Fiscalía interviene más de 300 tiendas de Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando
Las autoridades adelantan allanamientos, extinción de dominio y capturas dentro de una investigación que también llevó a la empresa a pronunciarse públicamente sobre el caso.
La Fiscalía General de la Nación puso en marcha un amplio operativo judicial contra la reconocida cadena de tiendas Lili Pink, en medio de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando que involucra más de 300 establecimientos comerciales en distintas ciudades del país.
Las diligencias incluyen allanamientos, inspecciones, capturas y procesos de extinción de dominio sobre varios bienes vinculados a la marca, especializada en ropa interior, pijamas y productos textiles. Según las autoridades, la investigación busca establecer si parte de la estructura empresarial habría sido utilizada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país y para mover recursos de presunto origen ilícito.
De acuerdo con la información preliminar, la operación judicial se desarrolla en varias regiones del territorio nacional, especialmente en ciudades como Bogotá, donde se realizaron intervenciones en locales comerciales y bodegas relacionadas con la empresa. Además, ya se reportó la ocupación de decenas de inmuebles con fines de extinción de dominio como parte del proceso investigativo.
Las autoridades sostienen que la indagación apunta a una posible red que habría utilizado operaciones comerciales para introducir mercancía sin el debido control aduanero, afectando el sistema tributario y generando millonarios movimientos financieros sospechosos. Aunque no se han revelado todos los detalles del expediente, se confirmó que también se adelantan capturas relacionadas con el caso.
Tras conocerse el operativo, Lili Pink emitió un comunicado oficial en el que aseguró que está colaborando con las autoridades y trabajando de la mano con sus asesores legales para atender la situación dentro del marco jurídico correspondiente. La compañía señaló que mantiene disposición total para esclarecer los hechos y defender su operación comercial.
En el pronunciamiento, la empresa también pidió a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que se garantice la protección de la marca y la continuidad laboral de sus trabajadores, resaltando que durante más de dos décadas ha generado miles de empleos directos e indirectos en Colombia. La firma insistió en que espera que el proceso avance con transparencia y respeto por el debido proceso.
El caso ha generado gran impacto por tratarse de una de las marcas más reconocidas del sector textil y comercial del país. Mientras avanzan las diligencias judiciales, el futuro de cientos de locales y miles de empleados permanece bajo expectativa, a la espera de nuevas decisiones por parte de las autoridades competentes.
