Expertos cuestionan fallo que suspende provisionalmente a Petro: “Es constitucionalmente inviable”
Juristas coinciden en que la Comisión de Acusaciones no tendría facultades para apartar temporalmente al presidente de la República y señalan que esa competencia recae exclusivamente en el Senado.
La decisión de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro, adoptada por la representante Gloria Arizabaleta dentro de una investigación por presunta participación en política, desató una fuerte controversia jurídica en el país. Diversos expertos en derecho constitucional consideran que la medida carece de sustento legal y contradice lo establecido por la Constitución.
La determinación fue emitida desde la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y ordena apartar temporalmente al mandatario de sus funciones hasta la culminación de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, especialistas consultados por distintos medios sostienen que dicho órgano no posee competencias para adoptar una medida de esa naturaleza.
Según los analistas, la Constitución establece un procedimiento específico para los procesos contra un presidente en ejercicio. En ese esquema, la Comisión de Acusaciones únicamente adelanta investigaciones y presenta eventuales acusaciones, mientras que la facultad de suspender al jefe de Estado corresponde exclusivamente al Senado de la República.
Para los constitucionalistas, la decisión firmada por Arizabaleta desconoce la distribución de competencias prevista en la Carta Política y podría ser considerada inaplicable por carecer de soporte constitucional. Varios expertos calificaron la medida como jurídicamente inviable y advirtieron que no existe precedente reciente de una actuación similar contra un presidente en ejercicio.
Las críticas no provinieron únicamente de sectores cercanos al Gobierno. Desde distintos sectores políticos también se cuestionó la legalidad del acto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que ni la representante ni la Comisión de Acusaciones tienen facultades para suspender al mandatario, mientras que otras voces señalaron que la medida excede las funciones del organismo investigador.
La controversia se produce en medio de la recta final de la campaña presidencial. La decisión contra Petro se fundamenta en una investigación por supuesta participación en política a través de publicaciones realizadas en redes sociales durante el proceso electoral.
Por su parte, el presidente rechazó la medida y aseguró que se trata de una actuación sin validez jurídica. Desde Nueva York, donde participaba en actividades oficiales, Petro sostuvo que la orden carece de fundamento constitucional y cuestionó los motivos detrás de la decisión.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre juristas y sectores políticos. Aunque la medida generó un fuerte impacto mediático, la mayoría de expertos coincide en que una eventual suspensión presidencial requiere la intervención del Senado y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Constitución, por lo que el fallo enfrentaría serios obstáculos para producir efectos reales.