El 20 de enero acaba la tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, la cual fue pactada desde octubre de 2025.
El 20 de enero acaba la tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, la cual fue pactada desde octubre de 2025.Archivo
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Ministro de Justicia desmiente beneficios por traslado de Digno y Castor a Barranquilla

El ministro de Justicia negó que el posible traslado de Digno y Castor represente beneficios para estructuras criminales.

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El cruce de declaraciones entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el Gobierno nacional por el eventual traslado de Digno Palomino y alias Castor a cárceles de la ciudad subió de tono este lunes, luego de que el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, saliera a responder públicamente a las críticas.

La polémica se originó tras los cuestionamientos del mandatario distrital, quien manifestó su rechazo a que los máximos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños fueran trasladados a centros penitenciarios en Barranquilla, argumentando que esa decisión ponía en riesgo la seguridad y desconocía el impacto de estas estructuras criminales en la ciudad.

Ante estas declaraciones, Idárraga aseguró que se estaba tergiversando la intención del Gobierno, y fue enfático en señalar que no existe ningún tipo de trato preferencial para los líderes criminales. Según el funcionario, el traslado no puede interpretarse como un beneficio ni como una concesión, sino como parte de una estrategia institucional para enfrentar la violencia.

El ministro explicó que los acercamientos con estas organizaciones se enmarcan en una política orientada a reducir los índices de homicidios y extorsión, que mostraron una disminución hacia finales de 2025, tras acuerdos que buscaban frenar la confrontación armada en el área metropolitana.

Idárraga también aclaró que, por ahora, el traslado de los cabecillas no se ha ejecutado, y que cualquier decisión deberá contar con la articulación entre el INPEC, la Policía y las autoridades territoriales, teniendo en cuenta criterios de seguridad y orden público.

La discusión abrió un nuevo capítulo en el debate sobre cómo enfrentar la criminalidad en Barranquilla y el Atlántico, dividiendo opiniones entre quienes respaldan la postura del alcalde y quienes defienden la estrategia del Gobierno nacional para contener la violencia urbana.

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