El Gobierno nacional y las autoridades militares anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con explosivos perpetrado contra un batallón del Ejército en Riohacha.
La decisión fue dada a conocer horas después del ataque registrado durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, hecho que dejó varios uniformados lesionados y generó alarma entre los habitantes de la capital guajira.
Según el balance preliminar entregado por las autoridades, 12 militares resultaron heridos tras la explosión, entre ellos suboficiales, soldados profesionales y soldados regulares que se encontraban en las instalaciones militares al momento del atentado. Afortunadamente, ninguno presenta heridas de gravedad.
Las investigaciones apuntan a que detrás de la acción terrorista estaría el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada ilegal que en los últimos días habría sufrido capturas y operativos por parte de la Fuerza Pública, situación que sería una de las hipótesis sobre el móvil del ataque.
El atentado ocurrió en una zona cercana a sectores residenciales y educativos de Riohacha, lo que aumentó la preocupación de la ciudadanía por el riesgo generado tras la detonación. Residentes del sector aseguraron haber escuchado un fuerte estruendo durante la madrugada que causó momentos de tensión y temor.
Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en La Guajira, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de operativos militares y policiales en diferentes puntos del departamento para intentar ubicar a los responsables y prevenir nuevos ataques contra la Fuerza Pública.
La recompensa de hasta $200 millones busca incentivar la colaboración ciudadana y obtener información clave sobre las personas que habrían participado en la planeación y ejecución del atentado. Las autoridades indicaron que se garantizará absoluta reserva para quienes aporten datos relevantes.
El caso generó rechazo desde distintos sectores políticos y sociales del país, especialmente por tratarse de un ataque dirigido contra instalaciones militares en medio del complejo panorama de seguridad que enfrentan varias regiones de Colombia.