Ochenta viviendas construidas de forma artesanal en un lote de 2.2 hectáreas en el sector de Brisas del Mar, parte alta del barrio Cristo Rey, en Santa Marta, fueron reducidas a escombros y cenizas tras una diligencia de desalojo adelantada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Metropolitana de esta ciudad.
Durante la evacuación se vieron afectadas alrededor de 120 familias, conformadas en su mayoría por madres embarazadas cabezas de hogar, así como algunos niños y niñas, que supuestamente llegaron desde otras localidades del país hasta esa zona del sur la capital del Magdalena en condición de desplazados.
El operativo fue encabezado por el mayor de la Policía, Yimmy Varela; y el inspector de la estación del barrio La Paz, José David López; quienes contaron con la coordinación del coronel Juan Pablo Corvacho, comandante operativo de la Metropolitana; y bajo el permiso de la Secretaría de Gobierno Distrital, en cabeza de William Renán, quien hizo efectivo el denuncio presentado por Edermán Calderón, que dice ser dueño de las tierras.
Sin embargo, según Mirian Martínez y Adelaida Romero, presidenta de la Junta de Acción Comunal y habitante del sector, respectivamente, el desalojo se realizó de forma violenta, por lo que solicitaron acciones de la Personería y la Defensoría del Pueblo.
Por su parte la líder comunal aseveró que ella y sus vecinos “no son delincuentes y no se autodenominan como ocupantes ilegales porque cada una de las parcelas fueron compradas”.
La version de las autoridades
El coronel Corvacho manifestó que “el Esmad solo hizo un trabajo de acompañamiento, a petición del propietario del predio. Las quemas de los materiales estuvieron a cargo de terceros. Nosotros solo custodiamos al dueño y a las demás autoridades”.
Ante los delicados señalamientos el titular del lote manifestó que no es cierto que el operativo se haya llevado a cabo con intimidaciones: “este terreno pertenece a mi familia desde 1979. Mi padre lo compró como una finca, pero luego él murió y sus hijos lo heredamos y nos dividimos por parcelas. Entiendo las necesidades de esas personas, pero el dueño del lote soy yo. En cuanto la destrucción de los materiales, eso hace parte del proceso”, dijo Ederman Calderón.
Igualmente, desde la cartera de Gobierno se reiteró que la Alcaldía tiene proyectado construir 10.000 viviendas en el 2019; iniciativa dirigida hacia la población vulnerable. “Hay que tener en cuenta que estos ciudadanos invadieron un predio privado. De igual manera, por ahora no podemos reubicar a estas personas. Pero si ellos califican para el proyecto de vivienda podrán ser beneficiados ya que solo en el barrio La Paz hay 30 lanzamientos ordenados”, puntualizó William Renán. El caso es vigilado por la Procuraduría, seccional Santa Marta.