Los samarios permanecen atemorizados por una racha de asesinatos; en La Guajira, el miedo es de los indígenas asentados en la Sierra Nevada; en Sucre, el terror se siembra en los municipios costeros del Golfo de Morrosquillo; Córdoba, se recrudece con los asesinatos de líderes y el desplazamiento forzado; Cesar, se afecta con las incidencias de grupos armados en el sur del Departamento, así como en el sur de Bolívar, y en Atlántico, el más pequeños de los territorios, el tráfico de droga va en aumento.
Este es un diagnóstico actual de la Región Caribe que, pese al control en materia de orden público que ejercen las autoridades militares y de Policía, se ha visto afectada por las nuevas guerras de las bandas criminales que surgieron luego de la desmovilización de las Autodefensas. A estos se les llama también ahora los Grupos Armados Organizados o los ‘GAO’. Además, en escena han entrado las disidencias de las Farc que se negaron a soltar las armas.
Para expertos se trata de una disputa por territorios con rentas ilegales o que sirven como lugares de almacenamiento o centros logísticos para actividades económicas ilegales. Los choques más fuertes, de acuerdo con la fuente, se están presentando en el sur de Córdoba, donde los Caparrapos y disidencias de las Farc desafían la hegemonía del Clan del Golfo. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta, es esta última organización la que busca asumir el control del crimen organizado que está en manos de Los Pachencas, la banda que usa el corredor de La Guajira para sacar droga hasta el mar Caribe.
En el caso del Atlántico, el investigador Ariel Ávila, experto en temas de seguridad y vinculado a la Fundación Paz y Reconciliación, ya había señalado meses atrás en diálogo con esta casa periodística que en el tema de grupos armados organizados o antiguas Bacrim el Departamento no tenían “un dominio como sí existe en otras zonas de la Región Caribe”. “En Barranquilla y el resto del Departamento sí hay participación de pandillas que son contratadas por esos grupos armados organizados para la comisión de diversos delitos”, anotó.
Sin embargo, el abogado José Humberto Torres, defensor de derechos humanos, alertó a través de este medio de comunicación que ahora existía un grupo criminal en la capital del Atlántico con unas características similares al extinto frente José Pablo Díaz de las Autodefensas.
“Esta estructura opera como el frente José Pablo Díaz. Es una organización semejante, pues opera en varios barrios de Barranquilla y en tres municipios del Departamento, similar a como lo hacía este grupo de las AUC. Se dedicaban a la extorsión, microtráfico y homicidios”, expresó Torres.
Este también se refirió al nombre que había tomado el grupo criminal perteneciente a ‘Los Papalópez’: “Bloque Central Renacer”.
“Bloque Central era el nombre de un bloque de las AUC (Bloque Central Bolívar), y renacer también tiene nombre de una estructura de corte paramilitar, por ello vamos a cruzar información para establecer si en el listado de los 31.600 desmovilizados de las AUC está el nombre de algunos de los criminales que hacen parte de este grupo”, explicó el abogado.
Es evidente que la razón de ser de las Bacrim está ligada al narcotráfico y a la dinámica del negocio. La Defensoría del Pueblo advirtió en su momento que estas estructuras criminales tenían presencia en 27 de los 32 departamentos del país, aunque para muchos no hay rincón del territorio nacional en donde las banderas de estos grupos no dejan de ondearse.
‘Los Pachenca’, dueños de la Sierra Nevada
La muerte del jefe de ‘Los Pachenca’ Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho’ Mercancía y de su lugarteniente Mario Giraldo (el 17 de junio) y las capturas de John Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’ (19 de mayo) y de Alba Nery Rodríguez o ‘Gaviota’, (4 de junio) compañera sentimental del abatido cabecilla, debilitaron las fuerzas de esta banda criminal y le abrieron el camino al ‘Clan del Golfo’ para adueñarse del poder territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta y de la ruta del narcotráfico.
Los ajustes de cuentas en plena vía pública de Santa Marta sucedidos a raíz de estos hechos y que dejaron en los últimos 15 días cinco muertos (4 del Clan del Golfo), tiene en zozobra a la ciudadanía que no quiere revivir la guerra que entre 1970 y 1989 protagonizaron las familias Cárdenas y Valdeblánquez, motivada por la defensa del honor de una mujer. Esta disputa dejó alrededor de 200 muertos, algunas de víctimas colaterales como transeúntes alcanzados por balas perdidas.
Con el secuestro de la empresaria bananera Melisa Martínez el 17 de diciembre del 2018, una extensión de paramilitares pretendía tener también control sobre la Sierra Nevada, pero fueron desarticulados por ‘Los Pachenca’. Eran los del ‘Clan Rojas’, quienes querían generar una renta mayor con la extorsión y el secuestro. Su líder Rigoberto Rojas y 14 personas más, fueron capturados en la operación de rescate de la empresaria bananera ocurrido 115 días después.
Pero fueron los asesinatos de la líder social Maritza Quiroz Leiva, en la vereda San Isidro, y del guardabosques del Parque Sierra Nevada Wilton Fauder Orrego León, en el sector de Perico Aguao, el 6 y 16 de enero pasado, respectivamente, los hechos que encendieron las alarmas sobre el terror generado por ‘Los Pachenca’, determinada como la única organización ilegal asentada en el territorio.
