Así funciona el cartel de los enfermos mentales fantasma en Sucre
Hallazgos de la Contraloría General de la República.
El despilfarro de los recursos del sector salud también tocó al departamento de Sucre, pues según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en esta parte del país operó el Cartel de enfermos mentales.
El pronunciamiento del ente de control ratifica lo que se había convertido en un secreto a voces en las mismas dependencias de la Secretaría de Salud Departamental.
Dice la Contraloría que la Gobernación de Sucre en el año 2015 utilizó recursos destinados a la Población Pobre no Asegurada (PPNA) para pagos de hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales por 3.173 millones de pesos en pacientes que no existen y de paso la facturación fue cancelada con soportes falsos.
En este cartel están involucradas 5 IPS de las que la Contraloría no revela nombres, pero las denomina IPS 1 que recibió pagos por $2.155 millones; IPS 2 $468 millones; IPS 3 $455 millones; IPS 4 $61 millones y la IPS 5 $32 millones. El de mayor cuantía fue cobrado a nombre de un psiquiatra de Bogotá, para lo cual se habrían utilizado documentos y firmas presuntamente falsas.
La Gobernación de Sucre canceló a una IPS facturas con resoluciones de pago de septiembre y noviembre de 2014 y febrero y junio de 2015, por concepto de prestación del servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, concretamente con patología de drogodependencia.
Estos pagos irregulares fueron ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, por solicitud de un médico especialista en psiquiatría general, egresado de la Universidad Javeriana, quien al ser entrevistado por el equipo auditor de la Contraloría, precisó que si bien firmó un contrato en el año 2013 con dicha IPS, por 6 meses, para ir dos veces al mes a valorar pacientes, nunca llevó a cabo esa actividad.
Agregó que nunca atendió pacientes y mucho menos autorizó hospitalizaciones, como se indica en las historias clínicas, además precisó que existen varios especialistas involucrados en este desfalco a la salud, lo que le preocupa porque no solo se juega con el nombre y prestigio de los especialistas sino también con los recursos de la salud, que son recursos sagrados.
El líder del Programa de Auditoría de la Secretaria de Salud Departamental, en entrevista con la Contraloría, dijo que la firma empleada para autorizar la prestación de servicio no corresponde a la suya.
El presunto detrimento público es de $2.155 millones por pagos indebidos y/o improcedentes de bienes y servicios que no fueron prestados.
La Contraloría tiene visualizadas otras facturas de una EPS por $300 millones, y evalúa 218 facturas más, de diferentes IPS, por $1.561 millones, que le fueron allegadas cuando había culminado la fase de ejecución de esta auditoría, por lo que se decidió abrir una indagación preliminar sobre estos nuevos hechos.
El gobernador de Sucre, Édgar Martínez Romero, el pasado 5 de julio denunció que tenía conocimiento que clínicas psiquiátricas presentaron una cuenta adicional por $1.800 millones por lo que iniciaron averiguaciones porque no cumplían con los requisitos.
“Si llegamos a detectar que no cuenta con todo lo de ley para pagar una cuenta, lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía y Contraloría para que actúe con severidad y se acabe el problema”, dijo en su momento el mandatario.
AL DÍA intentó hablar con la exsecretaria de Salud de Sucre, Nayibe Padilla, pero no respondió su celular.
