Así funcionan y vulneran los brazaletes electrónicos del Inpec

571 personas en Barranquilla, según las cuentas del Inpec, tienen en sus tobillos un brazalete electrónico que envía una señal directamente al Centro de Monitoreo de Brazaletes Electrónicos de Operaciones de la institución en Bogotá.

Sin embargo, como se evidenció en estos días con la captura de Elizenis Muñoz, conocida como ‘La Diabla’, esta ayuda electrónica no es suficiente para controlar a esta cantidad de procesados a raíz de que solo cuatro agentes del Inpec están encargados de esta labor.

‘La Diabla’ debía estar en su casa en el barrio Villa Estadio, de Soledad, con el brazalete de monitoreo, pero se encontraba en una discoteca en el norte de Barranquilla “celebrando su cumpleaños”, como manifestó la joven a los agentes durante el procedimiento de captura.

El brazalete no mandó ninguna señal a la central de operaciones del Inpec, ya que la mujer de 26 años, tal y como ocurrió cuando fue capturada en abril, dejó el aparato encima de la nevera. Allí, debido a la vibración que emite el electrodoméstico, no se generan alertas.

Esta práctica, según las autoridades, es común en personas que les son impuestos brazaletes electrónicos.

El coronel Gelver Yecid Peña, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que los portadores del aparato “en muchas ocasiones lo dejan con su mascota, otras cerca de un electrodoméstico”.

Los brazaletes

Desde 2016, la Uspec cambió al operador de los brazaletes electrónicos por medio de una contratación hecha por medio de la Bolsa Mercantil.

Fue contratada la Unión Temporal Sistema Electrónico de Seguridad (Tuses) para hacerse cargo de los brazaletes de los presos. Tres empresas hacen parte de esta unión temporal: Buddi (una multinacional inglesa), Unión Eléctrica y Meltec.

La primera es la que diseña los brazaletes que utilizan los procesados en Colombia. Por medio de esta, EL HERALDO obtuvo información de cómo funciona el dispositivo.

Este brazalete está equipado con una unidad llamada ‘Smart Tag’ que posee dos tipos de señal, GSM y GPS. Adicional a esto, la correa que abraza el tobillo del procesado posee fibra óptica, que manda una señal al sistema cuando está siendo violentada.

Por su parte, el sistema posee un perfil para cada recluso. Al hacer clic en su nombre, se abre una interfaz con su perfil, y por cual crimen está sindicado. En esta misma interfaz aparece su localización, la potencia de la señal, porcentaje de batería, si está cargando en ese momento y el estado de la correa.

Además hay un registro de cada vez que se mueve el portador del brazalete, el espacio de tiempo en el que se movió, dónde se detuvo y la velocidad a la que se desplazó. Esta medida se toma con coordenadas de longitud y latitud con sus respectivos minutos y segundos para hacerla lo más precisa posible.

De acuerdo con la información de Buddi, la carga del electrónico puede durar de 1 a 3 días. Este es recargado a través de un cargador inalámbrico que se coloca encima del ‘Smart Tag’. Una vez instalado, el cargador de 240 gramos de peso demora alrededor de 2 horas en cargar.

Al momento de la instalación del brazalete son colocados dos seguros. Estos se parten con facilidad ante cualquier movimiento, dejando una huella visible del intento de vulnerar el dispositivo. La única forma en la que, de acuerdo con la empresa, se puede remover el ‘Smart Tag’ es a través de una herramienta que se asimila a una pinza. Esta aplica presión en unos puntos específicos y se suelta un lado de la correa.

Las violaciones

Se especula que utilizando herramientas comunes que utilicen una tecnología similar, los reos se quitan el brazalete.

Milton Anibal, miembro del sindicato UTP del Inpec, contó a EL HERALDO que existen dos situaciones que se presentan con frecuencia.

La primera ocurre cuando el Centro de Monitoreo de Brazaletes Electrónicos del Inpec recibe una alerta y esta reporta la situación a los encargados en la ciudad.

