Defensoría había emitido alerta temprana sobre Samaniego

La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana el 23 de julio de 2019 sobre la convulsa situación de Samaniego, Nariño, donde el pasado sábado ocho jóvenes fueron asesinados en hechos que son materia de investigación.

Aunque el ente del Ministerio Público señala que no se trata de una advertencia frente a lo ocurrido el fin de semana, sí se pone de presente la tensión en el territorio por la confluencia de grupos armados ilegales y de narcotráfico, lo cual encaja entre las posibles hipótesis que desencadenaron la masacre.

La alerta temprana 032-19, suscrita por el defensor Carlos Negret y dirigida a la exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, advierte “la inminente situación de riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los 49.178 habitantes del municipio de Samaniego, departamento de Nariño”.

Hace un contexto la Defensoría señalando que desde la firma del Acuerdo Final, la presencia de la guerrilla de las FARC en el municipio y las acciones bélicas propias de la misma “disminuyeron de manera contundente”; sin embargo, las “bajas capacidades de las autoridades estatales” para hacer presencia integral en los territorios y con ello generar garantías de seguridad en las zonas abandonadas por el mencionado grupo, “han permitido el fortalecimiento gradual y posicionamiento del ELN en zona rural de este municipio”.

Además, sostiene que la presencia y accionar de los grupos armados ilegales en Samaniego se explica históricamente, en gran medida, por ser un territorio propicio para el desarrollo de actividades ilícitas de narcotráfico y minería.

Y critica en este punto el hecho de que la localidad no hubiera sido focalizada para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, poniendo de presente que la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos presenta un bajo nivel de cumplimiento, “situación que ha propiciado la disputa de grupos armados y bandas criminales por el control de rutas, zonas cultivadas, canales de comercialización y microtráfico”.

Recomienda ante esta situación el organismo del Ministerio Público al Ministerio de Defensa implementar operativos de registro y control de la fuerza pública y convocar un consejo de seguridad, a la Policía desplegar acciones de inteligencia y contrainteligencia para prevenir hechos violentos, a la Gobernación y la Alcaldía el alistamiento institucional ante cualquier situación que afecte a la población civil, a la Procuraduría acciones de seguimiento a la respuesta institucional, al Ministerio del Interior hacer seguimiento a la evolución del riesgo e informar las actuaciones y medidas adoptadas.