Demandan plan de manejo ambiental de Cerrejón

Incertidumbre y hasta un poco de temor por lo que pueda decidir el Consejo de Estado, ha causado una demanda contra el plan de manejo ambiental integrado que fue aprobado por las autoridades del ramo en este país a la compañía Cerrejón para la operación de varias áreas de la explotación del carbón, para lo cual se solicitó en la misma demanda, medidas cautelares que deben ser resueltas en un término de días.

La demanda que fue interpuesta en la ciudad de Bogotá lleva las firmas de los congresistas Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia y las ONG. Fuerza de Mujeres Wayuu, Cinep, Cajar y Censat, organizaciones que son ampliamente conocidas en el territorio nacional, no solo por sus luchas políticas, sino por el trabajo ambiental que desarrollan.

La demanda no se hizo solo contra Cerrejón, sino que también involucra como responsables de lo que plantean como mal manejo de las estrategias para minimizar el impacto ambiental, a Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

Las primeras solicitudes que se hacen en la demanda, es la que se revisen los monitores ambientales y las zonas que tengan exceso de contaminación y estén cercanas a centros poblados sea cerradas. Asimismo piden que a partir de los autos que se emitan quede prohibido cualquier tipo de modificación al Plan de manejo –ambiental, sobre todo para la aplicación de las áreas a explotar.

El problema de fondo

Cerrar un tajo o un área cercana a centros donde haya contaminación por fuera de parámetros permisibles, es apenas una de las solicitudes secundarias contempladas en las medidas cautelares, pero el problema de fondo es la manera como se está haciendo el rastreo de las zonas contaminadas.

Desde que inició la explotación del mineral, el acuerdo entre Cerrejón y Anala, Agencia Nacional de Minería, Corpoguajira y las restantes que regulan la actividad minera, fue el que las mismas empresas sujetas de revisión, hicieran una especie de automonitoreo con módulos sensores de la contaminación, ubicados y controlados por la misma empresa explotadora, quien se comprometió a realizar las lecturas de los aparatos en períodos determinados en los acuerdos y a entregar los informes a la autoridad nacional para que con base en estos datos se produjeran las acciones que cada caso generara por exceso de partículas suspendidas o por condiciones favorables.

“Lo que pasa es que es imposible para el Anla y las corporaciones tener disponible todo un equipo burocrático para monitorear cada empresa que desarrolla minería y es por eso que el trabajo fue delegado al supervisado para que tome él mismo la información y la presente a la autoridad que evalúe”, dice Guillermo Fonseca Onofre, presidente de Cerrejón.

Los temores del fallo

El presidente de la compañía explotadora de carbón no ha ocultado su preocupación por esta demanda de acción de grupo que fue admitida por el Consejo de Estado el pasado 22 de julio y sostiene que desde entonces empezaron a presentar sus argumentos, inicialmente para el caso de las medidas cautelares que son pedidas por residentes de las localidades Paradero y Gran Parada, zonas cuyos habitantes indican que están siendo objeto de contaminación por los movimientos que se desarrollan para la extracción del carbón y el retiro del material estéril para poder llegar hasta donde se encuentra el mineral.

La preocupación de Cerrejón

“Las cortes últimamente han estado fallando en procesos donde prácticamente se cambia la licencia y nos preocupa que el Consejo de Estado mire con ojos diferentes a lo que exigía la norma cuando fueron otorgadas las licencias para el manejo ambiental y no sería la primera vez que el demandado sea sorprendido por un fallo de alta Corte en materia ambiental”, dice Fonseca Onofre.

El presidente de la Compañía dice que no pone en duda la rectitud y honestidad de los magistrados que produzcan el fallo, “pero es que en otros casos, y no solo con Cerrejón, se han dado decisiones que contradicen el marco legal regulatorio vigente en materia ambiental, revisar procedimientos y decisiones en nuestro país es válido, pero no deja de preocuparnos que se tome una decisión desfavorable para la compañía, lo cual será desfavorable para toda La Guajira”, dice el ejecutivo.