“Bogotá envía a la cuadrilla el reporte, pero se demora mucho en ir a verificar, a veces hasta ocho días, por represamiento”, detalló el funcionario del Inpec.

“Cuando por fin la cuadrilla llega al domicilio la persona siempre sale con alguna excusa o accidente casero, se envía ese reporte a Bogotá y vuelve y normaliza el brazalete”, agregó.

Por otra parte, la segunda situación a la que hace referencia el activo del Inpec es la batería recargable del brazalete.

“Cuando un juez le dictamina vigilancia con brazalete, el procesado adquiere la responsabilidad de cargarlo todo el tiempo que no se esté usando”, manifiesta el sindicalista del Inpec.

Entonces, lo que el portador hace, según Anibal, es “esperar a que se descargue y esto manda una señal a la central de que no está funcionando, pero no registra los movimientos que hace la persona”, explicó.

El coronel Peña dijo que los procesados “buscan herramientas para quitarse el brazalete de tal manera que no se lastimen y buscan dejarlo en un lugar que emita un movimiento similar al del cuerpo humano”.

La región

En total 1.437 personas se encuentran vigiladas por medio del brazalete electrónico en la región Caribe. El establecimiento de mediana seguridad y carcelario de Cartagena le sigue a la Modelo de Barranquilla en cantidad de procesados con brazalete con 563. Entre tanto, Riohacha tiene 105, Santa Marta 55; el establecimiento Cárcel del Circuito Judicial de Valledupar, 52; Sincelejo, 39; y Montería, 35. El resto de los reos se encuentran distribuidos en la cárcel de Sabanalarga, con 4; la de Magangué, con 3; la cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, con 5; el centro penitenciario en El Banco con 4; y solo uno en Tierralta.

En total, hay 8.801 personas con detención domiciliaria en la región y 4.991 con casa por cárcel, es decir que ya se encuentran condenados. 24 guardias tienen la función de monitorear a estas 13.792 personas en la región.

El convenio

Desde marzo pasado, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, pensó en Barranquilla para llevar a cabo la prueba piloto para el país en la que policías del cuadrante están encargados de vigilar a las personas con casa por cárcel de su sector.

El convenio aún no ha comenzado a raíz de las actuales elecciones, tanto el Distrito como la Gobernación se encuentran bajo la Ley de Garantías que no les permite que se firmen contratos, convenios o acuerdos interadministrativos para usar recursos públicos.

“Estamos armonizando todo con Gobernación y Alcaldía para la concreción de estos puntos. La idea es que podamos firmar el convenio una vez finalice la Ley de Garantías”, expresó el ministro Enrique Gil Botero a EL HERALDO en su visita el pasado mes de marzo.

Según Guillermo Polo, secretario del Interior del departamento, ya los operativos se han adelantado poco a poco de manera preparativa. Agregó que “la vigilancia se hará a esos con casa por cárcel con perfiles complejos o delitos de alto impacto”.

Juez

De acuerdo con el juez Maxlinder Pichón, quien atendió el caso de ‘La Diabla’ por presunta fuga de presos, el brazalete es una medida preventiva que se encuentra obsoleta. “Se ha demostrado una y otra vez con personas capturadas que tenían domiciliaria, con y sin brazalete”, marcó el togado.

Explicó que esta medida se debe utilizar cuando el detenido “es la segunda vez que es señalado de cometer una acción delictiva que no sea muy gravosa”. Es decir, el juez Pichón ve la medida como “una forma de combatir la reincidencia, y que de funcionar, sería un elemento que disuadiría al sindicado de seguir en ese camino delincuencial”, concluyó.

Con respecto al caso de Elizenis Muñoz, manifestó que la mujer es un ejemplo de una persona que “no respetó la detención domiciliaria ni la imposición de un brazalete” y que esta reincidencia le hizo concluir que de imponerle nuevamente esta medida, “la iba a incumplir pues ya había evidencia”.