Corrupción judicial y parapolítica: los casos que giran alrededor del político barranquillero Álvaro Ashton
Fiscalía dice que el hombre pagó $1.200 millones al magistrado Gustavo Malo, para torcer los procesos a su favor.
El senador barranquillero del partido liberal Álvaro Asthon Giraldo, atraviesa en estos momentos uno de los capítulos más críticos de su victoriosa carrera política, en la que ha sido elegido dos veces representante a la Cámara y dos veces al Senado.
Su nombre aparece mencionado por la Fiscalía como que pagó $1.200 millones para obtener beneficios jurídicos ilegales de la red de corrupción judicial de alto nivel, que dirigía el magistrado Gustavo Malo.
Asthon es investigado en dos procesos por la Corte Suprema: uno que lo vincula al tema de la parapolítica, y otro por presunto manejo indebido de bienes de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Este es tal vez el más grande y avergonzante escándalo de corrupción del país después del llamado Proceso 8.000 de los años 90, que develó sobornos millonarios de la mafia del cartel de Cali a políticos, policías, funcionarios, entre otros.
Los procesos contra Asthon no son nuevos, datan de los años 2011 y 2012, y desde entonces permanecían paralizados, o engavetados, pues no se había tomado ninguna decisión en ambos.
El expediente por parapolítica lo inició la Corte Suprema de Justicia en el 2012, luego de que Edgar Ignacio Fierro Florez, alias ‘don Antonio’, jefe del bloque José Pablo Díaz de las autodefensas narcoparamilitares que delinquían en Atlántico y Magdalena; al igual que otro jefe ‘para’, Mario Rafael Marenco Egea, alias ‘el Gordo’; señalaron a Asthon ante la circunscripción de Justicia y Paz que los procesaba, de tener nexos directos con esa organización al margen de la ley.
En versión libre Marenco sostuvo también que Álvaro Asthon recibió respaldo de las Auc en el denominado Plan Caribe, a la cabeza del cual estaba Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, máximo cabecilla del Bloque Norte de ese grupo. Este consistía, de acuerdo con la versión del segundo al mando del frente José Pablo Díaz, en que el entonces alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, apoyaría a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de los grupos paramilitares.
Según la declaración del mismo cabecilla de las autodefensas ante Justicia y Paz, la Alcaldía también les garantizaría a estos congresistas una participación burocrática en sus dependencias, a cambio de un porcentaje de la contratación de la ciudad con destino a ‘la empresa’, como ellos llamaban a esa facción terrorista. Para abrir la investigación contra Asthon la Corte igualmente tuvo en cuenta otro aparte de la declaración de Mario Rafael Marenco Egea, cuando dijo que el político liberal había tenido participación importante en contratos y cuotas burocráticas del sector salud en el Atlántico y en el Hospital Materno Infantil de Soledad, todo relacionado con los paramilitares.
EL PROCESO DE LA DNE
El otro lío judicial que enfrenta el congresista Álvaro Asthon Giraldo tiene que ver con el manejo de los bienes de la ya disuelta Dirección Nacional de Estupefacientes. La investigación apunta a establecer si el parlamentario habría influido y beneficiado en la elección de personas cercanas a su entorno para actuar como administradores o depositarios de bienes incautados provenientes de actividades de narcotráfico.
Señalaron, por ejemplo, que a una exfuncionaria de Asthon en la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes de ese entonces, se le dio en administración entre 2008 y 2011 el hotel Chinauta Resort, una de las 68 propiedades confiscadas por la Fiscalía al capo narcotraficante Justo Pasto Perafán, a pesar de que esta carecía de experiencia y estudios profesionales en el manejo hotelero.
La funcionaria fue señalada, además, de utilizar recursos millonarios del bien a su cargo para pagar combustible y peajes, facturas de celular, un viaje a Cartagena, un curso de mercadeo y ventas en una universidad privada. De acuerdo con el expediente que maneja la Corte, cuando la administradora fue denunciada por los sindicalistas del hotel, esgrimía que tenía el respaldo de Álvaro Asthon.
Por estos mismos hechos en la DNE, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 13 congresistas, entre estos el propio Asthon, pero a mediados del 2015 en la gestión del polémico procurador Alejandro Ordoñez, el Ministerio Público archivó la mayoría de los procesos. En el caso de la funcionaria nombrada para la administración del Chinauta Resort, Asthon admitió conocerla, pero negó haberla recomendado.
NO SON $300 MILLONES, SON 1.200
El senador Álvaro Asthon salió a orbitar en este acto de inmoralidad a raíz de las famosas grabaciones de la DEA, que hace algo más de un mes sirvieron de fundamento para iniciar las pesquisas contra magistrados, políticos y particulares que cobraban millonarias sumas para torcer investigaciones y favorecer a políticos corruptos.
La nueva investigación contra Asthon se fundamentó también en lo dicho por el exmagistrado auxiliar de la Corte José Luis Reyes, quien trabajó hasta el 2015 en el despacho del magistrado Gustavo Malo, señalado como el ‘papa’ de la corruptela. Reyes le dijo a la Fiscalía que “Asthon se reunía y buscaba asiduamente a Ricaurte (Francisco, exmagistrado preso por este escándalo y amigo de Malo)”.
Igualmente dijo: “Yo por eso me decía, algo me huele mal. ¿Por qué Ricaurte, si es amigo de corazón del doctor Malo, anda hablando con el procesado (Asthon)?”. Sobre su salida de la Corte en julio de 2015, Reyes dijo que se debió a que Malo le pidió la renuncia. “Lo de Álvaro Asthon (la investigación que llevaba contra el senador) y lo de la parapolítica, me hizo pensar que yo era una piedra en el zapato para varios casos”, por ello habría sido separado de sus funciones.
En los primeros días del escándalo se hablaba de que Asthon había pagado $300 millones en sobornos que diligenció el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno; pero ahora en la más reciente actuación de la Fiscalía se afirma que en realidad Asthon pagó $1.200 a la ‘red, banda o cartel de la toga’, como se ha dado en llamar a esta asociación por fuera de la ley. “Para evitar la captura el senador (Asthon) se reunió en el 2013 con Ricaurte (exmagistrado) en la casa de este, en el Palacio de Justicia y en el Congreso. Acordaron el pago de $1.200 millones para archivar la investigación, pero no lo pudieron hacer porque era evidente de que esa decisión no pasaría en la Sala Penal de la Corte”, concluyó el fiscal. Por esta razón optaron por la dilación, o engavetamiento del proceso.
AL DÍA buscó intensamente senador Álvaro Asthon para conocer su posición, pero este no respondió su teléfono móvil y los mensajes por whatsapp los leía y hacía caso omiso a los mismos.
