El asalto de un ‘pirata’ llamado prostitución que resistió Cartagena este año

La lucha contras las estructuras criminales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación y comercialización sexual; la persecución en contra de las bandas dedicadas al reclutamiento de menores de edad para ofrecer servicios sexuales a turistas nacionales y extranjeros; la implementación de la figura de la extinción de dominio a inmuebles donde se materializaron abusos contra niños, y la aplicación de la extradición de extranjeros que demandan este tipo de servicios marcaron buena parte del acontecer noticioso durante este año que está a punto de concluir en Cartagena.

Las operaciones ‘Vesta I’ y ‘Vesta II’, las redadas efectuadas en tres bares de la zona comercial conocida como la Bomba El Amparo en las que fueron rescatadas 49 mujeres, en su mayoría venezolanas, les pusieron nombre y apellido a actores menores del millonario negocio de la explotación de personas con fines sexuales, incluyendo el uso de menores en este tipo de actividades.

Aparece ‘La Madame’

Fue así como el país se enteró de la existencia de Liliana del Carmen Campos Puello, el pasado 28 de julio, cuando una operación en el barrio Bocagrande dejó al descubierto una de las tantas caras, hasta ese momento oculta, detrás del negocio de la organización de lujosas fiestas en la que Campos Puello participaba llevando mujeres a islas en el Caribe, bajo la demanda de clientes extranjeros o en zonas insulares nacionales en las que alias ‘La Madame ’llegaba con un grupo de mujeres que ofrecían sus servicios sexuales a cambios de millonarias sumas de dineros, pagadas especialmente por clientes de otras nacionalidades.

Junto a La Madame apareció la macabra figura de un miembro de las Fuerzas Militares de Colombia, el capitán de la Armada Nacional Raúl Romero Pavón. Él y otras dos personas encarnaron las figuras de depredadores sexuales de menores de edad al reclutar a niñas de barrios de estratos bajos y tatuarlas como mercancía para su posterior explotación comercial, e incluso personal, como lo terminó admitiendo Romero Pavón, hasta ahora el único condenado de las 24 personas que fueron aprehendidas en desarrollo de las dos operaciones Vesta I y II. Romero Pavón está purgando una sentencia de 21 años y 9 meses de prisión en la cárcel para funcionarios públicos de Sabanalarga (Atlántico).

De acuerdo con lo expresado por las autoridades, Cartagena sirvió de punta de lanza para el ataque frontal a estas estructuras dedicadas al tráfico de personas, al reconocerse como uno de los lugares principales del corredor sexual del país en el que también están incluido Medellín y el Eje Cafetero.

El fiscal delegado para la Infancia y Adolescencia Mario Gómez le confirmó a este diario que todos los casos que ocuparon buena parte de las páginas de las prensa y noticieros de televisión nacional sirvieron para que en otras ciudades se destaparan casos después que las víctimas se reconocieran como tal, al punto que las denuncias por abusos sexuales contra menores de edad se incrementaron en un 137% a partir de los hechos anteriormente mencionados.

Persecución con ‘Ojo de Halcón’

Una de las aristas claves en la lucha para desmantelar las estructuras delictivas con fines de explotación sexual contra menores y tráfico de personas fue la utilización de alta tecnología por parte del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional para monitorear en detalle las zonas de alta concurrencia de turistas extranjeros y de presencia de trabajadoras sexuales. Esto permitió dar con la judicialización de cuatro ciudadanos extranjeros, dos de ellos estadounidenses, uno alemán y un argentino, quienes fueron grabados solicitando servicios sexuales con menores de edad en sitios como la emblemática Torre del Reloj, la Plaza de los Coches y en las playas de Bocagrande, en otros casos.

Los extranjeros fueron identificados como los estadounidenses Fanale Michael Edward y Terrance Wayne Griffin, el ciudadano alemán Dominique Thomas Daniel y el argentino Franco Marcos Gabriel. Todos fueron detenidos en momentos en que caminaban con una menor que fue identificada en dos casos diferentes con los señalados cuando se dirigían hasta un hotel del Centro Histórico.

