Por lo menos $2.443 millones que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar giró a su oficina en el Atlántico para alimentar a 1.778 niños de los municipios de Ponedera y Tubará; se los ‘tumbaron’ en Barranquilla; de acuerdo con los resultados iniciales de una investigación de la Fiscalía.
El Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, informó ayer en rueda de prensa desde Bogotá, que en un proceso iniciado de oficio “fueron capturadas 12 personas en Barranquilla, presuntamente responsables de la celebración de contratos irregulares en el tema de la atención a primera infancia”.
En desarrollo de esta investigación el CTI capturó a la exdirectora del Bienestar Familiar en el Atlántico, Yolanda Ruiz. Perdomo agregó que además de la exfuncionaria, fueron aprehendidos cuatro supervivisores de contratos, todos funcionarios actuales del Icbf,el representante legal, el tesorero y el contador de la UT; y cuatro proveedores, entre ellos un policía activo que fungía como proveedor de refrigerios.
Estos fueron identificados como Janeth Ortega, Oneida Bayona, Carlos Gamarra, Rosmery Maldonado, Luis Avendaño (representante de la Unión Temporal Unidos por la niñez), Luis Avendaño Junior, Eduardo Camargo y Orlando Jessurum.
Se pagaron costos que no estaban comprendidos dentro del objeto, como arrendamientos. También hubo sobrecostos del 30 por ciento en refrigerios, del 40 por ciento en el suministro de los útiles de aseo, y se pagaron otros costos no autorizados", Vicefiscal.
Según el expediente los recusos estaban destinados para alimentar a niños entre 0 y 5 años. Los contratos en que se habrían presentado las irregularidades son el 331, del 22 de diciembre de 2014, por 1.208 millones de pesos; y el 346 de la misma fecha por 1.253 millones, para un total de 2.443 millones de pesos.