Suspenden temporalmente licencias a cinco empresas de seguridad en Barranquilla tras graves irregularidades
Todas ellas venían operando en distintas localidades de la Región Caribe, específicamente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y La Guajira.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha suspendido de forma temporal las licencias de operación de cinco empresas de seguridad con sede en Barranquilla.
Esta drástica medida se tomó tras la detección de posibles incumplimientos severos de la normativa vigente, en el marco de una estrategia nacional que busca fortalecer los controles sobre el uso de armas y prevenir su desvío hacia estructuras criminales.
Empresas afectadas
Las compañías afectadas por esta decisión son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.
Todas ellas venían operando en distintas localidades de la Región Caribe, específicamente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y La Guajira.
En conjunto, estas firmas sumaban 696 vigilantes, 21 vehículos y un total de 483 armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres y escopetas. Tras la suspensión, la Superintendencia solicitó al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), con el apoyo de la Policía Nacional, que asumiera la custodia provisional de todo el armamento.
Hallazgos clave detrás de la suspensión
Entre los hallazgos preliminares se identificaron fallas significativas en los mecanismos de control de armas, presuntas conexiones de uno de los socios con organizaciones delictivas, y omisiones en los filtros de contratación de personal.
Sorprendentemente, algunas hojas de vida de los empleados presentaban antecedentes penales activos por delitos de alto impacto.
Además, se descubrieron irregularidades administrativas, como deudas acumuladas con el Fondo de Vigilancia que datan de hace más de una década y la falta de presentación de estados financieros desde 2019.
“Estas actuaciones buscan impedir que el sector de la vigilancia privada sea instrumentalizado por actores criminales. Nuestro compromiso es con la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos”, afirmó la superintendente Yenniffer Parra Moscoso.
Colaboración interinstitucional en la intervención
La intervención contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, por instrucción del procurador Juan Gregorio Eljach, para garantizar el respeto al debido proceso y la transparencia.
La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo el mando del general Edwin Urrego, facilitó los espacios seguros para el almacenamiento de las armas decomisadas, asegurando su seguridad y trazabilidad.
Estas medidas forman parte de una estrategia interinstitucional impulsada por el Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Policía, con el fin de fortalecer la supervisión del sector y cerrar posibles vías de apoyo al crimen organizado que podrían surgir desde empresas aparentemente legales.