‘Los Pachenca’ delinquen desde Minca hasta Mingueo, en La Guajira. Se pasean por veredas y caseríos que en otrora eran reductos de Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón de la Sierra’, tales como, ‘Machete Pelao’ (donde fue abatido el líder), ‘Quebrada del Sol’, ‘Filo Seco’, ’Miramar’, ‘La Aguacatera’, ‘El Orinoco’, ‘Los Linderos’, ‘Marquetalia’, ‘Transjordania’, ‘Páramo de San isidro’, ‘La Estrella’, ‘Girocasaca’ y ‘Puerto Nuevo’.
Su estructura criminal consta de al menos 150 hombres en armas y otra red criminal de pequeños grupos, integrada por aproximadamente 400 personas.
Existen dos cabecillas principales: Deimer Patiño Alias ‘80’ y alias Barbas o Leandro. Además, tres cabecillas de segundo nivel: alias Marcos, alias El Ojón y alias El Turco.
El grupo está integrado por exmiembros de organizaciones criminales, algunos de Hernán Giraldo Serna. Es la única organización tipo ‘B’, que existe en la Sierra Nevada, es decir, aquella en donde pueden derivar la mayoría de reinsertados.
Entre las actividades ilícitas que realizan están la utilización de delincuentes comunes para efectuar homicidios, extorsión a finqueros, bananeros, hoteleros y empresarios del turismo, así como a comerciantes de la región.
Realizan inteligencia delictiva a través de fachadas (puestos de minutos celulares, mototaxistas, entre otros); intimidación a pobladores de la región, control al comercio de combustible ilegal y a cultivos ilícitos, así como actividades relacionadas con el narcotráfico.
Con la muerte del cabecilla Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Mercancía’, de Mario Giraldo, a quien habrían postulado como su sucesor y la captura de John Rafael Salazar Salcedo, alias ’Flash’, el segundo al mando en la estructura jerárquica, el liderazgo lo asumiría Deimer Patiño Giraldo, alias ‘80’, quien según las investigaciones judiciales, fue la persona que entregó a la Policía toda la información para neutralizar a ‘Chucho Mercancía’ y a su más importante lugarteniente.
Hemos mantenido al margen las disputas en Catatumbo y Sur de Bolívar: Policía del Cesar
Aunque el Cesar es un corredor entre los puertos del Caribe y el interior del país, y limita por el sur con la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde se intensificó hasta el año pasado una disputa territorial entre el ELN y Los Pelusos por los cultivos de coca y el narcotráfico, las autoridades en este departamento aseguran que no existe el establecimiento de bandas criminales, ni de otros grupos en el territorio, así como tampoco vendettas, ni confrontación armada.
“No tenemos bandas criminales en el Cesar, lo que si hemos tenido son personas dedicadas a delincuencia común y las hemos estructuradas para generar capturas y resultados judiciales contundentes, pero en cuanto a bandas criminales en este departamento no tenemos establecidas hasta el momento. Hay incidencia de grupos que afectan Catatumbo y Sur de Bolívar, pero no tenemos establecidas una guerra territorial entre ellas, hasta ahora con el despliegue de todas las instituciones lo hemos mantenido al margen”, indicó el coronel Fredy Delgado, comandante operativo de la Policía en esta jurisdicción del país.
El Catatumbo tiene como municipios cercanos al Cesar, Ocaña, El Carmen y Teorama, donde se han presentado situaciones de orden público, como un paro armado el año pasado del ELN y Los Pelusos, que generó temor entre los habitantes de González, localidad limítrofe del Cesar con esa zona.
Por los lados del sur de Bolívar, el territorio cesarense también es cercano a los municipios de San Pablo, Santa Rosa Sur y Simití, donde después de la desmovilización de las Farc y su dejación de armas, la disputa territorial entre el ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del ELN, se ha intensificado por la minería y los cultivos de coca.
La Guajira: pueblos indígenas en riesgo
El año pasado y debido a amenazas de grupos armados, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por los posibles riesgos a los que están expuestos los pueblos indígenas y las comunidades ubicadas el municipio de Dibulla en La Guajira.
Según la información del organismo, el grupo que representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado Los Pachencas, conformado, según la Defensoría, por reductos de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia que actuaban en la región bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna.
Las comunidades en riesgo son los indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos que se asientan en la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta. En junio de este año circuló un panfleto en los corregimiento de Palomino y Mingueo del municipio de Dibulla, en el cual se anunció un paro armado de 72 horas por el operativo en el que se dio de baja a Jesús María Aguirre alias 'Chucho Mercancía' y Mario Giraldo, alias ‘Mario’, líderes de la estructura delincuencial de Los Pachenca.
A pesar que las autoridades lo desmintieron, el comercio cerró y hubo temor entre la población durante varios días.
A pesar de esto, el personal de inteligencia e investigación criminal de La Guajira afirma que en La Guajira no operan bandas criminales.