez sin tener limitaciones físicas, ni cumplir con los requisitos para alcanzar ese beneficio.
Entre quienes se jubilaron anticipadamente, al parecer con certificaciones médicas y expedientes falsos, se encuentran 16 exempleados de la multinacional Dummond, 15 de los cuales fueron capturados en 17 allanamientos, y uno más que se entregó de manera voluntaria, quienes fueron capturados como presuntos responsables de los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y/o privado.
Ayer en horas de la mañana estaba programada la audiencia de judicialización de estas personas en el Juzgado Primero Penal Municipal de Valledupar con funciones de control de garantías, pero la diligencia fue suspendida, luego que la Juez se declarara impedida para este caso; al igual que otro Juez, teniendo en cuenta que algunos de los abogados de los indiciados son sus apoderados en procesos que llevan contra el Estado. Finalmente, hacia las 4:30 de la tarde, se instaló en el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías.
Los extrabajadores de Drummond, quienes según la Fiscalía, obtuvieron el reconocimiento de la pensión por un valor que asciende a mil 278 millones de pesos, fueron identificados como: Manuel de Jesús Calderón Quiroz, Ricardo Luis Gámez Coronado, Ronald Enrique Miranda Navarro, Oliver Miranda Mercado, Jaime Barreto Arias, Edilberto Castro Turizo, Estivenson Díaz Molina, Luis Rafael Jiménez Vásquez, Héctor Iván Leal Montes, Édgar Emilio López Kammerer, Róbinson Montesino Guzmán, Melki José Romero Rondón, Ricardo Sanmiguel Charrys, Tony Orlando Bustamante Soto y César Palacio Mena.
La Fiscalía de Administración Pública a cargo de la investigación evidenció que por medio de documentos espurios que registraban falsos porcentajes de calificación de invalidez, determinados por los médicos y psiquiatras adscritos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar lograron obtener la pensión.
