El drama de 67 familias que fueron estafados en un programa de vivienda del mismo Gobierno Nacional

Tienen carpetas llenas de papeles que ya no son blancos por el paso del tiempo: cartas, recibos de consignación, papelitos con números de teléfono que ya no funcionan y una escritura pública donde según, los acredita como propietarios de una vivienda en Galapa, municipio del Atlántico.

Sin embargo, son sólo dueños en el papel. Hace casi 20 años, exactamente en el año 1999 resultaron favorecidos en un programa de viviendas de interés social, impulsado por el presidente de ese entonces, Andrés Pastrana. Sus casas, harían partes del proyecto Mundo Feliz, en el municipio de Galapa, el mismo proyecto urbanístico que antes de su ejecución total, fue detenido por las autoridades debido a sus problemas de suelo y de servicios públicos.

Seis meses de iniciado el proyecto, cuentan los afectados, fueron a ver el avance de sus casas, para encontrarse con la desgradable sorpresa que sus casas ya estaban habitadas, de hecho, tenían tres y cuatro dueños ¿la razón?, el consorcio constructor que había sido dispuesto por el Gobierno Nacional para la construcción del proyecto había vendido las casas.

Quisieron quedarse, reclamarlas, puesto que había una escritura pública que los respaldaba, sin embargo, recibieron insultos, golpes y amenazas de muerte, por lo que, ante la inoperancia de las autoridades de resolver la situación, no tuvieron más opción que irse con sus esperanzas de tener casa propia por los suelos.

En ese entonces fueron más de 1.000 los afectados, unos han muerto, otros se han ido a otros lugares y 67 de ellos viven en el barrio La Sierrita, hacinados, endeudados pagando arriendo y viviendo en condiciones precarias, debido a que no han podido acceder a un nuevo programa de vivienda, puesto que según el registro del Ministerio de Vivienda, ya ellos tienen casas.

“El 30 de diciembre nos entregaron los certificados que nos acreditaban como dueños de las casas, seis meses después alguien nos avisó que ya estaban ocupadas, cuando nos acercamos las casas ya tenían dueño, así en obra negra como estaban, la gente nos decía que la constructora se las vendió” relata Ana Karina Delgado, una de las víctimas.

No obstante el drama de estas familias no terminó aquí, puesto que cuando furon a reclamar a la constructora, identificada como Asociación Popular de Vivienda ‘Asovis’ sus funcionarios les manifestaron que para tener sus casas tenían que pagar el 20% de su costo en efectivo, que en ese entonces oscilaba entre los 2 y los 5 millones de pesos. Igualmente, Asovis les exigía pagos continuos por ‘cuestiones de papelería’ hasta que un día, dejaron de responder las llamadas, su oficina ubicada en la carrera 46 con 45 dejó de existir y la comunidad se volvió a quedar sin su sueño de tener casa propia.

“Cada vez que íbamos a preguntar por las casas, que si ya podíamos ir, nos sacaban más plata, que para pavimentación y que para una poza y nosotros pobres nos tocaba endeudarnos porque nos amenazaban que entonces no nos la daban” recuerda Jorge Luis Martínez, otro de los afectados y que hoy vive en condiciones de hacinamiento en una pequeña casa de bareque al lado de un arroyo putrefacto que pasa por La Sierrita.

Este medio intentó comunicarse en varias ocasiones con los números que aparecen reseñados en las cartas que constantemente utilizaba la entidad para presionar a las personas con el pago de dineros, sin embargo estos números algunos no son atendidos y otros no están disponibles.

De la misma manera sus oficinas permanecen vacías, nadie da razón de Asovis.

Finalmente, el llamado que hace esta comunidad es que las entidades correspondientes tomen cartas en el asunto, y por lo menos, puedan re ubicarlos como beneficiarios en otro programa de vivienda, o por lo menos estudien su situación y ‘los saquen del sistema’ para que así tengan la posibilidad de acceder a otros programas gubernamentales, para por fin tener su casa propia y mejorar su calidad de vida.

Con información de: Vanessa Redondo Peña