En medio de un fuerte operativo intentaron desalojar a Enilce López de su casa

Diez entidades del Estado intervinieron ayer en la diligencia de desalojo ordenada por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en el inmueble ocupado por Enilce López Romero, tras su salida del hospital ESE Cari de Alta Complejidad.

Este era un procedimiento distinto a la decisión que tomó el pasado 12 de abril la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de negar la acción de tutela presentada por los abogados defensores de la exempresaria del chance, con la que estos solicitaban la continuación de una reclusión sustituta o la casa por cárcel por “enfermedad grave” de su defendida.

Funcionarios de la Secretaría de Gestión Social de la Alcaldía Distrital, Procuraduría, ICBF, Personería de Barranquilla, Medicina Legal, Inpec, Policía Nacional, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, se sumaron ayer al acto administrativo de la SAE que arrancó desde las 8:00 de la mañana en la vivienda situada en la carrera 59 No. 91-42 del barrio Altos de Riomar.

Este se le había notificado a la defensa de López Romero desde el pasado viernes 21 de abril. Una primera maniobra de los delegados de las instituciones fue contabilizar el número de personas que se encontraban en la casa. Estaban López Romero, su mamá Lucila Romero Castro, de 88 años, así como una tía de López Romero identificada como Arelis Velilla Castro, de 76 años.

Apenas el funcionario de la SAE accedió al sistema desde su equipo electrónico e intentó dar inicio al acto, los cinco abogados de Enilce López, encabezados por Diego Muñetón Restrepo, sacaron de sus maletines amplia documentación relacionada con el estado de salud de su defendida, además de documentos judiciales radicados en diversas dependencias con los que se trataba de poner freno a la diligencia de recuperación de los dos predios de más de 1.200 metros cuadrados que hacen parte de un proceso de extinción de dominio mediante resolución 9477 del 20 de mayo de 2014.

La ex propietaria de Uniapuestas, Unicat y Aposmar, cumple con su arresto domiciliario en ese lugar desde enero, Al grupo de abogados que hacía frente en la entrada de la vivienda se sumaron unos médicos personales de López, quienes volvieron a confirmar el grave estado de salud de la mujer, de 64 años. Entre la nube de medios que aguardaban desde la mañana en una de la esquina del predio, apareció Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Manifestó haber ingresado a la vivienda de López y verificó que ella presentaba un cuadro de salud “crítico”, con un peso cercano a los “30 kilos”. “Muestra un estado deteriorado. Tanto médicos de home care, como médico de cabecera, en este caso un neurocirujano, tampoco avalaron un posible traslado”, precisó.

A las 5:40 de la tarde, los abogados Diego Muñetón y Felipe Rincón, apoderados de la exempresaria, salieron ante los medios para confirmar que, pese a la desatención de la SAE, los entes de control asistentes fueron los que no avalaron el procedimiento de la entidad del Estado y fue suspendido el acto administrativo. “No hay una sentencia de extinción de dominio. Hay una presunción de legalidad que se está desconociendo. Logramos que se diera un tiempo prudencial para desalojar el inmueble”, explicó el abogado Rincón.

Este tiempo solicitado, que sería de unos diez días hábiles, servirían para la mudanza de López y su familia. Se conoció que López Romero se mudaría a una casa situada en la carrera 64B con calle 85, barrio Paraíso, la cual fue alquilada el pasado 16 de marzo bajo un contrato de arrendamiento celebrado entre CEST (arrendadora) y Miguel Ramón Vega (arrendatario).

Este contrato fue autenticado en la Notaría Tercera de Barranquilla el mismo día de la firma del negocio entre los intervinientes.