Puerto Nuevo, el as bajo la manga que podría salvar a los wayuu de la Alta Guajira

La situación de

Puerto Nuevo

, cerrado por disposición de la Dian desde el pasado lunes, es más compleja de lo que parece y las condiciones que se pretenden imponer por el Gobierno Nacional para ordenar una reapertura transitoria, son casi imposibles de cumplir, dicen los representantes de la concesión que opera el puerto artesanal que está localizado a un lado de Bahía Portete.

El problema tiene sus inicios con la persecución de la Dian y con las restricciones que se realizaron hace una década en productos como: textiles, llantas, cigarrllos, wiskys y otros productos. Esas dificultades terminaron de agravarse con unas decisiones que escapan a cualquier responsabilidad de los guajiros, pues son enteramente de orden político e internacional, como fue el cierre de frontera y el deterioro de las relaciones con Venezuela.

SE NECESITA MUCHA INVERSIÓN

Las exigencias del Gobierno se planteaban en torno a millonarias inversiones que se requerían tanto en infraestructura, como en el acondicionamiento de elementos de seguridad, tales como cámaras de video, scanner y otros elementos propios de los puertos marítimos.

Los wayuu no son empleados del puerto, trabajan en condiciones infrahumanas y eso le ha costado graves sanciones económicas a la empresa.

Esa exigencia, añadida a la solicitud de expansión territorial, también difícil de cumplir por estar ubicado el puerto en territorio de resguardo indígena, hicieron que la empresa portuaria cada día tuviera más problemas por no cumplir en los términos acordados las exigencias, y entonces empezaron a producirse las sanciones que ahora tienen a la concesión portuaria de Puerto Nuevo en estado delicado.

LAS SANCIONES QUE SE APLICARON

Según la representante legal

Mara Ortega Acuña

, han recibido sanciones desde que se convirtieron en concesión por el año 2002, en tres ocasiones, de parte de la Agencia nacional e Infraestructura, ANI.

Cada una de esas sanciones está en el orden de 120 millones de pesos y hay otra que está en curso. La Dian también los ha sancionado en tres ocasiones en el último lustro con multas de $45 millones por cada vez. La Superintendencia de Puertos los ha multado dos veces con $27’000.000 y 28 millones de pesos y como para cerrar, recibieron una sanción del Ministerio del Trabajo, la cual fue por 500 millones de pesos.

Esta última porque estando en una empresa que se mueve bajo algunos aspectos de la informalidad, no han logrado que los cerca de 800 hombres que devengan su sustento de las actividades en el puerto y la que se derivan de él, pudieran estar beneficiándose con las prestaciones legales de pensión salud y las demás que son requisitos de ley.

LA AYUDA DEBE SER MÁS EFECTIVA

“Nosotros lo que necesitamos es una ayuda del Gobierno que sea de más profundidad para poder terminar con estos problemas, si ahora, como seguramente ocurrirá, nos permiten reabrir el puerto, seguiremos incumpliendo estas exigencias porque no hay dinero para poder desarrollar obras civiles y demás requisitos, mientras estemos sometidos a una persecución donde no nos permiten que podamos crecer en importaciones”, dice Mara Ortega, quien acompaña esa reflexión con un ejemplo en donde sostiene que en el presente año a los importadores de llantas apenas les autorizaron 66 mil unidades y esa existencia se acabó desde septiembre por los problemas de desabastecimiento de Venezuela.

HAY QUE SALVAR EL PUERTO

Cuando se habló de una concesión portuaria en Puerto Nuevo, se pudo pensar que ahora llegaría una multimillonaria inversión y que el puerto podría estar a la altura de la mayoría de los que operan en costa Caribe. Pero No. No es igual hablar de la Alta Guajira, con todas sus limitaciones en cuanto a servicios, agua, comunicaciones, seguridad y otros. Así era muy difícil convencer a bancos para encontrar préstamos o inversionistas que pudieran poner en movimiento sus capitales. Otra cosa pasa en puertos cercanos donde el Gobierno, antes de perseguir, como ha hecho con La Guajira, les prestó toda la ayuda y en poco tiempo dejaron todo listo, expresó Mara Ortega.

Ella sostiene que el Gobierno debe ahora cambiar las formas de juego y darle posibilidad a esta empresa que sea capitalizada, pero se deben cambiar varias figuras jurídicas y es justamente nuestro gobierno nacional, el que tiene el poder de hacerlo.

NO PUEDE LLEGAR NINGUNA MOTONAVE

El problema es que ahora no puede atracar ninguna motonave a Puerto Nuevo porque sería inmovilizada y si los importadores necesitaran traer mercancía, entonces tampoco es fácil hallar un puerto para estas embarcaciones que ya son viejas y tienen algunas limitaciones para atracar en esos muelles modernos. No podría entonces llegar la mercancía por otro muelle diferente a Puerto Nuevo, dice Ortega Acuña.

Con información de: Francisco De La Hoz