Hotelería cómplice

Una de las novedades que entregó la lucha contra el tráfico de personas con fines de prostitución este año fue la aplicación de la figura de la extinción de dominio que se creía de uso exclusivo para otro tipo de frente en la lucha contra la delincuencia común, especialmente, la dedicada al tráfico de estupefacientes.

El pasado 10 de diciembre, la Fiscalía impuso medida de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, con fines de extinción de dominio, contra cuatro hoteles de Cartagena ubicados en el centro: Hotel Sol de Mar, Mar Azul, Moroel y Epica House, los cuales aparecían como el lugar en se ofrecieron los servicios que promovía alias La Madame, que incluían uso indiscriminado de estupefacientes.

Los cargos contra los administradores de estos lugares señalan que ellos no impidieron, pese al conocimiento de lo que allí ocurría, el ingreso de menores de edad acompañados de turistas extranjeros, auspiciando de esta manera este tipo de conductas delictivas.

Según cifras computables de la Fiscalía, a corte de 31 de octubre del presente año, la cifra de los inmuebles ocupados por el ente alcanza los $ 160.000 millones, entre los que encuentran todos los lugares que fueron escenario de operativos contra estas mafias especializadas en todo el país.

Hasta octubre de 2018, se han abierto 32.421 investigaciones en toda Colombia por denuncias por abusos sexuales contra menores y trata de personas y se han condenado a 2.947 personas solo en el 2018 por delitos relacionados a este tipo.

¿Cómo ayudar a las víctimas?

Solo las operaciones ejecutadas este año para desmantelar las redes de explotación sexual contra menores y mujeres en condición vulnerable, han permitido identificar a un número superior a 500 de estas mujeres, muchas de ellas provenientes de Venezuela, y para quienes el estado busca cómo crear importantes rubros para que la lucha contra este flagelo no solo quede en la parte penal sino que pase a la social y humana.

Una de las estas vías fue hallada en el Congreso de las República en la elaboración de la Ley de Financiamiento promovida por el actual gobierno de Iván Duque, en el que los viajeros colombianos que se dirijan hacia el exterior tendrán que pagar un impuesto de 15 dólares, unos 45.000 pesos colombianos, sobre el valor del tiquete. De estos, un dólar se destinará a los recaudos dirigidos hacia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que los usará para los programas de prevención de esclavitud sexual.

Otro de los caminos económicos del estado colombiano para buscar alternativas de trabajo diferentes para muchas mujeres que han caído en redes de prostitución, es el gravamen sobre las plataformas digitales dirigidas al entretenimiento para adultos o webcams, que según las especulaciones puede mover más de un billón de pesos al año por este tipo de actividad.

El espíritu de este aparte dentro de la Ley de Financiamiento, la explicó su mismo creador, el senador Jonatan Tamayo Pérez en su cuenta de red social Twitter (@jonatantamayop).

“Propuesta que se me aprobó y tiene un triple propósito: Aportarle más de 50 mil millones de pesos al país que pueden ser utilizados para activar fuentes de trabajo dignas y disminuir el interés por este tipo de actividades dañan la imagen de l@s colombian@s”.

Sin embargo, la reconversión de estas mujeres que caen en estas redes por presión o voluntad propia tiene varias dificultades, entre ellas, explica el fiscal Mario Gómez, es la no identificación de ellas mismas como víctimas de este delito y la coexistencia con los propios delincuentes que las llevaron, incluso, a alejarse de sus familiares en Colombia.

“Hay avances de los que nos sentimos complacidos, como los alcanzados en el Congreso con los impuestos que van a ser destinados para lucha contra este tipo de esclavitud, pero hay un cuello de botella y es la propia decisión de la mujer que ve en este tipo de actividad la mejor manera de lograr su sustento económico o, peor aún, la que por temor no denuncia cuando, por ejemplo, regresa al país después de estar inmersa en una de estas redes internacionales y vuelve a su lugar de domicilio y se encuentra con el o la proxeneta que la envió, pero que teme denunciar”, dijo finalmente Gómez.