¿Hasta dónde llega el derecho a la libre expresión en las redes sociales?

Desinformación y pánico colectivo, es entre otros las afectaciones que, a través de las redes sociales se puede generar con los mensajes que a juicio de la gran mayoría, son puestos a circular por personas inescrupulosas.

La razón podría oscilar entre la broma, fines comerciales, distracción o terrorismo entre muchas más. Hace poco se conoció sobre una demanda contra Twitter, Facebook y Google, acusándolos de difundir propaganda extremista. La acción judicial la emprendió Reynaldo González luego de la muerte de su hija, Naomi, quien figura como la única estadounidense fallecida la noche del 13 de noviembre del año pasado en París a raíz de la masacre terrorista.

PÁNICO COLECTIVO EN VALLEDUPAR

Guardando las proporciones, en Valledupar no son ajenos a esta situación, la más reciente ocurrió con mensajes que aseguraban que el agua en esta capital había sido envenenada.

Los intentos de las autoridades por calmar los ánimos, usando este mismo mecanismo informático, palidecían frente a la avalancha de trinos; mensajes en Facebook, Instagram y WhatsApp especulando, como se comprobó posteriormente, sobre dicha contaminación. En los últimos días circula un audio en el que advierten sobre un supuesto paro que iniciaría este 20 de agosto y superaría los 20 días, y que estaría apoyado por Auc o bacrim o bandas del Golfo. Asimismo invitan a la gente a abastecerse de alimentos, porque se cerrarían tiendas...

Frente a esta situación que ya es repetitiva, el comando de Policía de Cesar, luego de confirmar con el gremio de transportadores, desvirtuó dicha información que circulan en las redes sociales, principalmente en la plataforma WhatsApp, con respecto a un presunto nuevo cese de actividades por parte de sus agremiados.

“El resultado de las labores adelantadas determinan que los audios que anuncian un nuevo paro a partir del 20 de agosto son falsos”. Agrega el comandante de la Policía Cesar, coronel Diego Rosero que solo persiguen generar intranquilidad.

En Barranquilla se vivió una situación parecida hace unos meses cuando empezaron a circular unos audios por WhatsApp sobre un supuesto "plan pistola" por parte de la banda de "los Urabeños.

¿HASTA DÓNDE LLEGA EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN?

¿Existen herramientas jurídicas para frenar este tipo de mensajes? Con otro interrogante, responde el experto consultado, y que prefirió no publicar su identidad, “¿Cómo clasifican ellos (las plataformas) la libertad de expresión dentro de la red? Así como publican otros tipos de cosas de carácter amoroso, cultural en fin”.

La respuesta la da el abogado de Reynaldo González en una entrevista dada a la revista Sputnik, “no se trata de contenido, se trata de uso de la infraestructura que les permite operar, reclutar nuevos miembros, recaudar fondos y difundir propaganda…”.

SI HAY SOSPECHA, SE INVESTIGA

Sin embargo, el jurídico vallenato considera que, “ellos (plataformas) no filtran lo que se publica”. Explica que “cuando hay denuncias se puede actuar de conformidad. Generalmente lo que se envía es tan rápido que no hay tiempo para bloqueo inmediato, pero si sobre lo publicado hay quejas, sospechas o inferencia de usos de medios ilícitos, se inicia la investigación por parte de los administradores de la plataforma, y a juicio de ellos, se bloquea el usuario o no. En cuanto a las autoridades, si hay el requerimiento, activan la búsqueda en base selectiva de datos con fines judiciales a través de una orden judicial previa, emitida por un juez de control de garantías. Con esto se mira el compromiso en la comisión del delito. En el caso de la demanda contra las plataformas de las redes sociales, el experto en leyes considera que “no creo que proceda esta denuncia en Colombia, lo veo difícil”.

Pero, si se encuentra mérito para iniciar una investigación, dice que el resultado de la búsqueda se tiene que legalizar en las próximas 36 horas del hallazgo; son figuras especiales como registros de allanamiento, información dejada navegar por internet… El jurista considera que la empresa o plataformas como tal no deben responder por el mensaje difundido, debe hacerlo quien envía.

A lo que sí está obligada la empresa es a colaborar con la justicia, porque aquí en Colombia no hacerlo es incurrir en obstrucción a la administración de justicia.