A 10 años del ‘infierno’ en la Modelo, el problema persiste

• En la mañana del 10 de enero, una pelea entre un par de reclusos acabó convirtiéndose en un motín que dejó más de 17 muertos.
• Históricamente se hablado de que fueron los apodados ‘los Satánicos’, un grupo de al menos veinte reclusos, los que se rebelaron contra otros compañeros de patio.
• Fueron cerca de 300 los internos evacuados con afecciones por inhalación de humo de este penal a otros de la ciudad, como consecuencia del enfrentamiento. 

Si tienes algo más de tiempo: 

Enero 27 de 2014. Barranquilla apenas asimilaba el asesinato del neurólogo Jorge Daza Barriga, acribillado a tiros en la terraza de su domicilio, en el norte de esta capital, cuando estalló el ‘infierno’ de la cárcel Modelo, un incendio de grandes proporciones que se originó en el pasillo 7 del patio B, o también llamado el Pabellón Social, de este penal localizado en el corredor de la Vía 40. 

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El horror empezó a las 8:00 de la noche de ese día, hora en que miembros de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, alertaron a las autoridades policiales sobre una disputa entre algunos de los 725 presos, capturados por delitos comunes, que permanecían en el punto en mención. 

Históricamente se hablado de que fueron los apodados ‘los Satánicos’, un grupo de al menos veinte reclusos, los que se rebelaron contra otros compañeros de patio, situación que primero provocó un duro choque —hecho que funcionarios del Inpec intentaron controlar con una bomba de aturdimiento— y luego derivó en el vasto incendio que fue alimentado con colchonetas, cartones y trapos. Otros presos coincidieron en que ‘los Satánicos ’prendieron sus pertenencias para tratar de aplacar el humo del artefacto lanzado por los guardianes y eso desató más el caos.

Al parecer, lo que motivó la gresca fue la solicitud hecha por los internos que “no querían ver más a ‘los Satánicos’ dentro de sus cuatro paredes”, después de que estos se ensañaran contra un colaborador del penal que había denunciado una caleta de alucinógenos, supuestamente, propiedad de ellos.

No obstante esa versión no coincide con la que maneja el Inpec, la cual señala que nunca hubo enfrentamiento entre internos, sino que el ataque fue contra sus funcionarios, pues horas antes de la tragedia se había realizado un operativo en el lugar para incautar drogas, armas y teléfonos celulares. 

Pero a esas dos hipótesis se sumó la entregada por los sobrevivientes, quienes dejaron sentado en informes de Defensoría del Pueblo, Personería y otras dependencias que los guardias del Inpec, en medio de los enfrentamientos, dispararon proyectiles no letales, pero que al generar una pequeña llama y entrar en contacto con colchonetas, almohadas y enseres de los reclusos ocasionó el fuerte incendio.

Lo que sí quedó establecido con el paso de los días fue el saldo total de víctimas: 17 internos muertos, 37 los heridos y los 300 evacuados con afecciones por inhalación de humo de este penal a otros de la ciudad, controlados por el Inpec y por el Distrito.

¿Quiénes eran?

Rolfis González Polo, una de esas víctimas fatales, permanecía detenido desde el 29 de noviembre del 2013 luego de que fuera vinculado al robo y tortura de una comerciante en el municipio de Tubará. El hecho ocurrió el 22 de junio del mismo año.

Álvaro Javier Urieles Urieles, de 23 años, tenía 7 meses preso por el delito de porte ilegal de armas de fuego y estaba en proceso de recobrar pronto su libertad; Adolfo Enrique De la Vega Camargo, de 26 años, solo llevaba 15 días recluido en la cárcel Modelo por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Las demás personas que fallecieron en el incendio fueron Rafael Padilla Jiménez, Delvis Sebastián Chang Mercado, Luis Alfonso De Alba Villarreal, Alexander Barros Mercado, Adolfo Enrique De la Vega, Joanny de Jesús Zapata Carrillo, Rafael Antonio Padilla Jiménez, José Luis Meyer De Ávila, Eduardo Luis Cervantes Crespo, César Jesús Niebles Fernández, Jhonatan Cantillo, Jorge Isacc Carranza, José Luis Solano, Jorge Horacio Meza, Francisco Pérez Grau y Juan Carlos Jiménez Torres. 

Sobre este último interno, en 2017 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, en cabeza del togado David Güete Hernández, después de un proceso largo y complejo, fue declarado inocente luego de resultar involucrado en una investigación adelantada por las autoridades en torno al caso de la niña Angie Paola Ortega Palma, desaparecida en mayo de 2012 y cuyo cuerpo fue hallado incinerado tiempo después.

En su momento, el juzgado de Sabanalarga no encontró ningún tipo de conexión de Jiménez Torres con el caso de la niña. Cabe señalar que este resultó relacionado en la investigación luego de la falsa declaración ante las autoridades de la entonces pareja sentimental de Jiménez Torres, Sandry Patricia González.

Crisis carcelaria

Un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, titulado ‘Cárceles en Colombia: una situación insostenible’, reiteraba en 2018 sobre una crisis carcelaria que había sido declarada en 1998 y que hacia 2015 tocó fondo por “los altos niveles de hacinamiento y la violación reiterada de los derechos fundamentales”. 

El organismo señaló para la fecha del informe que habían 115.792 personas privadas de libertad (cifras oficiales con corte al 28 de febrero de 2018); las tasas de hacinamiento superaban el 365 % en algunos centros de detención, como en la Cárcel Modelo de Barranquilla, y que la infraestructura era obsoleta por falta de mantenimiento.

Y en el primer semestre del año anterior, el propio Inpec indicó que había finalizado con una población privada de libertad (PPL) de 172.694 con medida de aseguramiento en Colombia a cargo de del instituto, de entidades territoriales y de la Fuerza Pública, ratificando nuevamente esa crisis carcelaria. 

Reparaciones 

De los 17 internos que murieron en enero de 2014, nueve familias o allegados de ese mismo número de víctimas lograron ganar demandas contra el Instituto y consiguieron millonarias reparaciones del Estado.  

Una de esas demandantes fue Sandry Patricia González, la mujer que señaló a su pareja de haber participado en el asesinato de la niña Angie Paola Ortega Palma y que, según decisión de un togado, se reconoció que todo aparentemente había sido producto de la imaginación de la mujer. 

Del listado de reparaciones, según los documentos obtenidos por este medio, se encuentran otros fallos, en los que se lograron bajar los topes indemnizatorios muy mínimos de 100 SMLMV a 10, 5 y 1.5 SMLMV. 

También se supo que algunos internos que en ese momento presenciaron el incendio, pero no salieron lesionados, demandaron al Inpec y al Estado tratando de exponer que habían quedado con estrés postraumático, manifestando que escuchaban “gritos y las voces, y que veían las imágenes de los compañeros quemados”, pero dichos procesos no prosperaron. 

Enero de 2024

Para el año de la tragedia, las autoridades insistieron en que el hacinamiento en la cárcel Modelo era lo que más influía en la problemática general del penal y fue una de las causas del elevado número de muertes por el incendio. Pero también se evidenció un déficit de guardianes, pues, en ese momento, un solo uniformado tenía la responsabilidad de cuidar hasta 700 presos por turno. 

Tal situación no ha variado, por el contrario, en la actualidad los sindicatos de trabajadores del Instituto alertan sobre la falta continua de guardianes. La cárcel Modelo tiene capacidad para 454 privados de la libertad, pero a cifras de corte del 11 enero pasado había 560 presos, vigilados por turnos de 2 a 3 guardianes. 

Hoy el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario también lidia con la corrupción entre las filas de los funcionarios, lo que ha derivado en otra crisis en todo el país: la extorsión carcelaria. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha encontrado la fórmula para superar el mal que se trae de años y, en lo segundo, trata de buscar salidas con la integración de las autoridades. 

Hacinamiento carcelario

En reciente entrevista con el diario El Heraldo, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, expresó que el hacinamiento carcelario se encuentra en el 51 %. “Nosotros vemos muchas falencias en la problemática carcelaria. Barranquilla tiene cuatro establecimientos carcelarios, con cupo para 1.520 personas. En promedio hay 2.280 personas en estos espacios. En las estaciones de Policía, la URI y centros de detención transitoria el hacinamiento sube al 400 %”.